Basura sin solución: 15 años de promesas y el relleno mancomunado sigue pendiente en Alto Hospicio

Desde 2011 se anuncian estudios, inversiones y soluciones definitivas para los residuos de Iquique y Alto Hospicio. Pese a la aprobación ambiental de un nuevo centro de tratamiento, los recursos comprometidos y el cierre operativo del vertedero El Boro, la infraestructura pública mancomunada continúa sin materializarse. Informes de Contraloría, fiscalizaciones ambientales y estudios territoriales exponen las consecuencias de una crisis que sigue afectando a la región.

La gestión de la basura en Alto Hospicio se ha convertido en una deuda histórica que atraviesa distintas administraciones municipales, gobiernos regionales y autoridades nacionales. Durante más de una década, la comunidad ha escuchado anuncios relacionados con la construcción de un moderno relleno sanitario mancomunado, destinado a resolver los problemas de disposición final de residuos sólidos de Iquique y Alto Hospicio. Sin embargo, las promesas acumuladas contrastan con una realidad marcada por retrasos, cuestionamientos administrativos, contaminación ambiental y una solución definitiva que todavía no se concreta.

Lo que comenzó como una iniciativa de cooperación entre municipios terminó convirtiéndose en uno de los proyectos de infraestructura sanitaria más prolongados de Tarapacá. Desde 2011 existen antecedentes de estudios y gestiones para habilitar un nuevo sistema de tratamiento de residuos. Quince años después, la región sigue dependiendo del relleno sanitario privado Santa Inés para la disposición final de la basura domiciliaria de ambas comunas, mientras el proyecto público originalmente presentado como una alternativa moderna continúa pendiente de construcción.

El problema resulta especialmente sensible para Alto Hospicio, comuna que durante años debió convivir con los efectos del antiguo vertedero El Boro, emplazado en su territorio, pero administrado por la Municipalidad de Iquique. Las denuncias por malos olores, proliferación de vectores sanitarios, incendios y contaminación atmosférica fueron parte de una historia que expuso las dificultades de coordinación entre ambas administraciones.

Una investigación publicada por La Tercera el 23 de noviembre de 2014 ya advertía sobre los conflictos entre los municipios por el funcionamiento de El Boro. En aquella oportunidad, se informaba que aproximadamente 25 mil habitantes del sector llevaban más de dos años esperando una solución. El reportaje también daba cuenta de procesos sancionatorios relacionados con las condiciones de operación del recinto.

La situación demuestra que la problemática no es reciente. Por el contrario, los antecedentes revelan que las autoridades conocían desde hace años las dificultades que enfrentaba la comunidad y la necesidad de implementar un nuevo sistema de disposición final.

Un proyecto anunciado desde 2011 que sigue sin concretarse

Los primeros antecedentes del denominado relleno sanitario mancomunado se remontan a 2011, cuando el Concejo Municipal de Iquique aprobó un estudio inicial adjudicado a la empresa KDM S.A. Posteriormente, en 2012, se aprobaron recursos superiores a 350 millones de pesos para desarrollar estudios de factibilidad de un nuevo recinto en el sector de Pampa Perdiz, aproximadamente a siete kilómetros de Alto Hospicio.

La iniciativa pretendía establecer una respuesta de largo plazo para el tratamiento de los residuos generados por ambas comunas, considerando el crecimiento poblacional, la necesidad de cumplir las exigencias sanitarias y la urgencia de reemplazar instalaciones que presentaban serias dificultades de funcionamiento.

No obstante, los años transcurrieron sin que el proyecto avanzara hacia su construcción. Los estudios, modificaciones y nuevas evaluaciones comenzaron a acumularse, mientras la infraestructura existente seguía recibiendo residuos en condiciones cada vez más cuestionadas.

En diciembre de 2018, la Municipalidad de Alto Hospicio ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto denominado Centro de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos de Alto Hospicio. La inversión anunciada entonces alcanzaba aproximadamente 19,8 millones de dólares, equivalentes a más de 13.700 millones de pesos de la época.

La propuesta contemplaba un recinto destinado a recibir residuos sólidos domiciliarios y asimilables, incorporando instalaciones para el tratamiento de materiales orgánicos, reciclaje de residuos inorgánicos y manejo de desechos voluminosos y provenientes de la construcción.

