Alto Hospicio
Fiscalía y PDI desbaratan red de microtráfico en Alto Hospicio: 9 detenidos y 22 domicilios allanados en Pasaje 1 de la población Raúl Rettig
Autor
por diariolonginoPublicado
enero 30, 2026Tiempo de lectura

Tras una investigación de meses encabezada por el Ministerio Público y la PDI, el equipo MT-0 de la Bicrim Alto Hospicio ejecutó un operativo con medidas intrusivas, drones y agentes encubiertos. Se incautaron además seis vehículos y la Fiscalía solicitó la incautación de inmuebles como parte
de la estrategia para golpear el patrimonio del narcotráfico y recuperar el territorio para la comunidad.
Una investigación de largo aliento, desarrollada por el Ministerio Público en coordinación con la Policía de Investigaciones, permitió concretar un amplio operativo antidrogas en la comuna de Alto Hospicio, específicamente en el Pasaje 1 de la población Raúl Rettig, sector que —según los antecedentes reunidos— operaba como punto de acopio y comercialización de sustancias ilícitas. El procedimiento culminó con
la detención de nueve blancos investigativos, el allanamiento simultáneo de 22 domicilios y la incautación de aproximadamente seis vehículos presuntamente adquiridos con dinero proveniente de la venta de droga.
La fiscal adjunta jefa de la Fiscalía Local de Alto Hospicio, Jocelyn Pacheco, explicó que se trata de una indagatoria que “lleva meses” y que fue llevada adelante por la Brigada de Investigación Criminal, a través de su equipo especializado en Microtráfico Cero (MT-0), en un trabajo conjunto con el Ministerio Público. En ese marco, detalló que la investigación apuntó a “distintos blancos que se encontraban vendiendo droga” al interior del pasaje, configurando un escenario que, de acuerdo con la Fiscalía, daba cuenta de una presencia sostenida e instalada del microtráfico en el barrio.
El despliegue investigativo incluyó una batería de diligencias consideradas intrusivas, levantamiento de información y técnicas especiales orientadas a reunir evidencia robusta sin alertar a los involucrados. Entre ellas, la persecutora mencionó vigilancias, uso de agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas y patrullajes con drones, herramientas que permitieron establecer con mayor precisión la forma en que operaba la red y cómo se sostenía el circuito de acopio y distribución. En palabras de Pacheco,
la policía pudo constatar que el pasaje “se encontraba prácticamente tomado” por varias personas, las que utilizaban determinados inmuebles como centros de acopio y puntos de venta de sustancias ilícitas.
Uno de los elementos que la Fiscalía relevó en la investigación dice relación con el modo en que los imputados se vinculaban territorialmente con el sector intervenido. Según lo expuesto, varios de los investigados no residían de manera permanente en el lugar, sino que mantenían domicilio en otras zonas de la periferia de Alto Hospicio, utilizando las viviendas del pasaje principalmente como base operativa para la actividad ilícita. Esta dinámica, de acuerdo con la indagatoria, habría contribuido a sostener el
control del espacio, dificultando a la vez la erradicación del fenómeno mediante intervenciones puntuales.
Con los antecedentes reunidos, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantía de Alto Hospicio órdenes de detención y de entrada, registro e incautación para un operativo de gran magnitud: nueve blancos investigativos y 22 domicilios vinculados “principalmente con el delito de microtráfico”, autorizaciones que fueron otorgadas por el tribunal. El procedimiento se ejecutó con un despliegue coordinado de la PDI, en una operación que buscó impactar de manera simultánea distintas viviendas relacionadas
con el circuito de comercialización, evitando fugas de información y disminuyendo el riesgo de que los investigados ocultaran evidencia o abandonaran el sector.
