Infancia migrante en el abandono: La deuda humanitaria del Estado en Colchane

Patricio Meza García – Administrador Seguridad Pública

• El drama de los niños en tránsito y la indiferencia de las autoridades

La crisis migratoria en el norte de Chile no es nueva, pero su impacto sobre los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes ha alcanzado un nivel alarmante. En el Complejo Fronterizo de Colchane, menores de edad enfrentan una realidad que vulnera todos sus derechos fundamentales: falta de acceso a alimentos, condiciones sanitarias indignas y riesgo latente de trata de personas. La reciente visita de la Defensoría de la Niñez a la zona confirmó lo que se viene denunciando hace meses: el Estado chileno ha fallado en su deber de proteger a la infancia migrante.

Es inaceptable que en pleno siglo XXI menores de edad pasen más de 24 horas sin ingerir alimentos, expuestos al frío del altiplano, sin instalaciones adecuadas para dormir ni acceso a servicios básicos. Uno de los menores llegó a sufrir una crisis de salud por inanición, un hecho que debería estremecer a cualquier sociedad que se precie de defender los derechos humanos.

De la acogida al abandono: el desmantelamiento de la protección en Colchane

El Estado de Chile no puede justificar la precariedad de la respuesta con el argumento de la irregularidad migratoria. La migración es un fenómeno global que debe ser abordado desde una perspectiva humanitaria y de derechos, y no con medidas restrictivas que solo agravan la crisis.

En 2021, el dispositivo de Colchane contaba con infraestructura y coordinación interinstitucional que garantizaba una respuesta digna. Se aseguraba alimentación, abrigo y atención básica, factores que hoy han desaparecido. ¿Cómo se explica esta regresión en la protección de derechos? En lugar de avanzar hacia soluciones sostenibles, las autoridades han optado por una estrategia de desmantelamiento de la acogida, convirtiendo un centro de primera respuesta en una sala de espera para el rechazo migratorio.

El resultado es que más de 200 personas, incluyendo niños, esperan por largas horas sin condiciones mínimas en un recinto diseñado para albergar solo a 30 personas. Esta situación no solo es inhumana, sino que contraviene compromisos internacionales de Chile en materia de derechos de la infancia y movilidad humana.

La indiferencia estatal y el peligro de la normalización del abandono

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, ha sido claro en su diagnóstico: las respuestas de las instituciones a nivel regional han sido insuficientes y poco oportunas. Pero lo más preocupante es que esta crisis ha sido paulatinamente normalizada.

Nos estamos acostumbrando a ver imágenes de niños durmiendo en la intemperie, de familias hacinadas en condiciones indignas, de menores separados de sus padres sin ningún tipo de protección. La insensibilidad frente a estas escenas demuestra el fracaso del Estado en asumir su deber de garantizar el interés superior del niño, sin distinción de nacionalidad o situación migratoria.

No podemos permitir que esta crisis humanitaria se diluya entre las cifras de ingresos y expulsiones. Mientras el debate se centra en cómo frenar la migración irregular, olvidamos que en el proceso hay vidas en peligro, niños que dependen de la acción inmediata del Estado para sobrevivir.

El deber del Estado: soluciones urgentes y estructurales

El llamado de la Defensoría de la Niñez debe traducirse en acciones concretas, no en promesas vacías. Es urgente que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública intervenga de manera decidida, coordinando esfuerzos con la Delegación Provincial del Tamarugal y otras instituciones para garantizar mínimas condiciones humanitarias en Colchane.

El Estado debe asegurar, al menos: Acceso inmediato a alimentos y agua potable para niños, niñas y adolescentes migrantes, instalaciones sanitarias dignas y seguras en el Complejo Fronterizo, espacios adecuados para el descanso y protección de los menores, evitando que queden expuestos a redes de trata de personas, fortalecimiento del sistema de atención médica en la frontera, para evitar crisis de salud como la ocurrida con el menor afectado por inanición, un protocolo claro y efectivo para la reunificación familiar, garantizando que ningún niño quede en situación de abandono.

No se trata de abrir las fronteras indiscriminadamente ni de ignorar la crisis migratoria, sino de proteger a los más vulnerables en un contexto de emergencia. La infancia migrante no puede ser tratada como un problema administrativo o una cifra más en los balances de ingreso y expulsión. Son niños y niñas que están siendo despojados de su dignidad y su derecho a una vida segura.

¿Qué tipo de país queremos ser?

Chile tiene la oportunidad de demostrar que puede abordar la migración con humanidad y responsabilidad. La respuesta no puede ser la indiferencia ni la omisión. Cada niño que cruza la frontera en Colchane es una vida que el Estado tiene el deber de proteger.

La pregunta es simple: ¿Queremos ser un país que deja a menores migrantes a su suerte, o uno que garantiza los derechos de la infancia sin importar su origen? La historia y la ética nos exigen una respuesta clara y contundente. Es hora de actuar.