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Bajo un mismo techo, pero con enormes diferencias

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Los apetitos autoritarios alcanzados en el Pleno de la Convención Constitucional (CC) continúan causando diferencias enormes, al categorizar en distintas propuestas, a ciudadanos de primera y segunda clase.

¿Cómo explican a la ciudadanía, que la que tenía que ser la casa de todos está siendo, en parte, la casa de otros, porque no existe ánimo alguno de coexistir en la discusión constitucional en temas fundamentales y principios que nos unen? Muy por el contrario, se insiste en levantar muros, en aumentar el aparataje público, todo esto bajo falsos eslóganes de mayor integración.

Uno de los tantos ejemplos de este sesgo reiterativo es la incorporación de “naciones preexistentes” a la propuesta constitucional. Se refiere, a la autonomía territorial indígena, la libre determinación, competencias exclusivas de los indígenas, autoridades propias, consulta previa y consentimiento, suma y sigue… Quiénes aprobaron esta propuesta ¿se han preguntado si el 80 por ciento de la ciudadanía que votó Apruebo, quiere realmente esto?

En relación con las delimitaciones territoriales del ejercicio de dicha autonomía, la especificación es tan vaga como la misma norma. “Serán consideradas, a lo menos, las tierras y territorios que actual o tradicionalmente han sido ocupados por el respectivo pueblo o nación indígena, que podrán ser acreditados por todos tipos de antecedentes que puedan dar fe de la ocupación”, dice el numeral 3 del artículo 21. El método propuesto, establece registros públicos e históricos, informes “oficiales”, investigaciones… Y aquí, la guinda de la torta: “hitos y espacios de significación cultural, espiritual, memoria oral”, entre otros.

También, para la administración y gobierno de la autonomía territorial indígena, se podrá llevar a cabo y reformar su propio Estatuto Autonómico y plan de desarrollo respectivo, en total independencia, en un mapa de dominio total del territorio, elaborar y aprobar un presupuesto anual, dinero que deberá ser considerado en el presupuesto anual del Estado. Es decir, más gasto fiscal y aumento significativo año a año en la medida que se vayan constituyendo más autonomías territoriales indígenas.

Es así como en cada artículo aparecen más derechos, potestades y poco y nada sobre deberes. Más murallas en la mal llamada casa de todos y un pequeño rinconcito para quienes queremos coexistir bajo un mismo techo.

Por un lado, se pide autonomía, pero por otro se exige que el Estado garantice y proporcione las fórmulas necesarias- incluso aquellas que implican gasto fiscal- para que se logre.  Me niego a legitimar una fórmula que promueva la diferencia entre unos y otros. O es la casa de todos o es la casa de ninguno.

Álvaro Jofré Cáceres

Convencional Constituyente

Distrito 2 – Tarapacá

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