Alejandro San Martín Bravo Director Ingeniería Civil en Minas e Ingeniería Civil en Metalurgia Universidad Andrés Bello
En relación a la recientemente anunciada estrategia nacional del Litio y la participación
mayoritaria del estado en su producción creo necesario centrar el análisis en tres aspectos: La
oportunidad de la inversión, la capacidad de reinvertir utilidades y la sostenibilidad ambiental de
la explotación. Sobre la propiedad del Litio no cabe mayor análisis, pues está claro que, como
todos los minerales, es de propiedad del estado chileno.
Lo oportuno de las inversiones necesarias de realizar es posiblemente el factor más crítico para
que se desarrolle el potencial que este negocio ofrece. Mientras sostenemos esta discusión en
Chile, el fabricante de automóviles chino BYD acaba de lanzar comercialmente el primer auto
eléctrico con baterías en base a Sodio, más baratas y de similares prestaciones que las de Litio. Así,
si nos demoramos 10 años en hacer andar nuevas explotaciones de Litio, es posible que su
demanda ya no sea la que hoy se pronostica y por lo tanto su precio de venta no sea el de hoy.
Sobre la reinversión de las utilidades, no cabe duda que ambos, tanto estado como privados,
buscan maximizar sus ganancias sin embargo las necesidades y urgencias sociales del estado son
siempre un estímulo para retirar y capitalizar las ganancias lo antes posible, de manera de cumplir
con un programa de gobierno de 4 años o bien responder ante una catástrofe natural o de salud
como nos ha ocurrido últimamente.
Finalmente, sobre el aspecto ambiental de explotar el Litio desde ecosistemas tan frágiles como
nuestros salares, donde toda la vida se sustenta en un delicado equilibrio hídrico y máxime
considerando que el proceso productivo actual evapora la mayor parte de la salmuera procesada,
tanto privados como el estado tienen un mal registro en la materia. Algunos de los mayores
desastres ambientales del país han tenido como protagonistas a empresas del estado y los
privados no han mostrado mayor iniciativa más allá de lo que la ley estrictamente les exige.
Perfectamente se podría estar explotando hoy el Litio con métodos menos intensivos en agua,
pero como no hay legislación que obligue a ello, no se hace. Como sea, la institucionalidad
ambiental debe subir los estándares, desarrollar normas y protocolos específicos para estos
ecosistemas, fiscalizar y exigir su cumplimiento a las empresas que operen, ya sean éstas públicas
o privadas.
Tomando todo lo anterior en consideración, me lleva a cuestionar la conveniencia de que sea el
estado quien lidere operacionalmente el desarrollo de la industria del litio en el país. Creo mejor
seguir modelos exitosos como el de CODELCO en minera El Abra, donde ésta controla el 49% de la
sociedad y la gestión se deja en manos de privados, que, al hacer un uso eficiente de los recursos y
las inversiones, maximiza las utilidades para todos sus accionistas, generando una importante
cantidad de recursos para el estado. Porque lo importante al fin y al cabo es que el país obtenga la
mayor cantidad de recursos, durante la mayor cantidad de tiempo y con la menor afectación social
y ambiental posible, no quien dirige la reunión del directorio.
