- Cifras oficiales de la PDI señalan que entre enero y noviembre hay 51.135 denuncias por ingresos ilegales; pero solo hay 25 expulsiones por la vía administrativa, en comparación con 239 el año pasado
Tras un reportaje publicado por la agencia Ex Ante, en donde detalló que tras una serie de factores particularmente como secuelas de despidos, concretándose casi la totalidad de los directores regionales del Servicio Nacional de Migraciones, los que estaban en sus cargos desde el gobierno del expresidente Piñera, manteniéndose en su puesto aún el director regional de Arica y el de Coquimbo, información confirmada por el Director Nacional del Servicio.
El reportaje detalla, que el director nacional, señaló que hubo personas que presentaron su renuncia, sumado a que otros que venían de la administración anterior se les notificó del cese anticipado de su suplencia porque no eran titulares.
Las medidas administrativas fueron tomadas momentos en que Chile, generaba denuncias de ingreso por pasos no habilitados, entre marzo y agosto de 2022, alcanzando los 30.164 casos. Superan en 26.889 los detectados en el mismo periodo en 2021, de acuerdo con datos oficiales de la PDI.
Conforme las cifras oficiales de la Jefatura Nacional de Migración y Policía Internacional de la PDI, entre enero y noviembre se han realizado 51.135 denuncias sobre extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados.
Álvaro Bellolio, indicó que a octubre de este año se han ejecutados solo 17 expulsiones administrativas. Cifras de la PDI indican que, a noviembre de 2022, se han ejecutados 25 expulsiones administrativas, mientras que en el mismo periodo de 2021 fueron 239.
El Ex Ministro Bellolio, fue categórico en que los despidos de personas con experiencia en el servicio dificultó y puso trabas a la posibilidad de dictar las expulsiones administrativas por parte de la autoridad competente y se transformó en un obstáculo para materializar los procesos de reconducción en la zona norte del país.
Tras lo mencionado en el reportaje, aún no han sido reemplazados por titulares, y eso provoca que las expulsiones administrativas no sean ejecutadas con la prontitud que el caso requiere por no contar con todas las atribuciones legales que estos casos requieren. Desde el SERMIG, detallaron que las direcciones regionales se encuentran en funcionamiento a cargo de directores suplentes, ya que estos cargos, por ser de segundo nivel jerárquico, están sujetos al sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Además, agregaron, en este sentido, y de acuerdo al calendario establecido por el Servicio Civil, este proceso avanzará de tres en tres, avanzando de norte a sur a partir del presente mes.
Con respecto a la versión del Servicio, las expulsiones administrativas son aquellas que son gestionadas por el propio Servicio sobre quienes ingresaron clandestinamente o tienen antecedentes penales en su país de origen. De allí la preocupación de diferentes sectores. Sobre aquello, el SERMIG conformó al medio Ex – Ante que ha la fecha se han concretados 25 expulsiones administrativas, no obstante, desde abril al 15 de diciembre de 2022 se han iniciado 1.754 procesos de expulsión administrativa firmadas por el Director nacional SERMIG; de ese total a la fecha se ha derivado la cifra de 1.442 procedimientos de expulsión administrativas a la PDI, quien es la institución encargada por ley de materializar esta medida.
Desde que asumió el actual gobierno y hasta fines de noviembre, la PDI ha concretado un total de 792 expulsiones, y con respecto de la naturaleza de cada expulsión, la PDI ha materializado 1.009 expulsiones judiciales, y 25 expulsiones administrativas en lo que va del año.
Gran parte de estos ingresos irregulares se dan por la comuna de Colchane, fue así que alcalde Javier García, detalló que solo han tenido conocimiento de 4 expulsiones administrativas realizadas en marzo en esa zona. Y nada más en el resto del año. “Claramente la cifra es poco fidedigna por la cantidad de inmigrantes que ingresan diariamente al país de manera irregular”.
Cabe recordar que, según el Servicio, hay complejidades detectadas en la implementación de la nueva Ley de Migración y Extranjería (21.325). Para simplificar y agilizar esas expulsiones, el Ministerio del Interior propuso una modificación legal al Artículo 132 de la nueva Ley 21.325 para que incorpore el plazo de 10 días para la presentación de descargo que establece de Ley.
Una de las cosas que destacó el reportaje fue que actualmente el SERMIG, mantiene una sobrecarga en la labor policial con hasta una doble notificación presencial que debe realizar PDI a la persona extranjera, dificultando el proceso de notificar y concretar la medida administrativa, las cuales no se logran realizar dentro del plazo de 48 horas que faculta la Ley, según algunas fuentes.
De igual forma según algunos expertos policiales, los extranjeros con resolución de expulsión permanecen sin mayores medidas de control, solo la presentación periódica en la Unidad Policial, la cual no se cumple en todos los casos, no teniendo consecuencias en la práctica si la medida es incumplida.
Los anuncios de la ministra Tohá.
Tras esta realidad, la ministra del Interior, Carolina Tohá, recientemente viajo a la Región de Arica y Parinacota. Le acompañaron los Subsecretarios de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo. La semana pasada ya estuvo en la región el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Hay varias medidas que se acordaron, entre ellas la creación de un comité interministerial de Subsecretarios, “Nuestro Norte”, que a partir de enero abarcará las regiones de Arica – Parinacota, Tarapacá y Antofagasta para mejorar las coordinaciones con las autoridades locales.
Además la ministra Tohá, señaló que se implementará un sistema integrado móvil en la frontera, que consistirá en cuatro instalaciones en Arica – Parinacota y Tarapacá, cada una de ellas con tres puntos de vigilancia móviles, que pondrán desplazarse en la medida que las necesidades lo indiquen, con un alto nivel de tecnología las 24 horas del día y que mejorará la detección de los tránsitos ilegales a lo largo de la frontera.
Fuente: Ex – Ante.