Según los antecedentes presentados, el objetivo era disponer de una infraestructura ambientalmente sustentable, capaz de atender las necesidades de Iquique y Alto Hospicio durante un horizonte de largo plazo. Las proyecciones difundidas en 2019 incluso consideraban el inicio de las obras en mayo de 2020, una fecha que finalmente no se cumplió.

Ese incumplimiento constituye uno de los principales antecedentes de la situación actual: el proyecto no solamente fue anunciado como una respuesta futura, sino que llegó a contar con fechas tentativas de construcción que posteriormente quedaron atrás sin que se materializara la infraestructura comprometida.

Más de $525 millones para estudios y un diseño que no llegó en los plazos comprometidos

Un nuevo capítulo se abrió en enero de 2020, cuando el Consejo Regional de Tarapacá aprobó una inversión de $525.431.000 para financiar la etapa de diseño del Centro de Tratamiento Integral de Residuos, impulsado por la Municipalidad de Alto Hospicio.

La aprobación fue presentada como un avance fundamental para convertir en realidad una iniciativa que ya llevaba años en discusión. Sin embargo, el financiamiento del diseño no significaba que estuvieran asegurados los recursos necesarios para construir y poner en funcionamiento el futuro recinto.

En febrero de 2021 se inició el procedimiento de licitación correspondiente y, el 7 de junio de ese año, la Municipalidad de Alto Hospicio adjudicó los estudios de diseño a SCON Ingeniería Limitada, por un monto cercano a $425 millones y un plazo de ejecución de 357 días corridos.

Conforme a esa programación, los antecedentes técnicos debían encontrarse desarrollados durante 2022. No obstante, una investigación publicada por Vilas Radio el 12 de abril de 2023 estableció que el proyecto continuaba entrampado por dificultades relacionadas con la entrega de los estudios.

La publicación señaló que, a julio de 2022, el diseño todavía no había sido entregado, situación que derivó en una ampliación del plazo originalmente establecido. El retraso resultaba particularmente importante porque la documentación técnica debía permitir avanzar hacia nuevas etapas de evaluación, financiamiento y construcción.

En aquella oportunidad, desde la Municipalidad de Iquique se manifestó que también estaban a la espera de conocer los productos definitivos del estudio, especialmente los componentes relacionados con el reciclaje y la planta de transferencia que debía formar parte del sistema integral.

Así, una iniciativa que había sido anunciada como una solución de largo plazo continuó acumulando procedimientos administrativos sin convertirse en una infraestructura operativa.

Contraloría detectó irregularidades en la gestión de residuos

La prolongada espera por el relleno mancomunado no ha sido el único aspecto cuestionado. El funcionamiento de los contratos municipales relacionados con la recolección y disposición de residuos también fue objeto de observaciones por parte de la Contraloría Regional de Tarapacá.

Mediante el Informe Final de Observaciones N.º 221, de 2024, el organismo contralor examinó los contratos suscritos por la Municipalidad de Alto Hospicio para la recolección de residuos domiciliarios, barrido de calles y diseño del nuevo relleno sanitario mancomunado, considerando antecedentes del período 2018-2023.

Entre sus conclusiones, el informe advirtió deficiencias en los mecanismos de control sobre la prestación de servicios de recolección de basura.

De acuerdo con los antecedentes examinados, durante octubre, noviembre y diciembre de 2023 se registraron servicios que no fueron ejecutados íntegramente debido a problemas relacionados con la disponibilidad de camiones, personal y cobertura de determinados sectores.

Sin embargo, el municipio no efectuó los descuentos que correspondían por los servicios no prestados. La Contraloría calificó esta situación como un pago improcedente y anunció la instrucción de un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades.

El informe también observó que durante enero, febrero y marzo de 2023 la empresa contratista operó con una cantidad de vehículos inferior a la establecida contractualmente, sin que la unidad técnica municipal aplicara oportunamente las multas correspondientes.

El monto de las multas no aplicadas fue calculado en $44.309.040, según los antecedentes expuestos en el documento.

Estas observaciones resultan especialmente relevantes porque demuestran que la crisis de la basura no solamente está vinculada con la ausencia del nuevo relleno sanitario, sino también con el control y fiscalización de los servicios municipales actualmente existentes.

