Decretos de Rabat adelantaron libertad de narcos detenidos en la frontera norte

Polémica por rebajas de condenas a traficantes de drogas

• Una investigación del medio Interferencia reveló que el Ministerio de Justicia concedió rebajas de penas a 115 extranjeros condenados por delitos de drogas. Entre los beneficiados figuran traficantes detenidos en Tarapacá y Antofagasta, algunos vinculados al traslado de más de una tonelada de estupefacientes.

Una nueva controversia golpea al Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, luego de conocerse que durante 2026 la cartera firmó decretos que redujeron las condenas de 115 ciudadanos extranjeros sentenciados por delitos relacionados con el tráfico de drogas, entre ellos sujetos detenidos en operaciones policiales desarrolladas en la frontera norte y en las principales rutas utilizadas para el transporte de sustancias ilícitas hacia el interior del país.

La investigación, publicada por el medio Interferencia, examinó 150 decretos de reducción de condenas a ciudadanos extranjeros, identificando 115 casos correspondientes a delitos de drogas. Según los antecedentes recopilados, el ministerio no se opuso a ninguno de esos beneficios, algunos de los cuales permitieron adelantar la salida de prisión de personas condenadas por transportar importantes cargamentos de estupefacientes.

Los documentos fueron suscritos tanto por el ministro Fernando Rabat como por el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien firmó algunas resoluciones en calidad de ministro subrogante.

La revelación adquiere especial relevancia para Tarapacá, considerando que al menos 13 de los beneficiados fueron detenidos en procedimientos realizados en la frontera norte o en controles carreteros vinculados con las rutas provenientes de esa zona. Entre ellos figuran ocho ciudadanos bolivianos, tres venezolanos, un colombiano y una argentina. En cinco casos, las respectivas sentencias acreditaron ingresos al territorio nacional mediante pasos no habilitados.

El nuevo antecedente amplía la controversia que enfrenta el Ministerio de Justicia por la reducción de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, cuyos beneficios también fueron fundamentados mediante la interpretación jurídica impulsada por Rabat.

CARGAMENTO DE MÁS DE UNA TONELADA EN TARAPACÁ

Uno de los casos más significativos corresponde a un ciudadano boliviano detenido el 14 de julio de 2021 en la ruta A-97B, en el sector de Alto Lirima, comuna de Pica, cuando participaba en una operación de transporte de drogas que había comenzado en Cariquima, localidad perteneciente a la comuna fronteriza de Colchane.

El condenado viajaba como acompañante en una camioneta que cumplía funciones de avanzada o «punta de lanza», destinada a advertir sobre eventuales controles policiales durante el desplazamiento de un cargamento compuesto por 867 kilos de marihuana, 198,7 kilos de clorhidrato de cocaína y 25,3 kilos de pasta base.

En total, la operación involucraba más de 1.090 kilos de sustancias ilícitas y contemplaba la participación coordinada de tres vehículos cuyos ocupantes mantenían comunicación mediante equipos de radio.

Los antecedentes fueron conocidos por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique, que impuso al ciudadano boliviano una condena de cinco años y un día de presidio por su participación en el delito.

Durante el proceso judicial, la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá emitió un informe desfavorable respecto de una eventual expulsión del territorio nacional como pena sustitutiva. Sin embargo, el tribunal descartó esa alternativa debido a la extensión de la condena impuesta.

Pese a estos antecedentes, el 12 de mayo de 2026 el Ministerio de Justicia aprobó una reducción de tres meses de presidio, fijando el término de la condena para el 14 de mayo, apenas dos días después de la resolución administrativa.

El caso constituye uno de los ejemplos más relevantes de los efectos que tuvieron las rebajas de penas en condenados vinculados con operaciones de narcotráfico desarrolladas en territorio fronterizo.

REBAJA PESE A INFORMES DESFAVORABLES

Otro caso identificado corresponde a un ciudadano colombiano detenido el 28 de septiembre de 2021 en la garita La Negra, sobre la Ruta 5 Norte, a la salida de Antofagasta.

Durante el procedimiento, Carabineros descubrió 51 paquetes que contenían aproximadamente 52 kilos de pasta base de cocaína, distribuidos en una mochila y un bolso encontrados al interior de un automóvil transportado sobre un camión.

El 14 de noviembre de 2022, el ciudadano extranjero fue condenado a cinco años y un día de presidio por tráfico de drogas.