En paralelo al componente estrictamente penal de la persecución por tráfico en pequeñas cantidades, el Ministerio Público subrayó una línea estratégica que apunta a golpear los bienes asociados al delito. En esa línea, se incautaron alrededor de seis vehículos que pertenecerían a los blancos investigativos y que, conforme a lo señalado por la fiscal, serían “producto de la venta justamente de droga”, es decir, un patrimonio atribuido a la actividad ilícita. Esta dimensión patrimonial se ha convertido en un eje
relevante para enfrentar estructuras que, aun cuando se ven afectadas por allanamientos, tienden a reorganizarse con rapidez y a reocupar los espacios intervenidos.
La fiscal Jocelyn Pacheco abordó además una pregunta clave que suele emerger en barrios con alta reiteración de procedimientos: cómo es posible que, pese a múltiples intervenciones policiales, el crimen continúe permeando y reinstalándose en zonas priorizadas. La persecutora reconoció que el Pasaje 1 ha sido intervenido en reiteradas ocasiones y que se trata de un barrio considerado prioritario por el Estado. “Hace diez
años que se están realizando intervenciones en este pasaje”, remarcó, en un diagnóstico que refleja la persistencia del fenómeno y la necesidad de herramientas que trasciendan el efecto inmediato de un operativo.
En ese contexto, la Fiscalía informó que solicitó al tribunal medidas orientadas a la incautación de inmuebles vinculados directamente a la investigación, como una forma de avanzar hacia acciones más permanentes que permitan cortar el uso de casas como puntos de venta. La fiscal indicó que actualmente se está solicitando la incautación de dos inmuebles asociados a los blancos investigativos, mientras
continúan las diligencias para reunir información que permita vincular otras propiedades. Explicó que parte de esa información no pudo levantarse con anticipación, dado que ciertas diligencias podrían haber alertado a los investigados sobre el allanamiento y, con ello, perjudicar el éxito de la investigación.
La estrategia de incautación de bienes —muebles e inmuebles— fue defendida por la persecutora como una línea de acción “más efectiva” para erradicar este tipo de delitos en la comunidad. Pacheco sostuvo que el tiempo ha demostrado que los allanamientos reiterados no siempre tienen el impacto esperado, debido a que, tras cada intervención, otras personas vuelven a ocupar los inmuebles y reactivan el punto de venta. Por ello, recalcó que dejar a los imputados sin los bienes que sirven para cometer el delito o que son producto de la actividad ilícita constituye una herramienta con mayor potencial para desarticular la dinámica territorial del microtráfico.
Desde la Fiscalía también se enfatizó la coordinación operativa y el trabajo profesional desarrollado por la PDI. La fiscal destacó la labor colaborativa con la Policía de Investigaciones, valorando la disposición y el despliegue que permitió ejecutar el procedimiento con los resguardos propios de un operativo complejo. La intervención, subrayó, apunta finalmente a “devolver estos espacios a la comunidad”, entendiendo
que el control territorial del delito no solo afecta la seguridad, sino también la vida cotidiana de los vecinos, su movilidad, su percepción de tranquilidad y la capacidad del Estado de garantizar convivencia en los barrios.
El operativo en el Pasaje 1 de la población Raúl Rettig vuelve a instalar el debate sobre la sostenibilidad de las intervenciones en zonas con presencia persistente de microtráfico y crimen organizado. La apuesta del Ministerio Público por profundizar el golpe patrimonial, sumada al uso de herramientas investigativas especializadas —agentes encubiertos, interceptaciones y tecnologías como drones— marca un giro
hacia estrategias que buscan impedir la rápida reocupación de inmuebles y, al mismo tiempo, desincentivar la actividad ilícita atacando su principal motor: las ganancias y los bienes acumulados.
En los próximos días, el avance del caso quedará marcado por las audiencias de control de detención y las eventuales formalizaciones, además de la respuesta del tribunal respecto de las solicitudes de incautación de inmuebles. Mientras tanto, la Fiscalía anticipó que el trabajo investigativo continuará, precisamente para ampliar el vínculo probatorio respecto de otras propiedades y reforzar medidas que permitan una intervención más definitiva en un sector que, por años, ha estado en el centro de la
preocupación por microtráfico en Alto Hospicio.

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