Concejal Rodrigo Oliva:
Isabel Frías
Periodista U.C.
Para avanzar en un turismo sustentable, la autoridad comunal resalta el
reforzamiento de las fiscalizaciones y el aumento en un 100% del
presupuesto destinado a la Dirección de Medioambiente perteneciente al
Municipio de Iquique.
Hoy, el concejal Rodrigo Oliva Vicentelo preside la Comisión de Medioambiente y Bord
Costero del municipio de Iquique y en esa calidad cierra el año haciendo un balance de lo
que ha sido la labor de ese órgano con diferentes iniciativas, algunas de las cuales han
concitado el interés público como aquella que dice relación con los locales de
esparcimiento o servicios que emiten ruidos molestos y altos decibeles.
“Hemos canalizados diversas inquietudes de los vecinos a través de la Comisión como el
fomento productivo, el mejoramiento de espacios públicos en el borde costero,
recuperación de plazas públicas con la idea que la Municipalidad se haga más presente allí
de manera de mejorar los servicios que presta”.
En julio pasado se reunieron con la Superintendencia del ramo donde se presentó el
programa de fiscalización respecto de ruidos molestos. ¿Cómo avanzó ese tema crítico
para los vecinos que residen cerca de locales comerciales?
–En esa ocasión se presentó dicho programa y el resultado ha sido importante dado que a
través de las fiscalizaciones se está logrando que los locales que están instalados
particularmente en Baquedano se ajusten a la normativa vigente para no perturbar la
salud y calidad de vida de las personas.
¿Y qué ocurre con los vecinos y los ruidos que se generan en el área de la Península?
–Sí, eso es lo que queremos, hacer extensiva esa tarea de fiscalización también allí porque
en la ciudad de Iquique tenemos dos focos críticos que son la Península y Baquedano.
Pero no parece avanzar esa gestión de fiscalización en la Península.
–Sí, allí nos ha costado un poco más, pero hay informes incluso de Contraloría que dan
cuenta de las fiscalizaciones que se han realizado en ese lugar y otros también con
respecto al ruido y uso del espacio público.
Asimismo, se ha incorporado el tema del manejo y tratamiento de la basura de esos
locales comerciales que es muy preocupante puesto que está afectando de manera
importante porque hay que recordar que es un área residencial también, con mucha
densidad poblacional y, por tanto, el impacto que está generando la actividad económica
es legítima pero compleja.
¿Y cómo se genera el equilibrio de esos intereses, que parecen contrapuestos?
–Nuestra postura es que deben aprender a convivir y ello implica ajustarse a la normativa
por parte de los involucrados, respetándola.
Tanto la Península como Baquedano se insertan en un concepto mayor que es el
turismo. ¿Hay una propuesta en esa dirección?
–En primer lugar, nosotros estamos abogando por fortalecer la Dirección de
Medioambiente de la Municipalidad de Iquique y hemos logrados avances en el sentido
que logramos que el presupuesto de esa repartición se duplique: Para el próximo 2024
vamos a contar con 600 millones de pesos para fortalecer una de las unidades más
debilitadas a nivel comunal y hemos generado un proyecto medioambiental mucho más
ambicioso.
¿Por qué ese énfasis?
–Porque el tema medioambiental no es una cuestión meramente ecológica. Obviamente
existe la preocupación de resguardar el entorno, pero además existe la conciencia de que
hoy en día el quehacer enfrenta una legislación y normativa mucho más complicadas. Por
lo tanto, el incumplimiento de esa normativa al final trae mayores perjuicios al Municipio
a través de multas por incumplimientos que terminan golpeando más a la ciudad, tanto
desde el punto de vista económico como de la calidad de vida de los habitantes que se
ven enfrentados a ruidos molestos a altas horas de la noche, contaminación acústica,
contaminación lumínica y visual.
En el pasado este Municipio debió enfrentar un pasado asociado a permanentes
incumplimientos normativos y que, en el pasado, llegó a generar un déficit de $ 1.000
millones que debió cancelar y que ahora lo lleva a invertir en mejorar el equipo de
fiscalización ambiental y también su política en esta materia.
Pero, para cumplir cabalmente la normativa también hay que modificar ordenanzas
antiguas todavía vigentes.
–Ése es un segundo elemento de modernización que se está llevando a cabo en Iquique,
actualmente y que apuntan a contribuir para que a nivel normativo el municipio pueda
regular algunos aspectos hoy desregulados y que tienen que ver particularmente con el
ruido y el tratamiento de la basura.
¿Y cómo se podría materializar ambas líneas de trabajo ambiental, ruido y basura?
–Es muy importante, por ejemplo, que el equipo de fiscalización de seguridad ciudadana
esté capacitado para fiscalizar los locales que hoy día estén generando ruido sobre los
máximos permitidos por la normativa. La ordenanza de Ley de Alcoholes es muy clara en
ese sentido y lo que tenemos hoy en Iquique, lamentablemente, es un conjunto de locales
que a través de la patente de restorán ofician en realidad como bares y lo cual tiene como
derivada la alteración del orden público por la generación de ruidos molestos hasta altas
horas de la noche y la madrugada, de lunes a domingo.
¿Entonces es un problema de la ordenanza municipal?
–Yo pienso que la ordenanza es hoy muy permisiva y tenemos precisamente que modificar
esta ordenanza para que se le exija a los locales instalar sensores de ruido y que, por otro
lado, que se hagan cargo de la recolección de la basura que generan sus procesos
comerciales, además de cumplir con el pago de las leyes sociales asociado al personal que
contratan.
Creemos que es importante que lo anterior debe ser presentado de manera previa a su
solicitud o actualización de su patente de alcohol.
¿La renovación de las patentes de alcohol se produce ahora, en el mes de enero?
–Efectivamente se produce en diciembre-enero y luego a mediados de año, en el mes de
junio y, a los requisitos que establece la Ley nosotros como municipio podemos tener la
facultad de solicitar requisitos adicionales que tengan que ver con disponer de un
contrato para el retiro de la basura.
En ese momento es la ciudadanía la que subvenciona ese retiro a través del sistema de
recolección domiciliaria el cual no tiene por qué retirarle la basura a las empresas, la cual
además tiene un alto volumen comparativamente.
