Los imputados junto a otros sujetos, llevaron al afectado hasta las tomas de El Boro donde lo amenazaron y golpearon para sustraerle el dinero que portaba y exigiéndole que consiguiera más.
Por el delito de robo con violencia calificado fueron formalizados por la Fiscalía de Alto Hospicio dos imputados chilenos que en febrero de este año contactaron a un ciudadano boliviano para la supuesta venta de un vehículo, llevándolo engañado hasta un domicilio en el sector de las tomas de El Boro, donde le sustrajeron más de dos millones de pesos que llevaba en efectivo y lo golpearon y lesionaron en múltiples ocasiones para que les entregara más dinero,
La fiscal (s) Alejandra Gálvez explicó en la mañana del 6 de febrero pasado, en el centro de Iquique, la víctima se reunió con el imputado Iván Zuleta Parada y otros sujetos desconocidos para comprar un vehículo que supuestamente estaba en venta. Sin embargo, el imputado le señaló que se le habían quedado unos documentos del auto en Alto Hospicio, por lo que fueron todos hasta un domicilio al interior de las tomas de El Boro. Allí se bajaron y al ingresar a una vivienda, donde estaban varios sujetos -entre ellos los imputados Sergio Henríquez Rojas y Kevin Cuervo González (quien ya está en prisión preventiva por estos hechos)-, la víctima fue golpeada e intimidada con armas de fuego, sustrayéndole los dos millones 300 mil pesos que llevaba en efectivo para la compra del vehículo. Luego, siguieron agrediéndolo con el fin de que les entregara más dinero.
En un momento, la víctima les señaló que podían ir a la casa de un familiar que le tenía una plata, logrando que la llevaran hasta un domicilio, donde al bajarse logró escapar y pedir ayuda en un local comercial, huyendo todos los imputados. La víctima resultó con más de 20 lesiones en sus extremidades y cabeza, calificadas de grave.
La fiscal dio cuenta de las diligencias realizadas por el OS 9 de Carabineros que permitieron identificar y detener ya a tres de los imputados, en especial el análisis de cámaras de vigilancia y las declaraciones de testigos.
Dada la gravedad de los hechos, el tribunal resolvió acoger la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva de ambos imputados por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, fijando un plazo de investigación de 60 días.