Corresponde precisar que las observaciones administrativas no constituyen, por sí solas, una condena por delitos ni acreditan responsabilidades personales definitivas. Sin embargo, sí representan antecedentes oficiales que obligan a examinar la gestión contractual y las medidas correctivas adoptadas.

En este contexto, permanece abierta una pregunta de interés público: ¿cuáles fueron las consecuencias administrativas de estas observaciones y qué mecanismos se implementaron para impedir que las deficiencias se repitieran?

La respuesta resulta fundamental para transparentar la utilización de recursos municipales destinados a un servicio esencial para la población.

El Boro: se anunció su cierre, pero la solución ambiental tomó otro camino

La historia del antiguo vertedero El Boro constituye uno de los capítulos más complejos de esta problemática. Durante años, el recinto recibió residuos provenientes de Iquique y Alto Hospicio, pese a encontrarse emplazado en territorio de esta última comuna.

Los problemas asociados a su funcionamiento fueron objeto de denuncias vecinales, fiscalizaciones y requerimientos de distintas autoridades.

En octubre de 2021, el Gobierno Regional de Tarapacá informó que el gobernador José Miguel Carvajal había solicitado al entonces ministro de Salud, Enrique Paris, acelerar el cierre del recinto, cuya fecha límite estaba fijada inicialmente para febrero de 2022.

La solicitud estuvo motivada por las denuncias de vecinos que sufrían los efectos de los vectores sanitarios y otros problemas ambientales asociados al funcionamiento del vertedero.

Posteriormente, el 15 de diciembre de 2021, la Municipalidad de Iquique anunció oficialmente que El Boro dejaría de recibir basura, adelantando el plazo establecido por la autoridad sanitaria.

El alcalde Mauricio Soria informó entonces que la basura domiciliaria de Iquique sería trasladada al relleno sanitario privado Santa Inés y que continuarían las gestiones para desarrollar el sellado definitivo del antiguo recinto.

Se trataba de un avance importante: dejar de recibir desechos representaba el término de la operación habitual del vertedero. Sin embargo, aquello no era equivalente a completar su cierre ambiental, ejecutar todas las obras de sellado y garantizar el seguimiento posterior del terreno.

La diferencia adquirió especial relevancia durante los años siguientes.

En 2023, la Corte Suprema acogió una acción de protección relacionada con las consecuencias ambientales del funcionamiento y falta de cierre adecuado de El Boro.

El máximo tribunal ordenó a la Municipalidad de Iquique cesar el depósito de residuos, completar la compactación y sellado del material existente, presentar un plan de cierre dentro del plazo fijado por la sentencia e iniciar su ejecución.

La resolución judicial mencionó los efectos asociados a la presencia de insectos, roedores, gases e incendios que afectaron el entorno de la instalación.

De esta manera, un problema que durante años había sido denunciado por la comunidad terminó requiriendo una intervención judicial destinada a exigir medidas concretas de protección ambiental.

En 2025 se presentó un nuevo plan para cerrar definitivamente El Boro

Otro antecedente significativo apareció el 16 de junio de 2025, cuando la Municipalidad de Iquique ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado Plan de Cierre Relleno Sanitario El Boro, Iquique-Alto Hospicio.

La iniciativa contempla una inversión declarada de US$1.286.925 y considera obras destinadas a establecer condiciones técnicas y sanitarias para el abandono definitivo y seguro del recinto.

Este antecedente demuestra que, pese a que el término de las operaciones fue anunciado en diciembre de 2021, durante 2025 todavía se desarrollaban procedimientos ambientales relacionados con el cierre definitivo.

Es importante distinguir ambos procesos. Una cosa es impedir nuevos ingresos de basura y otra es completar técnicamente el sellado, controlar los impactos posteriores y acreditar el cumplimiento de todas las exigencias ambientales aplicables.

El ingreso de la Declaración de Impacto Ambiental constituye un procedimiento relevante, pero por sí solo no acredita que las obras hayan sido ejecutadas ni que se encuentre concluido el seguimiento ambiental.

