En Chile cerca de 4.500 niños y niñas viven en residencias de protección, producto de una orden
de un tribunal que les separa transitoriamente de sus familias, debido a que su núcleo familiar por
diversos problemas sociales, estructurales y culturales, no logran entregar un entorno seguro y
protector a sus hijos/as.
Estos niños y niñas reciben la atención especializada y el cuidado hasta cumplir la mayoría de
edad, pero ¿Qué pasa con ellos cuando cumplen los 18 años? ¿Existen programas específicos para
el tránsito hacia la adultez? En nuestro país la oferta de programas de acompañamiento y apoyo
hacia la autonomía es incipiente y restringida. Recién con la creación del Servicio de Protección
Especializado a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez (ex SENAME), se establece que es
responsabilidad del Servicio asegurar la disponibilidad de programas diversificados y de calidad
para satisfacer las diferentes necesidades de niños, niñas y adolescentes, siendo identificada la
preparación para la vida independiente como una de ellas.
El Estado y la sociedad civil tienen el deber de apoyar a las personas jóvenes en su tránsito a la
vida adulta. Pero el Estado, como garante principal, debe fortalecer sus capacidades en la
articulación interinstitucional para que los distintos órganos estatales -educación, salud, trabajo,
vivienda, cultura, y otros relacionados- trabajen mancomunadamente para que la restitución de
derechos sea efectiva. Estos jóvenes deberían ser los primeros en ingresar a la educación superior,
en acceder a subsidios habitacionales y debe activarse toda la protección social para que ser joven
egresado de residencias no se convierta en un salto al vacío, sino un proceso acompañado y
seguro.
Paulina Fernández, Directora de abogacía de Aldeas Infantiles SOS Chile.
