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La Defensoría, desde hace 21 años en la cautela y protección de los derechos humanos de todas las personas que lo requieran

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En entrevista con Diario Longino, el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano se refirió a la importancia del edificio institucional inaugurado en Alto Hospicio. También habló de atención a las personas pertenecientes a pueblos indígenas y a grupo vulnerables ya que históricamente han sido discriminados. Además, opinó de las audiencias telemáticas y de la forma en que se plasmó la Autonomía de la Defensoría y la Nueva Constitución.

MARIO VERGARA

Muy satisfecho de haber saldado una deuda con Alto Hospicio se mostró el Defensor Nacional Carlos Mora Jano, tras inaugurar el edificio institucional levantado en esa comuna, cuya construcción se llevó a cabo en pleno periodo de pandemia.

Agregó que por fin se puede contar con una infraestructura adecuada para facilitar el debido acceso a la justicia de usuarias y usuarios de Alto Hospicio y continuar entregándoles la dignidad y calidad de defensa que cada persona merece, que cada vecino de esa comuna merece.

En la ceremonia estuvo acompañado de la Ministra de Justicia Marcela Ríos, y el Defensor Regional, Gabriel Carrión. Todos juntos, visitaron las instalaciones y dieron el vamos oficial de las operaciones en el edificio. En entrevista exclusiva con Diario Longino abordó esta y otras materias.

¿Cuál es el Impacto en la atención a los casos de tribunales en la comuna de Alto Hospicio?

-La correcta atención a las personas usuarias de nuestro servicio, es una prioridad de nuestra institución. Por eso estamos muy satisfechos de haber saldado una deuda con Alto Hospicio, porque si bien anteriormente la Defensoría contaba con atención de público en la comuna, gracias a las oficinas que el Municipio nos facilitó, atendida la cantidad de causas que corresponden a la jurisdicción de Alto Hospicio, se estimó necesaria la creación de una defensoría local que permitiera seguir entregando atención de calidad y cercana a nuestros usuarios, además de permitir una mejor preparación en la estrategia de defensa. Sin duda, constituye un avance que creemos será valorado por la comunidad.

Solo –a modo de ejemplo- en el año 2021, la Defensoría Penal Pública en Alto Hospicio atendió un total de 3.347 y de este total, 367 corresponden a personas de pueblos indígenas, y 130 a extranjeros. Por esta razón, avanzamos fuertemente en nuestros modelos de defensa especializada, ejecutando distintos proyectos en la región para mejorar el acceso a la justicia y la mejora continua de nuestra prestación.

¿Esos modelos de defensa especializada, han dado buenos resultados?

-La Defensoría Penal Pública ha entendido que la justificación de la adopción de medidas o enfoques diferenciados respecto de determinados grupos de personas privadas de libertad (pero también, en el transcurso del proceso penal), se sustenta en la entrega de una defensa técnica que sea consistente con las necesidades especiales de esa persona, y que permitan llevar adelante una estrategia jurídica que considere los impactos desproporcionados que el sistema penal genera en ellas. En general, podemos decir que los resultados han sido positivos en tanto permanentemente abogamos porque las características particulares de las personas pertenecientes a ciertos grupos humanos, sean consideradas –adecuadamente- para lograr un juzgamiento respetuoso de su dignidad y derechos.

En ese mismo escenario, la Defensoría, desde sus inicios hace 21 años, ha actuado bajo la noción esencial que el eje de nuestra función es la cautela y protección de los derechos humanos de todas las personas que lo requieran -especialmente- de quienes enfrentan al sistema penal en mayores condiciones de vulnerabilidad, desamparo o desigualdad, y hacemos un esfuerzo diario por reequilibrar el acceso a la justicia y el ejercicio efectivo de sus derechos.

¿Qué sucede con la atención a personas migrantes?

-Aunque este es un fenómeno global y muy antiguo, tanto en la región de Tarapacá como en otras regiones, nuestro país y el continente, se ha generado un aumento significativo de la inmigración. Esto se debe no sólo a deseos personales, sino que a situaciones económicas y políticas en países de la región. Al aumentar la población, es norma que aumenten los usuarios de todos los servicios públicos, incluida la Defensoría Penal Pública. No obstante, los migrantes constituyen apenas un poco más del 5% del total de usuarios de la Defensoría. Sin embargo, nuestra obligación es prestar una defensa pertinente y de calidad. Por este motivo, tenemos capacitaciones permanentes sobre las normas que regulan la migración, así como sus derechos, y que pudieren ser relevantes en un proceso penal. Asimismo, en algunas oficinas del norte del país, como en Iquique, el equipo de defensa se complementa con un trabajador social, teniendo en cuenta que generalmente se trata de personas que no tienen redes sociales ni familiares en el país. Muchas de ellas se encuentran condición de pobreza o forman parte de algún otro grupo vulnerable.