Por lo tanto, la situación actual exige determinar qué avances registra el proyecto de cierre, cuáles son las medidas efectivamente implementadas y qué etapas permanecen pendientes.

El relleno Santa Inés permitió continuar el servicio, pero no reemplazó la promesa mancomunada

Tras el término de la recepción de residuos en El Boro, el relleno sanitario Santa Inés pasó a desempeñar un papel fundamental para mantener la continuidad de la disposición final de basura domiciliaria.

El recinto, de administración privada, comenzó a operar en 2020 y constituye la principal instalación autorizada para recibir los residuos sólidos domiciliarios de Iquique y Alto Hospicio.

En octubre de 2021, el Concejo Municipal de Alto Hospicio aprobó un convenio que permitió trasladar sus residuos a Santa Inés a partir de noviembre de ese año. Según la información publicada entonces, el acuerdo contemplaba condiciones económicas transitorias y un aumento progresivo en los porcentajes del valor que pagaría el municipio por la disposición final.

La transición permitió contar con una alternativa operativa frente al cierre de El Boro, pero no significó la materialización del centro mancomunado anunciado desde años anteriores.

Actualmente, la dependencia de una instalación privada plantea interrogantes sobre el costo futuro del servicio, las condiciones contractuales, la capacidad disponible y la necesidad de contar con alternativas de infraestructura pública.

También obliga a diferenciar dos discusiones que frecuentemente se confunden: la existencia de un relleno sanitario autorizado para disponer residuos y la construcción de un centro integral público capaz de incorporar mayores procesos de separación, reciclaje, compostaje y valorización.

Ambos pueden cumplir funciones dentro de una política de residuos, pero no representan exactamente el mismo proyecto ni la misma estructura de gestión.

Un estudio alertó sobre 605 hectáreas de basurales ilegales

La dimensión del problema fue nuevamente expuesta en diciembre de 2024, cuando Corporación Ciudades presentó su estudio sobre gestión de residuos y su impacto territorial en la conurbación Iquique-Alto Hospicio.

La investigación identificó aproximadamente 605 hectáreas ocupadas por basurales ilegales, superficie equivalente a unos 235 estadios Tierra de Campeones. Según sus resultados, cerca del 96% de esas áreas se concentraba en Alto Hospicio.

El estudio también advirtió una disminución del 25% en la cantidad de puntos de reciclaje entre 2022 y 2024, además de señalar que el Centro de Tratamiento Integral de Residuos acumulaba más de doce años de desarrollo sin concretarse.

Otro hallazgo preocupante estuvo relacionado con la situación del vertedero municipal de escombros de Alto Hospicio, cuya capacidad disponible se estimaba en apenas un 1% a comienzos de 2024.

Esta situación adquiere relevancia considerando la generación de residuos provenientes de la construcción, el desarrollo inmobiliario y las obras de infraestructura, que requieren mecanismos específicos de transporte, tratamiento y disposición final.

A este escenario se suma la problemática de los residuos textiles, particularmente la ropa de segunda selección abandonada en sectores desérticos de Alto Hospicio, fenómeno que ha generado preocupación por sus consecuencias ambientales y por los incendios asociados a acumulaciones de material combustible.

Las cifras reflejan que la problemática de la basura supera ampliamente la recolección domiciliaria. Incluye desechos de construcción, residuos voluminosos, textiles, materiales industriales y depósitos clandestinos que requieren soluciones diferenciadas y una fiscalización permanente.

La magnitud territorial de los basurales también permite comprender por qué las campañas ocasionales de limpieza, aunque necesarias, resultan insuficientes si no están acompañadas por sistemas de recepción autorizados, control sobre los transportistas y mecanismos de trazabilidad.

¿Qué establece la legislación sobre el manejo de basura?

Chile dispone de normas que regulan la recolección, transporte, disposición final y valorización de residuos, además de instrumentos destinados a sancionar su eliminación ilegal.

Entre las disposiciones fundamentales se encuentra el Decreto Supremo N.º 189 de 2005, del Ministerio de Salud, que establece condiciones sanitarias y de seguridad básicas para el funcionamiento de rellenos sanitarios.

Esta regulación contempla exigencias técnicas relacionadas con la ubicación, diseño, operación, control de impactos y cierre de instalaciones destinadas a recibir residuos sólidos domiciliarios.

