En los últimos 12 meses, delincuentes han robado a la compañía de
distribución eléctrica más de 151.000 metros de cable de cobre, con un
costo de reposición sobre los 2.600 millones de pesos, lo que se traduce en
que el robo se ha casi triplicado en comparación con el año anterior
Las zonas que registran un mayor número de incidentes -medido por la
cantidad de metros de cable robado- son la región Arica-Parinacota con
4.714 metros robados (ocurridos en 43 casos) y Tarapacá con 16.897 metros
de cable de cobre robado ocurrido en 39 casos.
Según informó la compañía eléctrica, el robo de cables es un delito que se
ha vuelto cada día más común, afectando fuertemente a las instalaciones
eléctricas y a la calidad y continuidad del servicio para clientes de amplias
zonas del país.
Según datos de la misma compañía, entre septiembre de 2021 y octubre de
2022, se han registrado 548 eventos de robo de cables en su zona de
concesión, en instalaciones de Media y Baja Tensión.
Como resultado de esto, las bandas delictuales se han apropiado
ilegalmente de más de 37 toneladas de cable de cobre, con un valor
estimado en más de 330 millones de pesos. Asimismo, el gasto en que ha
debido incurrir la compañía para normalizar los servicios eléctricos y la
infraestructura dañada en estas acciones, sobrepasa los 2.300 millones de
pesos en el mismo periodo.
Matías Hepp, director de operaciones de CGE, señala que en el último año
estas bandas delictuales han sustraído más de 151.800 metros de cable de
cobre (151,8 kilómetros). Esto es casi el triple de los 53,3 kilómetros de
cable robados entre enero y diciembre de 2021.
“El robo de conductores afecta a toda la comunidad, ya que provoca
interrupciones en el suministro eléctrico, y puede afectar la seguridad de la
población, causando accidentes, incluso con resultados de muerte, para las
personas que manipulan las instalaciones sin autorización. Estas son bandas
organizadas, con elementos, equipos y tecnología, y su accionar tiene un
impacto negativo en la calidad del suministro eléctrico de las personas”,
señaló el ejecutivo.
“Cada vez que se interrumpe el suministro eléctrico, las empresas grandes y
pequeñas de la zona no pueden trabajar normalmente, los servicios
públicos presentan problemas en el suministro, los colegios o la red de
salud se ven obligados a suspender sus actividades y las personas pueden
enfrentar problemas de seguridad pública. En suma, el delito afecta la
calidad de vida de las personas”, señaló Matías Hepp.
Pero no solo los clientes de CGE han sido afectados. En 2022, cuatro
personas han muerto intentando robar claves, demostrando el peligro de
intervenir las redes eléctricas y el accionar de las mafias que están tras este
ilícito, los cuales presionan a personas vulnerables para concretar dichos
delitos.
El ejecutivo hizo un llamado a las autoridades a poner enfasis en combatir
este delito, dado el impacto que tiene para las comunidades. “Como CGE,
participamos activamente en las mesas de trabajo que las autoridades han
impulsado para combatir este delito. A su vez, en los casos en que
detectamos afectación a las redes de CGE, realizamos la denuncia ante
Carabineros y Ministerio Público, para luego interponer acciones legales
que permitan perseguir a los autores”, concluyó.
