Consejero regional alerta por extracción ilegal de huiro y falta de fiscalizadores en el borde costero de Tarapacá

El consejero regional expuso ante el pleno del CORE su preocupación por el aumento estival de la recolección clandestina de algas y por la escasez de personal en los servicios encargados de inspeccionar. También advirtió un “resquicio” que permitiría que huiro extraído fuera de norma termine ingresando
a la cadena formal.

La continuidad de la extracción ilegal de huiro en la región de Tarapacá volvió a instalarse en el debate público regional tras una publicación del consejero regional Octavio López, quien llevó el tema ante el pleno del Consejo Regional. La autoridad planteó que el fenómeno no sólo persiste, sino que tiende a intensificarse durante la temporada estival, cuando aumenta el flujo de visitantes y la actividad en sectores del borde costero.

Según expuso López, uno de los factores que más dificulta contener esta práctica es la falta de recursos humanos en las instituciones encargadas de realizar labores de inspección y control a lo largo de la costa. A su juicio, la capacidad de fiscalización se ve sobrepasada por la extensión del territorio y por el incremento de personas que se involucran en la extracción de algas durante el verano, lo que abre espacios para faenas fuera de norma y sin autorización.

El consejero describió que, en los meses de mayor afluencia, se observa a más personas recolectando huiro de manera irregular, lo que genera un impacto ambiental en zonas sensibles del litoral. En ese sentido, relató que parte de quienes participan en esta actividad lo hacen como una forma de obtener ingresos o recursos para el día a día durante las vacaciones. “Mucha gente que va a veranear se dedica a sacar algas también, en el fondo para poder vender algo y llevar algo para la cocina, por decirlo así,
pero esto es una extracción ilegal”, afirmó.

Junto con el diagnóstico sobre el terreno, López apuntó a un problema adicional: la posibilidad de que el huiro obtenido de forma clandestina termine incorporándose al circuito industrial. En su intervención, denunció la existencia de una suerte de “resquicio legal” que permitiría que el alga extraída irregularmente llegue a plantas procesadoras a través de intermediarios o actores que sí cuentan con autorización formal para comercializar. “El hombre que está dedicado a sacar el alga ilegalmente se
la vende a alguien que está autorizado para que vaya a vender a la planta”, sostuvo.

El planteamiento del consejero regional abre el foco hacia la trazabilidad del recurso y a los mecanismos de control en la cadena de comercialización, además de la fiscalización en playa. En un escenario donde el huiro tiene valor económico y demanda industrial, López insistió en que la falta de personal para inspeccionar y el posible ingreso del recurso ilegal al mercado formal configuran un riesgo ambiental y de
gobernanza, particularmente en meses de alta presión sobre el borde costero.

La preocupación expuesta ante el CORE se suma a las alertas recurrentes sobre la extracción no regulada de algas en el norte, un fenómeno que, según el consejero, requiere reforzar dotaciones, mejorar la coordinación de instituciones fiscalizadoras y cerrar brechas normativas para impedir que la actividad ilegal encuentre vías de salida hacia la industria.