Su objetivo es impedir que los sitios de disposición final funcionen como simples acumulaciones de basura expuestas al ambiente, sin sistemas adecuados de manejo y control.

Asimismo, la Ley N.º 20.920, conocida como Ley de Responsabilidad Extendida del Productor o Ley REP, establece mecanismos para disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y valorización.

Esta legislación busca que determinados productores e importadores asuman responsabilidades respecto de los productos prioritarios que comercializan, una vez que estos terminan su vida útil.

La normativa permite avanzar hacia un modelo en que los residuos no sean considerados exclusivamente materiales destinados a enterrarse, sino también elementos que pueden reincorporarse a procesos productivos mediante sistemas formales de recuperación.

Por otra parte, la Ley N.º 20.879 sanciona el transporte y depósito de desechos en vertederos clandestinos, sitios eriazos, espacios públicos y otros lugares no autorizados.

Las sanciones pueden alcanzar las 100 unidades tributarias mensuales para quienes encargan determinadas conductas de traslado o depósito ilegal, dependiendo de las circunstancias previstas en la ley.

Sin embargo, la existencia de sanciones no garantiza automáticamente la eliminación de los basurales clandestinos. Para ello se requiere fiscalización efectiva, identificación de infractores y disponibilidad de instalaciones autorizadas donde puedan entregarse los distintos tipos de residuos.

Alto Hospicio también cuenta con una ordenanza municipal

A nivel comunal, la Municipalidad de Alto Hospicio dispone de una ordenanza que regula el transporte de basuras, desechos, escombros y residuos de diversas categorías.

Mediante el Decreto Alcaldicio N.º 9.142, del 13 de diciembre de 2023, se modificó esta normativa, estableciendo disposiciones aplicables a personas, transportistas y actividades comerciales e industriales desarrolladas dentro del territorio comunal.

El instrumento busca establecer obligaciones, autorizaciones y sanciones relacionadas con el traslado de residuos, contribuyendo a la protección ambiental y al cumplimiento de las normas municipales.

No obstante, resulta necesario conocer cuántas fiscalizaciones se han realizado desde su modificación, cuántas infracciones se han detectado, qué multas se han aplicado y cuántos depósitos ilegales han sido efectivamente erradicados.

La existencia de una ordenanza representa una herramienta administrativa, pero su eficacia depende de los resultados concretos de su aplicación.

En 2025 el Gobierno volvió a anunciar avances

La historia del relleno mancomunado sumó un nuevo anuncio el 26 de agosto de 2025, cuando la entonces subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, informó que se estaban desarrollando gestiones para avanzar en la construcción del futuro Centro de Tratamiento Integral de Residuos.

En una entrevista con Radio Paulina, la autoridad explicó que la Subdere trabajaba junto al Gobierno Regional de Tarapacá y el Banco Interamericano de Desarrollo para cumplir los requisitos técnicos necesarios para conseguir financiamiento.

Uno de los objetivos mencionados fue obtener la Recomendación Satisfactoria, conocida como RS, requisito importante dentro del proceso de evaluación de inversiones públicas.

El anuncio se realizó en el contexto de la Estrategia Nacional de Residuos Municipales y volvió a plantear la necesidad de desarrollar infraestructura moderna, incorporar procesos de reciclaje y fortalecer una gestión sostenible.

Sin embargo, los antecedentes publicados en esa fecha seguían identificando dificultades relacionadas con la conclusión de los diseños técnicos, la ingeniería de detalle y los requisitos necesarios para avanzar hacia la construcción.

En consecuencia, el anuncio de 2025 representó una nueva etapa de gestiones, pero no una confirmación de que las obras hubieran comenzado ni de que existiera financiamiento definitivo para la ejecución.

El escenario resulta aún más significativo si se considera que un documento de planificación ambiental de Iquique, elaborado en enero de 2026, continuaba identificando al centro mancomunado como un proyecto pendiente y en fase de diseño.

El mismo documento advertía que el relleno Santa Inés seguía siendo la única instalación autorizada para la disposición final de residuos domiciliarios de ambas comunas y que la tasa regional de valorización de residuos era de apenas 0,5%.

