Liderados por el Fiscal Regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, el grupo de trabajo
multidisciplinario conformado por fiscales, PDI y analistas dedicado por completo al
esclarecimiento de 17 casos de homicidios de alta connotación ocurridos el año pasado en la
jurisdicción y que se mantenían sin esclarecer, resolvieron 14 de esos hechos.
El trabajo colaborativo comenzó hace exactas siete semanas, luego que el Fiscal Nacional,
Ángel Valencia, encomendara al regional Arancibia hacerse cargo de las investigaciones, en
calidad de preferente. A partir de ese momento, se creó una fuerza de trabajo con personal
PDI especializado que viajó a la zona desde distintos puntos del país, a instancias del Ministerio
del Interior.
En ocho de los 17 homicidios aclarados, ya se detuvo y formalizó a 12 imputados, todos
quienes quedaron privados de libertad. Otro sujeto será formalizado esta semana (está en la
cárcel por un hecho diferente) y 6 imputados mantienen órdenes de detención pendientes.
Además, hay seis casos en que se está a la espera de los resultados de diligencias para pedir las
órdenes respectivas, teniéndose ya claridad de los partícipes y de cómo habrían ocurrido los
hechos.
“Los resultados de este trabajo son muy alentadores, además de una evidencia concreta del
compromiso y calidad de nuestros fiscales. Ello demuestra que requieren el personal técnico
necesario para sacar adelante este tipo de investigaciones y comenzar a desbaratar bandas
que tanto daño están generando en distintas localidades de nuestro país”, valoró el Fiscal
Nacional. “Por eso, sería de gran conveniencia replicar esta lógica en otras regiones”, agregó.
El grupo especial de 20 policías de Investigaciones que se instaló en Tarapacá y que trabajó
bajo la dirección de la Fiscalía, incluyó personal especializado de la Brigada de Homicidios,
Cibercrimen, Robos, Trata de Personas y Extranjería.
El fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos quien trabajó directamente con el Fiscal Regional
Arancibia en estos homicidios, destacó: “Este fue un trabajo mancomunado y sin descanso,
que permitió repensar casos que llevaban meses sin resultado, así como otros que habían
ocurrido hace muy poco, pero que bajo distintas ópticas fue posible sacar adelante. Sin duda,
es una demostración concreta de lo que hemos venido diciendo: tenemos las capacidades
investigativas para resolver estos casos; lo que falta son los recursos humanos y técnicos que
permitan abocarse a las investigaciones en los tiempos que se requiere”.
Una de las unidades de la PDI clave para la resolución de varios de los casos resultó ser la
Brigada del Cibercrimen, especialidad con la que no se cuenta en la región. “Su participación
en el equipo fue fundamental, principalmente por el levantamiento de información desde
teléfonos celulares, la georreferenciación de las antenas (que permite determinar la ubicación
de un imputado según la conexión de su celular) y el análisis de las redes sociales, todos
elementos que permiten esclarecer hechos delictivos donde difícilmente tendremos testigos”,
agregó
EL TRABAJO CONTINÚA
Los resultados de las investigaciones fueron informados la semana pasada al subsecretario del
Interior, Manuel Monsalve, en una reunión sostenida en Tarapacá. La autoridad valoró el
trabajo mancomunado entre la fiscalía y la policía. “Este fue un acuerdo de trabajo entre el
Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Policía e Investigaciones para poder dar una
señal muy concreta y es que no vamos a permitir impunidad en materia de delitos violentos y
particularmente, en delitos como los homicidios. Acá el trabajo realizado mostró una eficacia
en la persecución penal de los homicidios por sobre el 80%, que puede constituir un ejemplo
de lo que hay que hacer en otras comunas de Chile”.
El jefe (s) de la Región Policial de Tarapacá, prefecto Oscar Peña, destacó que la creación de
este grupo especial multidisciplinario con detectives de distintas partes de Chile, en conjunto
con la Brigada de Homicidios de Iquique, “permitió en menos de dos meses, poner a
disposición de la justicia a los autores y partícipes de homicidios relevantes en la región que se
encontraban sin resolución, mejorando la calidad y los tiempos de respuesta en las
investigaciones, sobre todo considerando la realidad actual que vive la zona norte del país”.
Si bien la mayor parte del equipo especial de la PDI ya se fue de Tarapacá, se conformó un
grupo policial regional para diligenciar las órdenes de detención que están vigentes, las que se
pidan prontamente. Algunas de ellas apuntan a bandas de crimen organizado que opera en la
zona.
Otros dos casos continúan siendo trabajados por el OS-9 de Carabineros.
CASOS DE ALTO IMPACTO NACIONAL
Dentro de los casos aclarados en estas siete semanas hay dos robos con homicidio que
ocurrieron en enero pasado, con cuatro días de diferencia, en la comuna de Alto Hospicio. Uno
terminó con la vida del técnico paramédico Sebastián Zúñiga Zúñiga y otro con el de Elba
Chamaca Huanca. Ambos hechos causaron gran conmoción en la comunidad, ya que se trataba
de vecinos de la comuna asesinados a balazos cuando intentaron oponerse al robo de sus
vehículos y pertenencias.
Si bien en un comienzo se pensó que en ambos casos había participado una misma banda, ya
que ocurrieron durante la noche, en miradores de Alto Hospicio, las diligencias investigativas
demostraron que se trataba de grupos distintos.
En el caso de Sebastián Zúñiga se detuvo a cuatro hombres chilenos. Dos de ellos tenían una
condena previa por robo con intimidación y un tercero era carabinero activo, pero estaba con
licencia médica. En el homicidio de Elba Chamaca se detuvo a un chileno y un boliviano,
mientras que otros dos partícipes permanecen con órdenes de detención pendientes. Todos
los imputados formalizados se encuentran privados de libertad.
Uno de los homicidios más emblemáticos que pudo ser aclarado es el de la muerte del joven
de 22 años Gabriel Cerda Ahumada, hecho ocurrido en mayo del año pasado en la comuna de
Alto Hospicio y que fuera conocido luego que su familia denunciara su desaparición y se
difundiera un video que habían recibido, donde se veía a la víctima ser asesinada de un balazo.
La investigación permitió aclarar la participación de tres sujetos: Cristian Cortés Rodríguez, de
23 años, un joven de 18 años que falleció el año pasado producto de un homicidio y el
adolescente de iniciales J.M.E.V. (16 años). Ellos formaban parte de una agrupación delictual
dedicada a la comisión de diversos delitos, como robo y contrabando de vehículos, entre otros,
y habían tenido problemas con la víctima. Los imputados lo habrían secuestrado y mantenido
encerrado en un departamento de Alto Hospicio, donde lo agredieron y luego trasladaron
hasta un sitio despoblado para darle muerte de un disparo en la cabeza, ocultando su cuerpo
en un lugar hasta ahora desconocido.
Como en este caso no se ha encontrado el cuerpo de la víctima y, por ende, no hay un sitio del
suceso, para esclarecer lo que había pasado y quiénes eran los partícipes fue fundamental el
análisis del video que recibió la familia, la ubicación de testigos protegidos, y los análisis de
cámaras de seguridad y de conversaciones extraídas de teléfonos celulares incautados a uno
de los imputados cuando fue detenido por otro delito y de imputados cercanos a esta banda.
