El caso generado por la ocupación ilegal de terrenos en el poblado de Huarasiña llegó al punto más alto de la controversia en la que están involucrados un sector de los pobladores y la directiva de la Primera Diablada de esa localidad. El tema de arrastra desde hace varios años y actualmente es inminente el desalojo de quince casas, de «segundo domicilio» instaladas muy cerca del Río.
Para conocer de primera fuente oficial, Diarios Longino concurrió a hasta la oficina regional del Ministerio de Bienes Nacionales, cuyo Departamento de Comunicaciones entregó información sobre ese caso en particular y qué debería ocurrir para determinar su solución.
Así, logramos saber que el asunto comenzó hace más de siete años, cuando, vecinos de Huarasiña interpusieron una denuncia formal ante la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales. En ese trámite dieron cuenta de ocupaciones ilegales de inmuebles fiscales realizadas por particulares, es decir por una población flotante, en el cauce de la bajada de agua del Río Tarapacá, que es una zona de riesgo de catástrofe, pues en algunos períodos de crecida del río es de tal magnitud que inunda toda el área, arrastrando con fuerza por las aguas, todo a su paso. De acuerdo a la misma fuente, es que, desde marzo del año 2016, se solicitó la restitución de los espacios ocupados. La última resolución corresponde al 28 de septiembre del presente año 2022; es decir, desde hace poco más de un mes.
Consultada esa secretaría por las medidas a tomar para recuperar los terrenos fiscales y si acaso ocurrirá un desalojo con apoyo de la fuerza pública, se nos explicó que una de las facultades del Ministerio de Bienes Nacionales, por Ley 1939, es cuidar que los bienes fiscales y nacionales, se respeten y conserven para el fin que corresponda.
Según se informó, una de las facultades del Ministerio de Bienes Nacionales es por Ley 1.939 cuidar que los bienes fiscales y nacionales de uso público, se respeten y conserven para el fin a que estén destinados. A su vez impedir que se ocupe todo o parte de ellos y que se realicen obras que hagan imposible o dificulten el uso común, en su caso.
«Es por esto nosotros solicitamos las restituciones administrativas. No obstante, esta facultad, los delegados presidenciales, por mandato legal deben ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente de los nacionales de uso público. En uso de esta facultad, el delegado presidencial velará por el respeto al uso a que están destinados, impedirá su ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe su uso común y exigirá administrativamente su restitución cuando proceda”.
DICTAMEN
Vale consignar, además que la Ley Orgánica Constitucional sobre gobierno y administración regional que, a lo anterior se debe agregar que existe un dictamen de Contraloría N° E111070/2021, que pide dar cumplimiento a la restitución administrativa ordenada por la Gobernación Provincial (actual delegación) y como servicio público «estamos obligados a cumplir con lo instruido por el órgano contralor, dictámenes que resultan vinculantes para todos los órganos sujetos a su fiscalización, como lo es el Ministerio de Bienes Nacionales».
Diarios Longino consultó si es que se han realizado fiscalizaciones en el poblado y a cuántas familias afecta el caso.
De acuerdo a la respuesta, se nos informó que cuando se han realizado fiscalizaciones, nunca se han encontrado moradores en las 15 casas que albergan a bailarines en época de fiestas religiosas. Pero se nos explicó que se trata de mediaguas o segundas viviendas que no se habitan permanentemente, salvo en épocas de festividades religiosas.
«No obstante lo anterior, el Ministerio de Bienes Nacionales está velando por la seguridad e integridad de estas personas, que están ubicadas en el lecho de un río.
También preguntamos si la petición de desalojo formulada por el pueblo viene desde hace años y por qué el gobierno anterior no hizo cumplir la ley, explicaron que el proceso de restitución administrativa de los terrenos, no concretó antes por la situación sanitaria
El proceso de restitución administrativa no se concretó por la situación sanitaria de ese entonces.
Finalmente, se informó que en las últimas semanas Bienes Nacionales ha sostenido reuniones con las delegaciones presidenciales y provinciales, para coordinar las restituciones administrativas, «ya que es lo que nos mandata la ley y como ministerio nos compete la correcta gestión del patrimonio, de forma ordenada y planificada» informó la Unidad de Comunicaciones.
