En medio de la crisis migratoria y de crimen organizado que viven nuestras regiones, el
Ejecutivo ingresó indicaciones al Congreso que entregan a las Fuerzas Armadas la
protección de ciertos espacios básicos en la zona fronteriza de Tarapacá, Arica y
Parinacota y de Antofagasta.
Isabel Frías
Periodista U.C.
La presión de parlamentarios oficialistas y de oposición para que se ordene la intervención
de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en medio de la tensión de la crisis migratoria y de crimen
organizado que se vive en y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá finalmente parece haber
encontrado su curso.
Es en medio de ese complejo escenario actual que el gobierno de Gabriel Boric decidió
diseñar una nueva fórmula de orden público y seguridad que contempla la presencia
militar en ciertas áreas, pero a la vez mantiene su postura de no recurrir al Estado de
Excepción Constitucional.
Dicho diseño se ha materializado por estos días bajo la fórmula de realizar indicaciones al
proyecto de ley de infraestructura crítica que se tramita en el Congreso y que contaría con
los votos necesarios para ser prontamente aprobada.
En el texto de esas indicaciones se expone que las labores de protección de la seguridad y
el orden público, a cargo de un oficial de las FF.AA., podrán “utilizarse para el resguardo
de determinadas áreas de las zonas fronterizas del país, con las atribuciones y deberes
que establezca una ley u el decreto supremo respectivo”.
Asimismo, la iniciativa contempla enseguida la formulación de un Decreto Supremo
firmado por el Presidente que dictamine el uso de esta nueva atribución. A su vez, se
establece un artículo transitorio en la Constitución, en el cual se faculta al Mandatario
para dictar decretos con Fuerza de Ley para regular las atribuciones y deberes de las
instituciones armadas en estos casos.
De acuerdo a lo que se ha informado, estos decretos presidenciales regirán hasta que se
dicte una ley sobre la materia, y deberán contemplar las funciones en relación al orden
público que deberán llevar a cabo las fuerzas en las áreas fronterizas respectivas.
Asimismo, se deberá complementar con las reglas sobre el uso de la fuerza que regirán en
estos casos específico de actividades propias de resguardo de frontera, pero asumida
como infraestructura crítica.
Con la finalidad de sortear los efectos del Estado de Excepción, a través de estas
indicaciones se ha dejado expresa constancia que “en ningún caso el ejercicio de esta
atribución podrá implicar la suspensión, restricción, limitación o afectación de los
derechos y garantías consagrados en esta Constitución o en tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
Esta medida no podrá extenderse por más de 60 días, sin perjuicio de que pueda
prorrogarse por iguales periodos, con acuerdo del Congreso.
De esta manera, en las semanas que vienen la mirada se focalizará en el Congreso para ver
cómo avanza el proyecto que pretende materializar nuevas herramientas de control en las
fronteras de la Zona Norte tensionadas por una nueva ola de migración prevista para el
período estival.
