- Se aprobaron siete nuevos sitios. De este modo, en el marco de la conmemoración de los 50
años del golpe de Estado, se termina de completar el compromiso del Plan Nacional de Derechos
Humanos de proteger al menos un sitio de memoria en cada región. - En una sesión extraordinaria, celebrada en el Salón Montt-Varas del Palacio de la Moneda, los
consejeros decidieron otorgar también protección legal de Estado al recinto de la CNI en Talca, la
ex Cárcel de Arica, el Regimiento 23 de Copiapó, la Comisaría de Ancud, la fosa del Cementerio de
La Serena y el Memorial Puente El Ala en Ñuble.
En el salón Montt-Varas del Palacio de la Moneda se realizó ayer miércoles la sesión extraordinaria
del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), que, en el marco de la conmemoración de los 50
años del golpe de Estado, fue dedicada en exclusivo a analizar las solicitudes de declaratoria, como
Monumento Histórico, de siete Sitios de Memoria: todas fueron aceptadas de forma unánime. Los
consejeros acordaron además solicitar al ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime
de Aguirre, la dictación de los decretos respectivos, con lo que se oficializará esta decisión.
Con tres de ellos se cumple el compromiso del Estado en el Plan Nacional de Derechos Humanos
de tener al menos un sitio de memoria en cada región, la ex Cárcel de Arica en la Región de Arica y
Parinacota; el Regimiento N° 23 de Copiapó en Atacama, y el Memorial Puente El Ala en Ñuble. Los
otros recintos reconocidos son el inmueble de la CNI en Talca, la Comisaría de Ancud, la fosa del
Cementerio de La Serena y, en el caso de Tarapacá, el Campo de Prisioneros de Pisagua.
A la sesión asistieron como invitados los representantes de las agrupaciones solicitantes de las
declaratorias, así como las y los seremis de las regiones involucradas. El ministro De Aguirre valoró
la decisión de los consejeros: “
Héctor Marín, de la Corporación de Derechos Humanos y Sitios de la Memoria de Tarapacá,
organización solicitante de la declaratoria, agradeció la decisión del CMN y dijo que, “la nuestra es
una región llena de memoria e historia. Estar aquí (en el Palacio de la Moneda) es estar presentes
los ausentes que hemos buscado toda la vida. Este es un reconocimiento no solo a ellos y su
dignidad sino a las luchas que han dado los familiares por reconocer algo que sucedió, no por
nosotros, sino como un nunca más gigante para que las nuevas generaciones sepan cómo se vivió
la dictadura militar».
Por su parte, la seremi de las Culturas de la Región de Tarapacá, Rose-Marie Acuña, destacó que
“este es un gran avance en el ámbito de memoria y derechos humanos para nuestra región. Lo
vemos como el inicio de un proceso mayor en que, junto con las agrupaciones de derechos
humanos y la comunidad, podremos ir avanzando en el reconocimiento de todos estos sitios,
siempre prensando en una cultura de memoria y no repetición en favor de proteger nuestra
democracia. Que esta aprobación sea justo en el año en que se conmemoran los 50 años del golpe
de estado me parece aún más significativo”.
EL EX CAMPO DE PRISIONEROS
El último de los nuevos monumentos es el ex Campo de Prisioneros de Pisagua, ubicado en la
localidad costera de la Región de Tarapacá, que funcionó a través de una red articulada de
inmuebles destinados a la reclusión que estaban ubicados en diferentes lugares del pueblo, como
la ex Cárcel Pública y actual Hotel de Pisagua, el edificio del Mercado, el Teatro Municipal y la
Multicancha Deportiva. El ex Campo de Prisioneros, en el borde costero, consistió en seis galpones
que sirvieron de sitio de detención y tortura y que fueron desmantelados posteriormente por el
Ejército. Hoy, solo quedan vestigios y el radier.
Inició su construcción en octubre de 1973, para albergar al creciente número de detenidos,
utilizando como mano de obra a los propios presos políticos, y estaban rodeados por casetas de
vigilancia, torretas con iluminación, focos en cada esquina, y todo esto a su vez con alambre de
púa. Las condiciones del recinto no cumplían ninguna normativa del Código Penitenciario,
teniendo a los prisioneros totalmente incomunicados con el exterior y viviendo en un extremo
hacinamiento.
En Pisagua se registra el mayor porcentaje de víctimas fatales: según los antecedentes de la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 24 personas habrían sido ejecutadas bajo Consejos
de Guerra y Ley de Fuga. También concentra el más alto número de detenidos de la región, con
800 reclusos.
Entre los valores históricos y fundamentos de memoria y de derechos humanos considerados por
los consejeros, destaca que se trata de vestigios que son testimonio del trabajo forzado al que
fueron sometidos los prisioneros políticos que se encontraban en la cárcel de la localidad, un
puerto que, en atención a su ubicación geográfica y topográfica, ha sido un lugar de prisión política
en tres períodos de la historia de Chile: durante el gobierno de Gabriel González Videla (1947 y
1948); durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952 a 1958) y durante la
dictadura cívico-militar entre septiembre de 1973 y octubre de 1974 y posteriormente en la
década de los ochenta.
“Su conservación, protección y resguardo permite entregar una lectura de conjunto e integral de
la existencia y funcionamiento del Campamento de Prisioneros de Pisagua, el cual fue uno de los
principales campamentos de prisioneros políticos de la dictadura cívico-militar y donde se recluyó
el mayor número de detenidos de la región de Tarapacá”, señalaron los consejeros.
