Fiscalía de Tarapacá logra prisión preventiva para 11 gendarmes por red de tráfico de drogas en cárcel de Alto Hospicio

• La investigación de la Unidad de Análisis Criminal permitió acreditar, de forma preliminar, la participación de funcionarios penitenciarios y civiles en una organización dedicada al ingreso y venta de drogas al interior del recinto.

Tras seis extensas jornadas de audiencia, el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio decretó la prisión preventiva de 11 gendarmes —uno de ellos ya desvinculado de la institución— imputados por integrar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alto Hospicio. La causa es dirigida por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Tarapacá, en un trabajo conjunto con la Policía de Investigaciones de Chile y Gendarmería.

La Fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, detalló que “luego de seis jornadas de audiencia ante el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio, el tribunal, el juez específicamente, decretó la prisión preventiva respecto de 11 miembros de esta organización criminal, acogiendo los argumentos del Ministerio Público y entendiendo que las libertades de los imputados eran peligrosas para la seguridad de la sociedad”. La persecutora añadió que el tribunal “acogió y entendió que estábamos dentro de los delitos de lavado de activos, asociación criminal, tráfico ilícito de estupefacientes y microtráfico”.

El caso se originó tras una investigación de largo aliento, donde la Unidad de Análisis Criminal reunió antecedentes que dieron cuenta de la existencia de una estructura interna al interior del penal, en la que funcionarios de Gendarmería presuntamente facilitaban el ingreso, distribución y comercialización de drogas entre la población penal, a cambio de pagos y otros beneficios. Estos hechos, de acuerdo con la Fiscalía, no solo vulneran gravemente la probidad funcionaria, sino que además incrementan los niveles de violencia, control criminal y corrupción al interior del recinto carcelario.

Durante las audiencias de formalización, el Ministerio Público expuso ante el tribunal diversos elementos de prueba reunidos hasta ahora, entre ellos interceptaciones telefónicas, seguimientos, registros de transacciones económicas, allanamientos, incautaciones de sustancias ilícitas y documentación bancaria asociada a movimientos de dinero que serían compatibles con operaciones de lavado de activos. Sobre esa base, la Fiscalía sostuvo que los funcionarios imputados no actuaban de manera aislada, sino coordinadamente y con roles definidos, constituyendo una asociación criminal orientada a obtener ganancias a partir del tráfico y microtráfico de drogas al interior del penal.

En este contexto, el tribunal compartió la tesis de la Fiscalía respecto de la gravedad de los hechos y la alta lesividad que implica que funcionarios a cargo de la custodia y seguridad de personas privadas de libertad participen en delitos de esta naturaleza. Por ello, acogió la solicitud de prisión preventiva en contra de 11 de los gendarmes imputados, al considerar que su permanencia en libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad y podría afectar el desarrollo de la investigación.

La Fiscal Regional precisó que “uno de los casos que no fue acogido, el Ministerio Público apeló inmediatamente, y esto será visto por la Corte de Apelaciones de Iquique el día lunes”, en referencia a la medida cautelar decretada para uno de los imputados respecto del cual la Fiscalía insistió en que se justifica la prisión preventiva. De este modo, el Ministerio Público buscará que el tribunal de alzada revoque la resolución y decrete la cautelar más gravosa.

En cuanto al resto de los funcionarios penitenciarios formalizados, otros tres gendarmes quedaron sujetos a la medida de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Respecto de uno de ellos, la Fiscalía también interpuso recurso de apelación en la misma audiencia, con el objetivo de que la Corte de Apelaciones revise si corresponde sustituir esa medida por prisión preventiva, atendida la gravedad de los hechos imputados y su eventual rol dentro de la organización.

Los cargos que enfrenta el grupo de gendarmes incluyen los delitos de asociación criminal, lavado de activos, tráfico ilícito de estupefacientes, microtráfico de drogas y cohecho reiterado, dado que habrían recibido pagos o beneficios de parte de internos o terceros para facilitar la comisión de los ilícitos. El delito de cohecho reiterado resulta especialmente relevante desde la perspectiva de la función pública, ya que implica un quebrantamiento directo de los deberes de probidad y resguardo institucional que la ley exige a quienes forman parte de Gendarmería de Chile.

En paralelo, la investigación también alcanzó a tres civiles detenidos en el mismo operativo, quienes fueron formalizados por su participación en la red, principalmente como nexos externos para la provisión de sustancias ilícitas y la canalización de recursos económicos. Ellos quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, de acuerdo con lo solicitado por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que se hizo parte en la causa dada la afectación al interés fiscal y al funcionamiento de una institución pública.

Desde la Fiscalía Regional de Tarapacá se destacó el trabajo coordinado con la Policía de Investigaciones y con Gendarmería, señalando que este tipo de causas permiten desarticular estructuras que socavan la seguridad interna de los recintos penales y fortalecen el poder de organizaciones dedicadas al narcotráfico. La investigación, además, busca identificar la totalidad de las rutas de dinero, bienes adquiridos producto de ganancias ilícitas y posibles ramificaciones del caso fuera del establecimiento penitenciario.

La Fiscal Regional Trinidad Steinert subrayó que este caso refleja la prioridad que tiene para el Ministerio Público la persecución del crimen organizado y la corrupción dentro de instituciones del Estado. Asimismo, recalcó que la prisión preventiva decretada para los 11 gendarmes da cuenta de la gravedad de los hechos imputados y de la necesidad de asegurar que el proceso investigativo se desarrolle sin interferencias ni riesgos de obstaculización.

En los próximos meses continuarán las diligencias de análisis financiero para robustecer la imputación por lavado de activos, así como nuevos interrogatorios, pericias informáticas, revisión de registros internos de la cárcel y eventuales ampliaciones de formalización si se detectan más involucrados. La Fiscalía de Tarapacá insistió en que se trata de una causa compleja, enmarcada en la persecución del crimen organizado, y reiteró que se utilizarán todas las herramientas legales disponibles para sancionar a quienes, desde el aparato estatal, colaboren con redes de narcotráfico y corrupción.