Esta es una de las principales preocupaciones del concejal del Frente Amplio, Rodrigo Oliva,
quien sostiene que los 11.500 millones de pesos que recauda hoy el municipio local se verán
disminuidos si se aprueba el Borrador Final para una nueva Constitución. Con cifras y datos
reales, explica las razones del nuevo escenario que “podría” abrirse tras los comicios del 17 de
diciembre próximo para las familias más vulnerables de la ciudad.
Isabel Frías
Periodista UC
Crítico y en estado de alerta asegura estar Rodrigo Oliva Vicentelo. Porque, quien fuera
elegido concejal representando al partido Comunes, integrante del conglomerado
oficialista Frente Amplio (FA), hoy se encuentra estudiando todas las implicancias directas
que tendría el recién finalizado Borrador Constitucional sobre la gestión edilicia, según lo
explicó en conversación con diario El Longino, en medio de intensas reuniones para dar
forma a lo que será el Presupuesto de Iquique durante el año 2024 que se acerca a pasos
agigantados.
Este ingeniero civil industrial –votado como concejal del municipio en la Lista del Pacto
Apruebo Dignidad en el año 2021– sostiene que, “aunque todavía no cerramos el año
2023, destaco como un logo lo que hemos hecho ya que dentro de las prioridades que
logramos defender y consolidar estuvo la Oficina del Medio Ambiente y la Dirección de
Desarrollo Comunitario (Dideco), que son dos estamentos relacionados directamente con
la calidad de vida de la gente”.
DIRECCIONES CRÍTICAS
Ese proceso se materializó, cuenta Oliva Vicentelo, en los dineros asignados a ambas
unidades de trabajo comunal: “Pudimos dotar en 2023 a la Oficina de Medio Ambiente de
un presupuesto que ascendió a 600 millones de pesos, cifra muy alta si la comparamos
con el Presupuesto Base que fue de unos 40 millones aproximadamente. Por su parte
–continúa señalando–, la Dideco tuvo asignados este año 1.800 millones y, para el 2024,
espero que ese monto se incremente por lo menos a 2.000 millones, ya que la Dideco es la
primera línea que dialoga con las necesidades de las familias”.
El profesional, quien también posee un magister en Medio Ambiente y asocia su labor a
este ámbito, adelanta que “ya contamos con la propuesta inicial del municipio de Iquique
basada en un presupuesto aumentado y que asciende a casi $50.000 millones. Se trata,
dice, de una materia que la estamos conversando y analizando en las reuniones de estas
últimas semanas”. De paso puntualiza que, para tener una referencia más nítida, “hay que
recordar que el año pasado la suma total se ubicó en los $45.000 millones de y, por tanto,
ahora solo restaría determinar cuáles son las prioridades 2024 para Iquique 2024, dado
que esto entra a discusión al Concejo.
Sobre este último punto, Rodrigo Oliva, ya tiene formada una opinión: “En lo que respecta
a mí, creo relevante asegurar los recursos destinados a estas dos Direcciones del
municipio con el objetivo que sigan fortaleciéndose y ejecutando el presupuesto de
manera responsable”.
Dicho lo anterior, el concejal reconoce que el accionar edilicio estará cruzado por el
escenario constitucional y el plebiscito que tendrá lugar el 17 de diciembre próximo,
apuntando a un párrafo significativo que puede leerse –textual– en el apartado N°29 del
Capítulo II del Borrador Final que se relaciona con Derechos y Libertades Fundamentales:
“El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con
su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial. Las
excepciones legales a esta exención solo podrán fundarse, en forma conjunta, en el alto
avalúo fiscal de la vivienda principal y los ingresos del contribuyente y de su familia”, tal
como se consigna en lo relativo al “derecho a la vivienda adecuada”.
GESTIÓN FUTURA
Rodrigo Oliva desea proporcionar un dato revelador a fin que la ciudadanía analice este
tema con mayores elementos reales y concretos: “En términos de impuestos territoriales,
el municipio de Iquique cuenta hoy en día con una capacidad para recibir casi 11.500
millones de pesos a través de esa vía. En otras palabras, el impuesto que está asociado al
pago de las contribuciones y a los derechos de aseo, implica alrededor de la cuarta parte
del presupuesto global de la comuna y –si se llegara a materializar esta enmienda
constitucional que señalo– en los hechos se restringiría el pago de las contribuciones de
las primeras viviendas. En ese escenario, en Iquique tendríamos un déficit de alrededor de
7.000 millones de pesos en el presupuesto y eso es objetivamente preocupante para los
habitantes y familias más vulnerables de nuestra ciudad”, afirma.
El también ingeniero civil industrial –reconocido por su vinculación a la pesca
artesanal– subraya a El Longino que “los municipios son entidades que deben producir su
presupuesto a través del dinero recaudado por pago de patentes, impuestos territoriales,
contribuciones, con lo cual se diferencian de otros organismos que se financian mediante
un presupuesto financiado directamente por el Estado”. En síntesis, este profesional
proyecta que –de aprobarse el texto final de la nueva Carta Magna– se configura un
escenario que impactaría las arcas e ingresos municipales futuros: “Se debe entender que,
si se reduce el presupuesto comunal, claramente estaría en peligro la satisfacción o
cobertura de necesidades fundamentales para la población. Ahí está la gravedad del tema
a mi juicio”.
Rodrigo Oliva añade otra precisión para efectos de transparencia del presupuesto frente a
la ciudadanía: “Los 45 mil o 50 mil millones de pesos que involucra el presupuesto total de
Iquique, el aporte por concepto de aporte directo de Zona Franca (Zofri) representa en la
actualidad del orden de 1.500 millones de pesos, lo cual es importante pero el grueso de
los ingresos provienen, insisto, de los servicios que el Municipio presta a la comunidad y
donde están las diversas patentes que entrega, como la de alcohol, también se añaden las
multas y, por supuesto, está el aporte de las contribuciones que es muy significativo”.
