Diego Rebolledo, seremi de Vivienda y Urbanismo:
“Se va a establecer una Agenda de Modernización, Transparencia y Seguridad de la
Información Minvu y un plan de Fortalecimiento Institucional. Hemos respondido lo que se
nos ha solicitado, también a la Fiscalía y en ese contexto estamos tranquilos”.
“Más allá de la contingencia, donde como Gobierno y como sector Vivienda hemos puesto
a disposición toda la información con transparencia, tenemos el deber de seguir
avanzando en los distintos programas habitacionales y urbanos. Eso es lo que espera la
ciudadanía”.
Han sido días complejos para la cartera de Vivienda en Tarapacá. El caso Convenios que abrió
importantes alertas en los procesos de asignación de recursos públicos a las distintas fundaciones
y ONG que trabajan, en el caso del Minvu, en los campamentos, ha puesto en evidencia la
necesidad de incorporar mecanismos más eficientes en la gestión de las distintas instituciones.
Pero más allá de la contingencia, la cartera se prepara para convertir este episodio en una
oportunidad para mejorar la gestión, con más transparencia y sin perder el foco en el compromiso
de abordar a lo menos, el 40% del déficit habitacional, con la construcción y entrega de 9.300
viviendas en Tarapacá.
Diario El Longino conversó con el secretario regional del Minvu, el arquitecto Diego Rebolledo
Flores, sobre lo vivido en las últimas semanas, pero por sobre todo, lo que viene en el mediano y
largo plazo.
Y en este contexto, ¿cuáles son esos cambios que se plantean o lo central de ellos?
-Se va a establecer una Agenda de Modernización, Transparencia y Seguridad de la Información
Minvu y un plan de Fortalecimiento Institucional. Este nuevo sistema tiene por objetivo mejorar la
gestión de campamentos, pero siempre pensando en perfeccionar la forma en que se brinda
colaboración a las familias, porque en ellas está nuestra principal preocupación. Tenemos una
tarea importante en los 55 campamentos y un objetivo que es cumplir con el Plan de Emergencia
Habitacional, y para esto, como Estado, tenemos que cuidar al máximo los recursos fiscales e ir
mejorando los resultados que obtenemos con estos recursos.
Las instituciones privadas sin fines de lucro se podrán adjudicar recursos solo presentando
propuestas de trabajo, a través de un llamado público que el SERVIU publicará en medios también públicos, redes sociales institucionales y otros canales. También se va hacer énfasis en la
“experiencia de la institución sin fines de lucro”. También se llevará a cabo un análisis continuo
para comprender el gasto relacionado con la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios y
su operación, así podremos identificar los rangos de costos por ítems o iniciativas, basándonos en
la comparación de costos y beneficios respectivos. Además, definiremos los porcentajes de
distribución del gasto según las áreas de intervención contempladas en las dos estrategias del
programa.
Actualmente, junto con trabajar arduamente en esclarecer todo el panorama, estamos en la fase
de elaboración del análisis y proceso de recopilación de información y se espera tenerla lista en no
más de un mes, en septiembre de este año. Y pensando en la gente, se habilitará un portal donde
se darán a conocer las fundaciones que trabajan con el Programa de Asentamientos Precarios,
para mayor transparencia para la ciudadanía. Además, se implementará el sistema de rendiciones
de Contraloría-SISREC (Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas).
¿Cuál es la situación del Plan de Emergencia Habitacional en Tarapacá?
-Nosotros llevamos más de 600 viviendas entregadas en la región, porque nuestra meta es de
viviendas terminadas y no de subsidios entregados. Las últimas 320 fueron en el Condominio
Social Norte Florido en Alto Hospicio, donde incluso nos acompañó la subsecretaria de Vivienda,
Gabriela Elgueta y tenemos más de 6.300 viviendas en ejecución. Cabe destacar que la meta que el
gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha impuesto en Tarapacá es construir 9.300 viviendas a
marzo de 2026 y con esto quiero insistir que el plan no se detiene, avanza con la prisa que
requieren las familias. Tenemos programadas entregas hasta fin de año, además de otros
proyectos urbanos como la Plaza Brasil, varias pavimentaciones importantes en Alto Hospicio, y
otras intervenciones del Programa Quiero Mi Barrio o Pequeñas Localidades en San Marcos,
Pisagua, Tarapacá y La Tirana, por dar algunos ejemplos.
En el tema urbano, y frente a la promesa de larga data de extender Iquique hasta Lobito, ¿qué
rol juega hoy el Minvu?
-Un rol muy articulador. Como lo ha indicado el ministro Montes y la subsecretaria Elgueta, en su
reciente visita a la región, todos los municipios están llamados a incorporar sus esfuerzos a esta
gran gestión que implica el Plan de Emergencia Habitacional, y estamos trabajando con la mayoría
de los municipios de la Región.
Es importante que la ciudadanía sepa que la política habitacional es una tarea de Estado. Como
gobierno, sabemos que ésta trasciende a un periodo gubernamental específico y cada
administración lo que hace es contribuir con ciertas miradas y objetivos, conforme al espíritu que
mueve cada programa de Gobierno.
Para el Presidente Gabriel Boric, esta línea está dada por el derecho a la vivienda adecuada, de
calidad, en ciudades justas, con enfoque de género y con una participación de la ciudadanía
vinculante en las decisiones de inversión.
