Quienes no quieren inmunizarse contra el covid ya no tienen test gratuitos en Alemania ni en Austria y en muchos les impiden ingresar a restoranes. En Canadá desean aplicar castigos monetarios y Singapur simplemente les niega tratamiento médico de cargo fiscal. Todas estas estrategias están siendo estudiadas en Chile, por ahora con sigilo y hasta que asuma el próximo gobierno.
Isabel Frías
Periodista U.C.
En plena Plaza Prat, en una conversación informal, una orgullosa iquiqueña le espetó a El Longino la siguiente razón para no contar con sus vacunas contra el covid: «A mí y a mi familia nos protege Dios. No necesitamos nada de eso».
Así como ella, otras personas de Tarapacá rechazan la inmunización e, incluso más, creen que sus derechos y creencias están por encima de la llamada «salud pública», que es por definición un Bien comunitario.
El fenómeno no tiene que ver con la nacionalidad, ni la condición social, ni económica, ni el sexo, ni la raza. Tampoco con la religión como pudiera pensarse, ni menos con la fama y el éxito: El campeón de tenis Novak Djokovic adulteró datos sanitarios al ingresar a Australia y el máximo tribunal de ese país optó por negarle la Visa y expulsarlo (a pesar de sus galardones) por no estar vacunado contra la enfermedad viral que azota hace dos años al planeta.
VACUNA «OBLIGATORIA»
Para los chilenos –que estamos en las más altas posiciones del ranking mundial con población vacunada– el fenómeno que nos trae la prensa internacional es de difícil comprensión. Pero, dado que nuestra región posee mucha gente que aún está sin vacunar, es útil repasar las fórmulas que otros países están aplicando para convencer a este grupo de ciudadanos.
Empecemos por Serbia, la pequeña nación de los Balcanes cuenta con 7 millones de habitantes: La semana pasada registró 1.467.198 confirmados de coronavirus lo que equivale a 18.006 personas más que el día anterior y posee una población con su esquema completo de vacunación del 42%. ¿Estrategia para convencer a los rezagados? Ninguna que se haya explicitado.
En el vecindario, otros países en cambio han adoptado posiciones de mucho más rigor. El gobierno francés cerró la posibilidad de que no vacunados puedan acceder a Test gratuitos de antígenos o PCR. Austria tomó similar medida y también Alemania. En la República Checa y Grecia optaron por decretar la vacunación obligatoria para empleados públicos y mayores de 50 años, normativa que desde el 7 de enero replicó Italia, aunque ya aplicarse las dosis contra el covid no era opcional para nadie que trabajase –sin importar su edad– en establecimientos de salud, educacionales y fuerzas de orden.
En el continente asiático, los 17 millones de habitantes de Camboya cuenta con una estadística contundente a pesar de sus altos niveles de pobreza ya que el 96,4% de los adultos están completamente vacunados con sus dos dosis y ahora se encuentran vacunando a los niños. Los detractores sostienen que la inmunización no explica del todo el éxito en el manejo de la pandemia sino decisiones más duras: En marzo pasado, el gobierno que encabeza Hun Sen aprobó una Ley que aplica prisión «de hasta 20 años» por trasgredir las medidas sanitarias.
En el mismo continente asiático, Rusia está por uso de medidas pragmáticas y el Kremlin ordenó que los mayores de 60 años no vacunados permanezcan confinados hasta el 25 de febrero, algo que imitó Krisjanis Karins en Letonia, que impuso un confinamiento total de un mes tras el repunte de contagios y lento avance en la vacunación.
CASTIGOS MONETARIOS
La República parlamentaria de Singapur ha marcado pauta a la hora de usar la herramienta económica como disuasivo: «Las personas no vacunadas constituyen una gran mayoría de quienes requieren cuidados intensivos para pacientes hospitalizados y contribuyen de manera desproporcionada a la presión sobre nuestros recursos sanitarios. Por lo tanto, a partir del 8 de diciembre de 2021, comenzaremos a cobrar a los pacientes de covid-19 que no estén vacunados por elección».
Esta misma línea de acción se anunció en la provincia de Quebec, en Canadá, donde se comenzaría aplicar multas en dinero a las personas no vacunadas: Quienes se nieguen a vacunarse arriesgan una multa entre 600 a 1.500 euros (entre 500 mil y 1,4 millón de pesos chilenos) y después de 5 días perderán su salario.
¿Y qué hay de las presiones de las empresas? En Estados Unidos se sabe que algunas compañías prefieran despedir a los empleados que no quieren vacunarse y, según sostienen, comprometen la salud del resto de sus compañeros de trabajo y la estabilidad (o producción) de las propias corporaciones.
Raya para la suma, si no detienen los contagios por Ómicron, el aparato chileno de la salud pública tendrá que evaluar sacar algunas de estas ideas en limpio, aunque cualquier innovación en la estrategia quedará postergada para cuando asuma, formalmente, el gobierno de Gabriel Boric.
