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Cómo se explica la crisis migratoria de Tarapacá, según el Delegado Quinteros

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El futuro Delegado Presidencial de nuestra región es uno de los autores de un importante libro de investigación, disponible en internet. Allí se afirma que “la securitización de las migraciones ha construido un régimen de ilegalidad e irregularidad de miles de personas extranjeras en Chile, particularmente en la zona fronteriza del Norte Grande”. 

El sociólogo formado en la Universidad Diego Portales y actual profesor de la Universidad Arturo Prat, participa como co-autor del libro “Securitización de las fronteras y Criminalización de las Migraciones”, de 2021. 

Acá, El Longino reproduce para sus lectores algunos párrafos destacados de esta obra, donde se expone una visión crítica de la gestión realizada en esta materia por la administración que dejará la próxima semana. Como contrapartida, el recientemente designado futuro Delegado Presidencial, asume en esta obra una postura que permite proyectar la visión con que el profesional llega a hacerse cargo de la crisis migratoria en nuestra región y que ha dejado brechas en materia de seguridad ciudadana y control fronterizo, entre otros.  

LA ECONOMÍA SOMETIÓ LA FRONTERA 

“Los compromisos internacionales en materia comercial obligan al Estado chileno a mantener una política de fronteras abiertas para los flujos del capital, lo cual exige repensar la seguridad de aquellos territorios críticos que ponen a prueba su atractiva estabilidad para la inversión extranjera. 

 (…) Junto a las estrategias de apertura comercial, se ha observado también la progresiva consolidación de una estrategia gubernamental de securitización migratoria, fuertemente influenciada por la Doctrina de la Seguridad Nacional (Stang, 2016). De forma llamativa, este proceso también encuentra su hito fundacional en 1975 con la entrada en vigencia de la Ley de Extranjería contenida en el Decreto Ley 1094 (DL1094), la cual ha entregado amplios márgenes de discrecionalidad a los agentes de control migratorio para prohibir el ingreso en frontera, realizar detenciones que han sido luego declaradas ilegales por los tribunales superiores de justicia, o bien, aplicar selectiva y discrecionalmente los mecanismos sancionatorios, particularmente las expulsiones (Quinteros, 2016). 

En consecuencia, junto a las estrategias de apertura comercial, se ha observado también la progresiva consolidación de una estrategia gubernamental de securitización migratoria, fuertemente influenciada por la Doctrina de la Seguridad Nacional (Stang, 2016).  

De forma llamativa, este proceso también encuentra su hito fundacional en 1975 con la entrada en vigencia de la Ley de Extranjería contenida en el Decreto Ley 1094 (DL1094), la cual ha entregado amplios márgenes de discrecionalidad a los agentes de control migratorio para prohibir el ingreso en frontera, realizar detenciones que han sido luego declaradas ilegales por los tribunales superiores de justicia, o bien, aplicar selectiva y discrecionalmente los mecanismos sancionatorios, particularmente las expulsiones (Quinteros, 2016)”. 

PLAN FRONTERA NORTE 

“Por una parte, desde el año 2011, esta dinámica de securitización se ha intensificado con la implementación del Plan Frontera Norte 2011-2014, el cual destinó más de USD60 millones para el combate del narcotráfico en las tres regiones del extremo norte del país: Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta (García Pinzón, 2016).  

(…) Por otra parte, durante este mismo período, la política migratoria ha restringido fuertemente el acceso a la regularidad, a través de la eliminación de la visa temporal por motivos laborales y la sucesiva incorporación, como requisito para el ingreso, de visas consulares para determinados países.  

Así, nacionales de República Dominicana, Haití y Venezuela han debido comenzar a obtener sus visas en el país de origen, lo que ha provocado no sólo una baja en los ingresos totales, sino también un aumento del ingreso clandestino (Cerda, 2019). 

En concreto nos centramos, por una parte, en la política de visas consulares y, por otra, en el último proceso de regularización extraordinario de 2018. Luego, se presentan los resultados de estos procesos, analizando particularmente su impacto en las transformaciones que ha experimentado el sistema de deportaciones chileno. Finalmente, se discute la producción de irregularidad migratoria a partir de las estrategias de apertura y cierre de la frontera que se observan en la zona norte de Chile”. 

FRONTERAS PELIGROSAS 

“Las fronteras cumplen un rol clave en la gestión de la seguridad, porque son vistas como un espacio para todo tipo de actividades ilegales y potencialmente peligrosas (Balibar, 2003; 2005). Los bordes de la nación no son impermeables, pero tampoco se desvanecen, sino que se reformulan para cumplir nuevos propósitos mediante un sofisticado proceso de desborde y rebordeo (Sassen, 2007). Esta reconfiguración permite que actúen como un instrumento discriminatorio encargado de clasificar las poblaciones en movimiento (Walters, 2006; Topak, 2014). En efecto, en lugar de actuar como muros que detienen indiscriminadamente todos los flujos, en un mundo globalizado las fronteras son “inteligentes” y vigilan selectivamente ciertos flujos, mientras permiten que otros avancen sin interrupciones: “operan en una coyuntura crítica entre las expectativas de seguridad y los intensos intercambios comerciales” (Deleixhe; Dembinska; Danero Iglesias, 2019, p. 640).  

Con todo, se observa que la globalización no ha borrado las fronteras, sino que ha reformulado sus funciones y las ha convertido en instrumentos políticos clave para controlar las actividades transnacionales irregulares y clandestinas (Sassen, 2007). Así, algunos flujos transnacionales se han favorecido, mientras que “otros han sido sometidos a un escrutinio y monitoreo intensivos, lo que lleva a su securitización” (Deleixhe et al., 2019, p. 645). De esta forma, los gobiernos securitarios son especialmente significativos en los territorios fronterizos, donde la movilidad humana se presenta como una amenaza para la seguridad interna, cultural y económica (Huysmans, 2006)”. 

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