¿Y en el caso de la atención a indígenas?

-Las personas pertenecientes a pueblos indígenas también corresponden a un grupo vulnerable ya que históricamente han sido discriminados, lo que incluye su acceso a la justicia. En este sentido, el rol de la Defensoría consiste en prestar una defensa que los sitúen en la misma situación que cualquier ciudadano. Para ello contamos con oficinas especializadas, conformados por defensoras y defensores con dedicación exclusiva y facilitadores interculturales. El objetivo particular es que las y los imputados indígenas puedan comprender –cabalmente- su situación procesal y que, a su vez, en el proceso, el defensor pueda asegurar los derechos que le asisten incluyendo el reconocimiento de su cultura y derecho.


Audiencias telemáticas


-Vale recordar que desde el comienzo de la pandemia y de las adecuaciones que realizó el Poder Judicial, tanto el Ejecutivo como el Legislativo comenzaron a tramitar la regulación que permitiría a los tribunales adecuar sus procedimientos a la nueva realidad. De esta manera, el 1 de abril de 2020 se promulgó la Ley Nº 21.226, la que realizaba cambios jurídicos para permitir el funcionamiento telemático, lo que contempló audiencias por videoconferencias.

¿Cree usted que la generalización de gestiones por zoom es un avance o un avance cuando se trata de atención en defensa penal?


-En general, es positivo que se incorporen nuevos canales de atención a los usuarios, ya sea por teléfono o videoconferencia, pues permiten una comunicación más rápida y eficaz, pero también es necesario mantener la atención presencial considerando que pueden existir usuarios de la Defensoría que no cuenten con los medios para la atención remota y debe asegurarse su derecho a conferenciar y ser informado por su defensor, especialmente, respecto de las personas que se encuentran privadas de libertad. Es decir, la comunicación remota no puede reemplazar la comunicación directa o la visita presencial a la cárcel. La comunicación directa favorece la confianza y la mayor claridad.

¿Qué puede aprovecharse de la comunicación a distancia o por zoom para las acciones ligadas a juicios y otras actividades claves del proceso penal?

-La comunicación a distancia permite la realización rápida y expedita de diversos trámites que no revisten mayor complejidad y debiese aprovecharse la tecnología para agilizar su desarrollo. Sin embargo, dentro del proceso penal existen audiencias que revisten de mayor complejidad, como la audiencia de control de detención, de preparación de juicio oral o el juicio oral, que debiesen ser presenciales para resguardar el derecho a defensa y también facilitar el debate y la comprensión por parte de todos los intervinientes de lo que se discute y resuelve en la audiencia. Por eso es que nuestra opinión es que, si bien algunas audiencias se pueden realizar de manera remota, difícilmente un juicio pueda cumplir con las exigencias si nadie está presente en la sala y todos se comunican de modo remoto.

Sistema Integral


La Defensoría acaba de implementar un Sistema de registro, comunicación y atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria (SIRCAIVI) ¿Cuál es el propósito de esta iniciativa y cómo ha funcionado desde su puesta en marcha en junio de 2022?

-Se trata de sistema que se diseñó e implementó con la asistencia técnica del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, y busca promover la protección integral de los derechos de las personas representadas por la Defensoría Penal Pública, que se encuentren privadas de libertad y hayan sufrido violencia institucional carcelaria, entendiéndose ello como cualquier acción u omisión de las autoridades penitenciarias que no esté permitida por el ordenamiento jurídico y que vulnere la integridad física o psíquica de las personas que se encuentran bajo su custodia. Para ello, contempla un mecanismo de abordaje, registro, respuesta y seguimiento frente a denuncias de violencia carcelaria, así como una Mesa de Trabajo interinstitucional.

Y a dos meses de su implementación, se han registrado 20 denuncias de las cuales 12 corresponden a personas condenadas y 8 a personas imputadas que cumplen prisión preventiva.

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