Una denuncia por situaciones que podrían constituir el delito de cohecho, en
contra del Subdirector Nacional Iquique de la Conadi, Juan Pablo Pérez
Angulo, presentó en la Fiscalía Regional el empresario iquiqueño, Rómulo
Mendoza Copa.
Dicha situación la sustenta a partir de la entrega de considerables montos de
dinero a una persona natural que conforma una unión temporal de proveedores
con H y H consultores, creada en febrero de este año, para ser favorecida y
finalmente, adjudicarse una serie de licitaciones públicas que son previamente
publicadas por la Subdirección Norte-Iquique de Conadi en el portal de
Mercado Público. Dicha situación se trataría de más de 750 millones de pesos.
El empresario agregó que esos procedimientos de licitación se realizaron en la
Región de Tarapacá y Atacama principalmente. Incluso, en ambas regiones, se
adjudicaron los proyectos a la unión temporal de proveedores, conformada en
reiteradas oportunidades por la misma persona natural.
“Otro hecho que resulta curioso, es su inscripción en el Registro de Consultores
de Conadi, al igual que en el caso de la empresa H y H consultores, que
conforman una de las uniones temporales de proveedores, coincide con la
fecha que contempla dicha institución para presentar las ofertas respectivas”,
manifestó.
Rómulo Mendoza destacó una de las licitaciones públicas observadas que,
pese a existir una oferta de menor valor, propuesta por el oferente “Amtawi
Limitada” por 196.000.000 de pesos, aun así, se haya preferido y finalmente
adjudicado el proyecto a la unión temporal de proveedores, “Estudios
Territoriales Limitada”, por 200.000.000 de pesos que, se reitera, es
conformada por la persona favorecida.
Los antecedentes expuestos permiten dilucidar irregularidades dentro del
procedimiento de licitación, ya que a un mismo proveedor, se le adjudicaron
todas estas licitaciones, existiendo un marcado interés sobre una propuesta en
particular de parte de uno de los evaluadores que conforman el Comité de
Evaluación.
Sobre dichos antecedentes Mendoza expresó, “esa situación deviene que el
funcionario público, estaría atentando contra el principio de probidad,
transparencia, fe pública, fundamentando la hipótesis del delito de cohecho
previsto y sancionado en el artículo 248 y siguientes del Código Penal”.
Rómulo Mendoza sostiene que, los procedimientos en torno a los cuales se
desarrollaron las licitaciones públicas en cuestión, aparentemente cumplirían
irrestrictamente con la normativa. No obstante, se han presentado situaciones
que no son aisladas y que eventualmente podrían revestir caracteres de un
ilícito penal.
Por último, Mendoza Copa espera que esta situación se aclare a la brevedad,
en vista que, son varios los empresarios que prestan servicios a la Conadi,
pero con este tipo de prácticas no se garantiza el principio de transparencia y
probidad, ya que los procedimientos de licitación pública efectuados por la
entidad licitante, han carecido de imparcialidad y objetividad, ocasionando un
desmedro a los empresarios y sus grupos de trabajadores. Incluso, se debe
considerar fundamentalmente el perjuicio generado a las comunidades
indígenas de la región, en vista que se les impide recibir los
beneficios comprometidos por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena,
cuyo principal objetivo es promover y apoyar sus iniciativas así como también,
proteger y resguardar los derechos de los pueblos indígenas.
CONADI
Diario El Longino solicitó a la Subdirección Nacional Iquique de la Conadi su versión
ante lo denunciado por el consultor Rómulo Mendoza, sin embargo hasta el cierre de
esta edición no llegó comunicado alguno refiriéndose al caso y planteando la postura
de la institución.