Estos antecedentes confirman una distancia considerable entre los objetivos anunciados durante años y la infraestructura que efectivamente ha llegado a operar.

¿Quién debe responder por los retrasos?

La extensa trayectoria del proyecto plantea interrogantes sobre las responsabilidades administrativas y políticas acumuladas durante más de una década.

La Municipalidad de Alto Hospicio ha participado como impulsora y mandante de estudios destinados a desarrollar el centro de tratamiento, mientras la Municipalidad de Iquique ha formado parte de las gestiones de cooperación necesarias para abordar una solución compartida.

El Gobierno Regional, por su parte, ha intervenido mediante la aprobación de recursos para distintas etapas de formulación, mientras organismos nacionales como la Subdere cumplen funciones relacionadas con financiamiento y apoyo a proyectos de infraestructura municipal.

A ello se suman las atribuciones de los organismos sanitarios y ambientales, responsables de evaluar, autorizar y fiscalizar las instalaciones conforme a sus respectivas competencias.

El carácter interinstitucional del proyecto no elimina las responsabilidades particulares. Por el contrario, vuelve indispensable conocer qué compromisos asumió cada organismo, cuáles fueron cumplidos, qué dificultades surgieron y qué decisiones explican los sucesivos retrasos.

La ciudadanía necesita información actualizada sobre el estado contractual del diseño adjudicado a SCON Ingeniería, la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental N.º 47 de 2019, el estado de las recomendaciones técnicas, las condiciones del terreno proyectado y el monto actualizado de inversión.

Igualmente, corresponde aclarar si existe un convenio de administración y financiamiento operativo entre las municipalidades, qué estructura tendrá el futuro sistema mancomunado y cuáles serán las obligaciones económicas de cada comuna.

Hasta el cierre de esta revisión documental no fue posible verificar una fecha oficial vigente de inicio de construcción ni una fecha de entrada en funcionamiento del centro mancomunado. Tampoco se acreditó, mediante los antecedentes consultados, que las obras del nuevo recinto se encuentren en ejecución.

Esta ausencia de certezas constituye uno de los principales aspectos pendientes.

Una deuda que exige algo más que nuevos anuncios

La experiencia de Alto Hospicio demuestra que la gestión de residuos debe abordarse como una política pública permanente, no únicamente como una respuesta a emergencias sanitarias o conflictos puntuales.

Los anuncios realizados durante quince años, las inversiones en estudios, las observaciones de Contraloría, las decisiones judiciales y los informes ambientales permiten reconstruir una historia en la que existen avances administrativos, pero también retrasos persistentes.

El cierre operativo de El Boro fue un paso significativo para disminuir la recepción de residuos en un recinto cuestionado durante años. Sin embargo, no resolvió por sí solo la necesidad de ejecutar su cierre ambiental definitivo ni sustituyó la construcción del centro de tratamiento público comprometido.

Del mismo modo, el funcionamiento del relleno Santa Inés permite mantener la disposición final de basura domiciliaria, pero no elimina la necesidad de fortalecer el reciclaje, controlar los depósitos clandestinos y establecer soluciones específicas para residuos de construcción, textiles y materiales voluminosos.

Los antecedentes históricos muestran que el principal problema no ha sido la ausencia de diagnósticos. Desde hace más de una década se conoce la necesidad de disponer de una solución integral para Iquique y Alto Hospicio.

Lo que sigue pendiente es transformar los estudios, aprobaciones y compromisos institucionales en infraestructura concreta, con financiamiento, responsabilidades y plazos verificables.

Para las familias de Alto Hospicio, especialmente aquellas que durante años convivieron con los efectos de El Boro y los depósitos ilegales, la discusión tiene consecuencias directas sobre su entorno y calidad de vida.

Después de quince años de anuncios, la pregunta ya no puede limitarse a cuándo se presentará un nuevo estudio o se realizará otra reunión de coordinación. La comunidad necesita saber cuándo comenzarán las obras, cuánto costará finalmente el proyecto, quién administrará el sistema y qué garantías existirán para que la solución prometida no vuelva a quedar postergada.

Mientras esas respuestas no existan, el relleno sanitario mancomunado continuará representando una deuda pendiente con Alto Hospicio y con toda la Región de Tarapacá.