Tras la demanda presentada por la Zona Franca de Iquique en noviembre pasado en contra de ENGIE Chile ante el Primer Tribunal Ambiental, la compañía francesa ha contestado a la misma, interponiendo una demanda en contra de Zofri para hacer efectiva su responsabilidad en caso de establecerse la existencia de daño ambiental en el terreno en el que operaba la Central Diesel de Iquique (CDI), solicitando al Tribunal que condene a Zofri y la obligue a repararlo.
Dentro de los argumentos de ENGIE Chile se destacan ocho puntos relevantes. Por una parte, se sostiene que Zofri ha actuado como un propietario oportunista, ya que actúa como tal cuando el ejercicio del dominio le reporta beneficios, pero pretende ocultarse cuando ser dueño le impone obligaciones. Zofri abdicó a todos sus deberes de cuidado, con el sólo propósito de no incurrir en gastos.
Asimismo, la firma sostiene que la propiedad sobre el sitio y sobre la Central Diesel Iquique es de Zofri y lo ha sido desde hace décadas, ya que detenta el dominio del inmueble y la Central desde el año 1977 y, desde entonces, se ha dedicado a explotarlo comercialmente.
Por otro lado, se argumenta que, desde el inicio de su participación en 2002, ENGIE ha actuado como un tenedor diligente, implementando las mejoras necesarias en las prácticas operacionales de la CDI. Algunas de estas prácticas consistieron en regularizar los estanques de almacenamiento de hidrocarburos y regularizar los permisos sanitarios, que no contaban con autorización durante la operación de Zofri y su controladora.
En 2016 ENGIE finaliza su operación del CDI e inicia las negociaciones con Zofri para la entrega anticipada del sitio. Estas fracasaron ante la negativa de Zofri de reconocer sus propias obligaciones y responsabilidades. Cabe destacar, que ENGIE negoció de buena fe el cofinanciamiento de las actividades de desmantelamiento y limpieza, cuestión que Zofri eludió al punto de frustrar toda posibilidad de negociación.
Asimismo, se menciona que Zofri eludió toda responsabilidad en el resguardo del sitio desde la entrega hasta el incendio de 2022 y solo posteriormente accede a cumplir parcialmente con sus deberes como propietario. El incendio se da en el contexto de un terreno tomado por terceras personas, debido a la falta de seguridad en el lugar –seguridad que Zofri se rehusó a adoptar aun cuando el predio ya estaba en su poder.
Para la empresa no existe culpa ni dolo en el actuar de ENGIE, quien desarrolló acciones concretas durante la operación de la Central que son coherentes y compatibles con el estándar de cuidado esperable de un arrendatario de una instalación como la CDI.
De esta manera y como expresa la compañía, ENGIE siempre ha estado dispuesta a participar de la limpieza y desmantelamiento de la Central, en tanto operó la misma. Sin embargo, Zofri ha intentado rehuir a sus deberes como propietario, buscando que ENGIE cubra la totalidad de estos costos y haciendo imposible llegar a un acuerdo para el desmantelamiento definitivo del sitio.
Finalmente, ENGIE Chile argumenta que no existe relación de causalidad entre el daño alegado en la demanda y el actuar de ENGIE. La eventual afectación del suelo es imputable a la operación histórica de la que deben responder tanto Zofri como ENGIE.
La empresa afirma que la realidad muestra que ENGIE no ha incurrido en acciones culposas ni dolosas y que no ha generado daño ambiental alguno sobre el Lote 92-A. Aun así, en el evento que el tribunal concluya que las afectaciones del Lote 92-A configuran daño ambiental, se solicitará que se disponga la condena conjunta y bajo la regla de solidaridad del artículo 2317 del Código Civil, con respecto a Zofri y a ENGIE.
