Iquique
Justicia civil investigará caso FACh por tráfico de drogas
Autor
por diariolonginoPublicado
julio 13, 2025Tiempo de lectura

- Cinco funcionarios de la Fuerza Aérea serán formalizados por tráfico ilícito de drogas, tras ser sorprendidos trasladando ketamina en un vuelo institucional. Fiscalía investiga posibles vínculos con redes criminales y eventuales responsables adicionales.
El Juzgado de Garantía de Iquique asumirá la investigación del grave caso de tráfico de drogas que involucra a cinco funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), quienes fueron sorprendidos trasladando cerca de cuatro kilos de ketamina en un avión institucional. Así lo confirmó el Poder Judicial, luego de que el Juzgado de Aviación se declarara incompetente para seguir conociendo la causa.
El hecho ocurrió el pasado sábado 5 de julio, en el marco de un vuelo que cubría la ruta entre la Base Aérea Los Cóndores de Iquique y la ciudad de Santiago. La sustancia ilícita fue detectada en controles internos, generando una denuncia inmediata al Ministerio Público y la separación de los involucrados de sus funciones por parte de la FACh.
A través de un comunicado oficial, el Poder Judicial explicó que “el Juzgado de Garantía tomó esta decisión considerando que el delito que se investiga atenta contra un bien jurídico común y no contra uno de estricta naturaleza militar”, por lo que corresponde a la justicia civil su tramitación.
El tribunal fijó la audiencia de formalización para el próximo martes 15 de julio a las 08:30 horas, quedando sin efecto la audiencia de contienda de competencias que había sido previamente agendada para el 18 del mismo mes.

Fiscalía: formalización por tráfico ilícito de drogas
La fiscal a cargo de la investigación, Trinidad Steinert, entregó declaraciones tras conocerse el cambio de competencia. “Hoy día se nos notificó por parte del Juzgado de Garantía de Iquique que aceptaba la competencia, y en atención a eso fija audiencia para que el Ministerio Público pueda formalizar y debatir sobre las cautelares”, señaló.
Asimismo, agregó que “el Ministerio Público está estudiando todos los antecedentes. Sí vamos a formalizar investigación por el delito de tráfico ilícito de drogas del artículo 3º de la ley 20.000 y estamos analizando la participación de cada uno de los imputados en los hechos”.
Steinert también indicó que existen otras líneas investigativas abiertas, enfocadas en determinar eventuales responsables adicionales, así como en el análisis patrimonial de los imputados.
Impacto institucional y político
El caso ha causado un profundo impacto al interior de la institución aérea, debido a la gravedad del delito y al uso de una aeronave oficial para transportar droga. Desde la FACh, si bien no se han entregado declaraciones públicas extensas, se informó que se está prestando toda la colaboración necesaria a las autoridades judiciales y que los funcionarios implicados fueron inmediatamente suspendidos de sus labores operativas.
En el ámbito político, diversas voces han exigido mayor control y fiscalización sobre las Fuerzas Armadas, así como la revisión de los protocolos de seguridad en vuelos institucionales. Parlamentarios de distintas bancadas han llamado al Gobierno a transparentar los mecanismos internos de control para evitar que estos hechos se repitan.
Posible conexión con redes criminales
La Fiscalía Regional de Tarapacá se encuentra trabajando en conjunto con unidades especializadas para determinar si los imputados actuaron por iniciativa propia o si forman parte de una red criminal mayor vinculada al narcotráfico. La posibilidad de que el hecho no sea un caso aislado mantiene en alerta a los organismos de persecución penal, particularmente en una región fronteriza como Tarapacá, donde las rutas del tráfico de drogas han mostrado un preocupante incremento.
Expertos en seguridad consultados han señalado que este caso podría marcar un antes y un después en la forma en que se evalúa la infiltración del crimen organizado en instituciones del Estado. El uso de infraestructura militar para actividades ilícitas representa, según advierten, un riesgo crítico para la seguridad nacional.
Próximos pasos
El Ministerio Público presentará formalmente los cargos el martes 15 de julio, cuando se espera que se revelen mayores detalles sobre la operación, los vínculos entre los funcionarios implicados y el destino final de la ketamina. También se definirá si se solicitarán medidas cautelares como la prisión preventiva para los involucrados.
El país sigue con atención este caso que, más allá del impacto judicial, ha encendido una señal de alerta sobre el alcance del narcotráfico en las instituciones chilenas.
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