Hace algunas semanas, se publicó un estudio sobre el comercio ambulante en la Región
Metropolitana, elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica.
Este arrojó importantes conclusiones y cifras que invitan a mirar de forma crítica la venta de
productos ilegales en la vía pública. El llamado es que tanto las autoridades, instituciones
públicas y privadas, tomen cartas en el asunto, desde generar bases para una
regularización.
El comercio ambulante en la capital ha experimentado un significativo crecimiento en los
últimos años, agravado por el estallido social y la crisis sanitaria del Covid-19, además de la
migración irregular. Estos factores son solo algunas respuestas a la falta de empleos
formales con salarios adecuados. Este fenómeno afecta a personas de diversas edades y
niveles de educación que se ven obligadas a recurrir a esta actividad para complementar
sus ingresos, lo que pone de manifiesto la urgencia de abordar la problemática del empleo
en el país.
Sin embargo, esto no es lo único a considerar. La proliferación del comercio ambulante ha
tenido un impacto en la seguridad pública. Los transeúntes se sienten amenazados y, tanto
los vendedores del comercio establecido como los informales, son víctimas de robos y
extorsiones. La percepción de los vendedores sobre la peligrosidad del espacio es de un
nivel medio (31,1%), donde se identifica el delito con mayor frecuencia a los robos en la vía
pública, con un 58%.
El comercio ambulante ha transformado la experiencia de habitar el espacio público,
obstaculizando el paso, dificultando la vigilancia y generando conflictos en el entorno
urbano. Este tipo de actividades lo convierte en un espacio propicio para personas que
cometen delitos, como robos sorpresa, ya que pueden esconderse de las cámaras, cambiar
de ropa y luego escapar de manera indetectable. Por esto, es que la regulación debe
abordar este aspecto para garantizar una convivencia adecuada entre los diferentes actores
de la ciudad.
Uno de los aspectos más preocupantes es la conexión entre el comercio ambulante y el
crimen organizado, es importante tener en cuenta que quien ejerce esta actividad en la vía
pública constituye el último eslabón de toda una logística que permite que aquello tome
lugar. La venta de productos ilegales, como réplicas de ropa o cigarrillos de contrabando,
está alimentando cada vez más actividades delictivas que requieren una atención
inmediata.
La creciente presencia del comercio ambulante en la capital plantea una serie de desafíos
complejos que van desde la seguridad pública hasta la necesidad de brindar oportunidades
laborales dignas. Es imperativo que las autoridades y la sociedad en su conjunto trabajen
para encontrar soluciones equitativas y efectivas que permitan abordar este fenómeno de
manera integral.
Esto implica una regulación más clara, la promoción del empleo formal y la lucha contra el
crimen organizado que se aprovecha de esta actividad. En última instancia, se trata de
buscar un equilibrio entre la necesidad de supervivencia de muchas personas y la
necesidad de mantener un entorno urbano seguro y ordenado.
Carlos Gajardo
Abogado y exfiscal