Posteriormente, en abril de 2024, un informe elaborado por Gendarmería lo calificó con un nivel alto de riesgo de reincidencia y desaconsejó otorgarle una pena mixta.

A estos antecedentes se sumó una resolución de 2025 de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que rechazó por unanimidad su solicitud al considerar insuficientes los avances demostrados en su proceso de reinserción social.

No obstante, el 1 de junio de 2026, Luis Silva, actuando como ministro de Justicia subrogante, firmó un decreto que redujo en seis meses la condena del ciudadano colombiano.

Si bien los mecanismos de libertad condicional, pena mixta y reducción de condena tienen requisitos y procedimientos diferentes, la existencia de evaluaciones penitenciarias desfavorables constituye uno de los antecedentes que vuelve a situar estas decisiones bajo escrutinio público.

DETENIDOS CON KETAMINA Y ARMAMENTO RECUPERARON SU LIBERTAD

La investigación también identificó el caso de dos ciudadanos venezolanos detenidos el 6 de octubre de 2021 cuando se trasladaban desde Colchane con 32,7 kilos de ketamina, dos pistolas y una granada de uso militar.

Uno de ellos recibió una condena de cinco años y un día de presidio por tráfico de drogas y presentó solicitudes para acceder al régimen de pena mixta, las cuales fueron rechazadas durante 2024 y 2025.

Sin embargo, el 10 de abril de 2026 el ministro Rabat firmó el decreto que redujo su condena. El segundo condenado también recibió una disminución de pena mediante una resolución suscrita por el secretario de Estado.

De acuerdo con los antecedentes publicados, ambos recuperaron su libertad. Es importante precisar que fueron condenados por el delito de tráfico de drogas, mientras que resultaron absueltos de las imputaciones vinculadas con las armas y la granada, debido a deficiencias de la acusación y de la prueba pericial.

La situación vuelve a colocar en el centro del debate el tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos vinculados con el transporte de drogas desde zonas fronterizas, especialmente cuando las reducciones de penas adelantan el cumplimiento de sus respectivas sentencias.

La controversia por la denominada “doctrina Rabat”

El punto central de la discusión está en la interpretación jurídica utilizada por el Ministerio de Justicia para aprobar las reducciones de condena. Los decretos examinados por Interferencia citan resoluciones de tribunales superiores para sostener que la cartera no puede rechazar estos beneficios basándose exclusivamente en la gravedad del delito o en el bien jurídico protegido.

Sin embargo, una investigación publicada por CIPER el 4 de noviembre identificó 13 resoluciones judiciales que ordenaban al ministerio pronunciarse sobre solicitudes de rebaja, sin sustituir necesariamente sus facultades para aceptarlas o rechazarlas.

A estos antecedentes se agregó una nueva publicación de CIPER, este 5 de noviembre, que identificó al menos nueve casos en que el propio Ministerio de Justicia rechazó inicialmente reducciones de penas a condenados por delitos sexuales contra menores. En seis de ellos, los tribunales respaldaron la negativa de la cartera, abriendo nuevos cuestionamientos sobre el alcance de la interpretación defendida por Rabat.

La controversia no se limita, por tanto, a la legalidad de los beneficios penitenciarios, sino que también alcanza al criterio utilizado por la autoridad administrativa al resolver solicitudes de personas condenadas por delitos graves.

En el caso de la frontera norte, los antecedentes conocidos vuelven a situar bajo atención las decisiones adoptadas respecto de condenados vinculados con operaciones de narcotráfico, incluyendo casos en que las rebajas permitieron adelantar significativamente el término de las penas.

Aunque el beneficio de reducción de condena está contemplado en la legislación chilena, las investigaciones periodísticas han abierto interrogantes sobre las facultades del Ministerio de Justicia, la evaluación de los antecedentes individuales y los efectos concretos de los decretos firmados.

La cartera enfrenta así un nuevo capítulo de cuestionamientos, esta vez relacionado directamente con el narcotráfico en las regiones fronterizas. El esclarecimiento de las facultades legales del ministerio y de los criterios aplicados en cada expediente será determinante para establecer el alcance de las decisiones adoptadas durante 2026.

La investigación de Interferencia acredita reducciones de penas a 115 condenados por delitos de drogas, pero no establece que todos hayan quedado inmediatamente en libertad. Sí identifica casos concretos de excarcelación anticipada, entre ellos los dos condenados por tráfico de ketamina detenidos cuando se desplazaban desde Colchane.