Respecto a la extensión sur de Iquique, hemos trabajo muy coordinados con el municipio de
Iquique para avanzar en extensión planificada, con servicios e infraestructura proyectada al mediano y largo plazo. En primera instancia, el municipio ya realizó la licitación para el diseño de la
macrourbanización y se proyecta el inicio de construcción de al menos 3.000 viviendas.
¿Y cuál es el compromiso con Alto Hospicio y el Tamarugal?
Entendiendo que gran parte de la demanda habitacional se concentra en la vecina comuna particularmente.
-La estrategia regional trabajada por los equipos de SEREMI y Serviu, para el desarrollo del Plan de
Emergencia en Tarapacá, define no sólo como eje, factibilizar nuevos proyectos habitacionales,
sino también se hace cargo de las grandes necesidades urbanas de estos territorios.
Alto Hospicio en particular, enfrenta dos grandes situaciones: el impacto de la calidad de suelo
salino colapsable y la falta de infraestructura vial de calidad y servicios. Como ministerio en la
región, estamos trabajando en coordinación con el equipo municipal de Alto Hospicio, para
avanzar en una estrategia de regeneración urbana que nos permita construir más plazas, calles y
aceras. Acá, tenemos importantes noticias para la comunidad, ya que nuestros equipos técnicos
ha logrado la Recomendación Favorable de Midesof para dos vías estructurantes: “Ricardo Lagos”
y Unión Europea. Esperamos este año, hacer la licitación y luego, iniciar trabajos. Esto permitirá
sumar a la Avenida Las Parcelas, dos nuevas arterias de conectividad para esa comuna.
Respecto del Tamarugal, estamos avanzando fuertemente para factibilizar terrenos junto a Bienes
Nacionales y Serviu, que nos permita concretar la construcción de viviendas en Pozo Almonte y
Huara. También hemos invitado a los demás municipios a generar mesas de trabajo para abordar
las necesidades urbanas y habitacionales de comunas como Pica, Camiña y Colchane. Tenemos
que destacar que en Pozo Almonte se construirá uno de los primeros dos proyectos en todo Chile
de vivienda especial para trabajadores, que es una de las 11 líneas nuevas que tiene el Plan de
Emergencia Habitacional.
CASO CONVENIOS
Para el secretario regional de Vivienda y Urbanismo, Diego Rebolledo Flores, quien lleva 10 meses
de gestión en su cargo, los requerimientos que ha hecho el Ministerio Público a través del fiscal
jefe de Iquique, Eduardo Ríos, en el marco de la investigación de oficio a Fundación Enlace Urbano
y EnRed Social durante la semana anterior, forman parte del procedimiento regular y los están
apoyando.
“Hemos puesto, desde el día uno, mucho esfuerzo en ir reconstituyendo los procesos anteriores,
la información administrativa está ordenada, los equipos de SERVIU y SEREMI Minvu han seguido
los procedimientos establecidos y se ha colaborado en todos los procesos de revisión e
investigación que están en curso, tanto por Fiscalía como por Contraloría General de la República y
por el mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que está también llevando a cabo una revisión
exhaustiva para incorporar cambios que den mayor transparencia”.
- Seremi, ¿cuáles son las medidas a implementar para recuperar las confianzas con la comunidad
en Tarapacá, considerando que hay hechos que afectan la fe pública en la región en el
denominado Caso Convenios?
-Nosotros nos sumamos a las medidas que anunció el ministro Carlos Montes, que presentó un
plan de acciones ante el impacto que significó todo lo ocurrido en el caso Convenios. El ministerio
busca cambiar el sistema que hemos heredado, para garantizar mayor transparencia y probidad. Y
en estos pasos, es que se va a redefinir el Modelo del Programa Asentamientos Precarios por el
que operan estas entidades, fortaleciendo también el rol del Estado.
En la región, se ha trabajado con la Fundación Techo, Enlace Urbano y Enred Social, además de
Fosis, que es una institución estatal pero que también realiza un trabajo territorial en materia de
campamentos a través del programa.
Cada una de ellas han ejecutado sus proyectos y rendiciones, además para poder trabajar en la
región con Minvu, requieren presentar boletas de garantía o un instrumento de respaldo de
garantías, eso es algo que hemos hecho como Seremi y que incluso ha sido reconocido en medios
de comunicación como El Mercurio, pues resguardamos los recursos fiscales.
Sabemos que debemos mejorar, yo siempre repito que hoy nos toca administrar un sistema que
no nos gusta, y eso para nadie es una sorpresa, pero tenemos que administrarlo de la mejor
manera posible, y debemos tratar de, además, mejorarlo. - Usted ya fue llamado a declarar ante el fiscal Eduardo Ríos y hubo un allanamiento en las
oficinas de la Seremi de Vivienda y el Serviu. ¿Cuál es la situación en que se encuentra su
servicio por dos fundaciones con traspasos altos de fondos públicos de una sola vez, como son
Enlace Urbano por 780 millones de pesos y EnRed Social, a quien se traspasaron $1.060 millones
de pesos? - A mí como actual seremi se me llamó a declarar en calidad de testigo, y lo que estamos haciendo
es colaborar con la investigación de la Fiscalía, que es de oficio, y todos los requerimientos que nos
hagan. El allanamiento que realizó la Fiscalía fue voluntario, es decir autorizado por nosotros, en
este contexto entregamos los antecedentes que tenemos por firmas de convenios al ministerio de
Vivienda, que fue requerida en julio también por la Contraloría General de la República. Hemos
respondido todo lo que se nos ha solicitado.
