Acusación contra Rabat fractura al oficialismo y complica al Gobierno de Kast

• Diputados vinculados a la UDI se abren a respaldar la ofensiva opositora contra el ministro de Justicia. Hotuiti Teao anunció su disposición a aprobar el libelo, mientras Ximena Naranjo figura entre los parlamentarios que evalúan apoyarlo. La Moneda enfrenta una compleja negociación para evitar una derrota política en el Congreso.

La controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad abrió un nuevo y delicado frente político para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Lo que comenzó como una ofensiva de la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, terminó instalando una creciente división dentro del propio oficialismo, donde parlamentarios de la UDI comenzaron a distanciarse de la defensa del secretario de Estado.

El escenario adquirió especial relevancia después de que el diputado Hotuiti Teao (independiente-UDI) manifestara públicamente su disposición a respaldar una acusación constitucional. “Si usted me pregunta si hoy hubiera una acusación constitucional, obviamente que yo votaría a favor”, afirmó el legislador, aunque posteriormente precisó que su decisión definitiva dependerá del contenido jurídico del libelo.

Según informó La Tercera, la diputada Ximena Naranjo también figura entre los parlamentarios oficialistas fuertemente inclinados a respaldar la acusación, junto a Omar Sabat. Sin embargo, hasta ahora se trata de posiciones en evaluación y no de votos formalmente comprometidos.

La situación amenaza con transformar la controversia judicial en una crisis de gobernabilidad parlamentaria. Para La Moneda, el problema ya no consiste solamente en contener los cuestionamientos de la oposición, sino también en evitar que sus propios aliados terminen proporcionando los votos necesarios para avanzar contra uno de sus ministros.

La diputada Marlene Pérez (independiente-UDI) igualmente ha cuestionado la permanencia de Rabat, sosteniendo que la protección de la infancia debe situarse por encima de las lealtades políticas. Su postura refleja la tensión que enfrenta el oficialismo entre respaldar al Ejecutivo y responder a las críticas por las rebajas de condenas.

El conflicto quedó reflejado durante la sesión especial de la Cámara de Diputados del miércoles 28 de octubre, cuando se aprobó una resolución solicitando la salida del ministro y de autoridades de Justicia. La iniciativa obtuvo 68 votos favorables, 42 en contra y siete abstenciones, incluyendo respaldos de legisladores vinculados al Gobierno.

LA MONEDA ENFRENTA UNA COMPLEJA NEGOCIACIÓN

La oposición confirmó que impulsará una acusación constitucional y trabaja para reunir los apoyos necesarios. Según los cálculos parlamentarios difundidos, cuenta con una base cercana a 62 votos y requiere ampliar sus respaldos para alcanzar la mayoría de los diputados presentes.

En una sesión con los 155 integrantes de la Cámara, serían necesarios 78 votos. En ese escenario, la posición del Partido de la Gente, que cuenta con 14 parlamentarios, y de eventuales disidentes oficialistas podría resultar determinante.

El Presidente Kast ha mantenido su respaldo a Rabat y, según publicaciones de prensa, realizó gestiones personales con parlamentarios para contener la ofensiva. En paralelo, algunos sectores oficialistas consideran que la continuidad del ministro puede profundizar las diferencias internas.

La defensa del secretario de Estado se sustenta en que las decisiones adoptadas respondieron a criterios legales y resoluciones de la Corte Suprema. La oposición, en cambio, cuestiona las responsabilidades constitucionales y políticas asociadas a los decretos que permitieron las rebajas.

El desenlace dependerá tanto de los fundamentos jurídicos de la acusación como de una negociación parlamentaria que comienza a tensionar las relaciones entre el Ejecutivo y sus aliados.

De esta manera, el caso Rabat se instala como una prueba política para La Moneda. El Gobierno deberá decidir cómo sostener la defensa de su ministro sin profundizar las diferencias con los partidos que respaldan su administración, mientras la oposición busca convertir el descontento oficialista en los votos necesarios para una acusación constitucional.