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“Este texto constitucionaliza las desigualdades que ha tenido Chile”

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Esa es la opinión respecto a la Propuesta de Carta Fundamental que tiene el
abogado y también diputado por el Distrito N°2, Matías Ramírez Pascal. En la
edición de hoy de El Longino, el parlamentario comparte sus principales alertas y
preocupaciones.


Isabel Frías
Periodista UC


Para el diputado del Distrito N°2 Matías Ramírez Pascal no es una, sino “varias las preocupaciones
que tenemos respecto de la Propuesta Constitucional porque vemos que se aleja de lo que debiera
ser el Estado de Chile, con una visión integradora, con una visión pluralista”, sostiene.
Lo de fondo para el parlamentario del PC es que el texto –a plebiscitarse el 17 de diciembre
próximo– reafirma no solo los pilares de “un modelo social y económico como el neoliberal, sino
que incluso incorpora ciertas materias que son francamente preocupantes”.
Denos algunos ejemplos concretos de esas materias que usted define como “preocupantes”.
–Son muchas las materias que llaman la atención, pero sin duda lo primero apunta a
institucionalizar la privatización de cuestiones fundamentales como la salud, la educación
y la vivienda. En esta Propuesta se institucionalizan las isapres, las que hoy tienen una
profunda crisis en su sistema y que ha sido provocada por estas mismas empresas porque
hicieron negocios cobrando de más a los afiliados.
Ahora, en ese contexto, viene esta propuesta redactada por el Partido Republicano (PR) e
institucionaliza ese sistema, porque retrocede en aquello que debiera haber sido avanzar
en un sistema de salud de carácter universal.
¿Y cómo ve el tema de la educación, también en crisis, aunque debido a otros factores?
–Actualmente lo que se debate es cómo avanzamos en eliminar los aportes por matrícula y
que se relaciona con este sistema de “vaucher” (o subvención vía asistencia en el aula)
que es lo que ha generado en este caso un retroceso en la educación pública del país,
junto a la aparición de educación privada de escasa cobertura e incluso de calidad.
Personalmente pienso que, al institucionalizar ese sistema de entrega de educación, sea
pública o privada, representa otro retroceso porque -además- asegura un financiamiento
estatal para que entidades privadas vuelvan a lucrar con la formación de nuestras y
nuestros estudiantes.
¿Usted afirma entonces que esta Propuesta viene a “constitucionalizar retrocesos” en
estos dos derechos sociales de salud y educación?
–Sí, y el punto que esto es extremadamente grave; significa olvidar por qué la gente se
movilizó en las calles en octubre de 2019, por qué los estudiantes secundarios marcharon
en 2006 y 2010, por qué ha habido marchas multitudinarias del movimiento No Más AFP.
En otras palabras, implica que no se hizo ningún análisis serio de por qué en Chile campea
la desigualdad y entonces, claro, ocurre que se institucionalizan los mismos sistemas que
han generado esta crisis social y política.

Este texto constitucional propuesta en nada va a resolver esos problemas e, inclusive, va a
ahondar más esas situaciones lamentables. A lo anterior, agregaría que la Propuesta
muestra errores de redacción sumamente peligrosas.
¿Qué redacciones le parecen peligrosas en el texto?
–Le doy un ejemplo: esta Propuesta establece -en el caso de los derechos fundamentales
como salud, vivienda, educación- pueden ser a futuro limitados por proyectos de Ley. Eso
quiere decir que a esos derechos ni siquiera se le otorga un respeto o resguardo a nivel
constitucional para que el día de mañana las personas puedan defender una postura.
En lo personal, aprecio que este texto viene a constitucionalizar las desigualdades que ha
tenido nuestro país en treinta años.
De hecho, decimos que este texto es -más que nada- un programa de gobierno del Partido
Republicano y no una Constitución que permita tener un Chile con una mirada de futuro
para 30 o 40 años más.
¿Y cuál es su postura Diputado respecto de los guiños que este texto realiza a la
Seguridad, que es un tema sensible, sobre todo en Tarapacá?
–Es que esos temas en realidad son un “panfleteo” como están abordados. Sucede algo
muy parecido a cuando se habla de “la libertad de elegir” cuando una escucha la Campaña
del A Favor, donde ellos señalan que “nosotros les daremos a la gente la libertad de elegir,
por ejemplo, la salud”. Porque la verdad es que una persona que gana el sueldo mínimo no
puede elegir irse a una isapre porque el dinero simplemente no le alcanza para ello y se va
ir a Fonasa y se va a atender en el público de salud.
Yo creo que hay que transparentar esa situación porque la llamada Libertad de elegir es
falsa. El chileno o la chilena promedio no va a poder ir a atenderse a la Clínica Las Condes
porque no existe la mentada libertad de elegir; lo mismo pasa a nivel educacional, porque
con lo que plantea la gente del A Favor, todos podríamos estar matriculados en el Colegio
Nido de Águilas, pero la realidad es que la ciudadanía promedio simplemente no tiene la
capacidad económica para pagar un colegio que cobra altas mensualidades, en UF.
¿…y respecto del complejo tema de la seguridad, que para la gente engloba delincuencia,
migración irregular y las llamadas incivilidades?
–Eso es un panfleteo nada más, porque ellos dicen en el texto ´vamos a expulsar a los
migrantes en el plazo más breve´. Las preguntas que surgen de cómo y cuándo, la
ciudadanía no recibe ninguna respuesta ni precisión. Con este texto propuesto no se
puede concluir que se vaya a poder materializar aquello.
Nosotros (desde el Frente Amplio) siempre hemos defendido la postura que la seguridad a
nivel constitucional debe ser integral. Es decir, si por un lado se está cercenando la
educación pública se está atacando una cuestión de seguridad y aquí es bueno recordar
que en Tarapacá -en los últimos años- hemos tenido un promedio de 3.500 matrículas
menos en nuestro sistema educacional y esta propuesta ahonda aún más esa situación de
crisis.
¿Por qué vincula los estudiantes que han “salido” del sistema educativo con la seguridad
o inseguridad que experimenta la región de Tarapacá?
–Porque la pregunta que hay que hacerse es dónde van a ir a parar esos 3.500 estudiantes
que desertan año a año. La respuesta es que somos caldo de cultivo para que los jóvenes

estén expuestos el día de mañana a bandas criminales. Diría que lo propuesto es un
panfleteo constitucional y, además, de una irresponsabilidad muy grave.

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