Patricio Meza García Administrador en Seguridad Pública
La creciente preocupación por la seguridad ciudadana ha convertido este tema en una de las principales demandas de la sociedad chilena. El aumento en los hechos delictivos y la sensación de inseguridad generalizada han llevado al gobierno a implementar medidas que buscan mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de velar por el orden público. Una de estas medidas es la implementación de cursos de patrullaje mixtos entre Carabineros de Chile y las municipalidades, especialmente en la región metropolitana. Esta estrategia, aunque aún en fase experimental, podría marcar el inicio de lo que algunos ya consideran el renacimiento de las policías municipales, que en su tiempo tuvieron un rol clave en la seguridad de distintas comunas del país.
Un modelo que ya existió en Chile.
La idea de una policía municipal no es nueva en nuestra historia. En décadas pasadas, algunas comunas contaban con su propia fuerza policial, dedicada a tareas de seguridad local. Estas fuerzas complementaban la labor de Carabineros, centrando sus esfuerzos en la prevención y el control de delitos menores, lo que permitiría una mayor efectividad en el uso de recursos policiales. Sin embargo, con el tiempo, esta estructura fue desmantelada, y hoy en día son los municipios los que, sin contar con facultades plenas en materia de seguridad, intentan enfrentar la delincuencia mediante medidas indirectas, como la instalación de cámaras de vigilancia, patrullajes de seguridad ciudadana y la colaboración con Carabineros.
El creciente clamor por una mayor presencia policial ha revivido el debate sobre si es tiempo de reintroducir un cuerpo de policía municipal en Chile. Los patrullajes mixtos son una medida que busca optimizar los recursos de Carabineros, permitiendo que los municipios apoyen en la prevención de delitos de bajo riesgo. Pero la interrogante que surge es si este modelo es suficiente para enfrentar una delincuencia que, cada día, se torna más violenta y sofisticada, o si es necesario avanzar hacia un sistema más robusto y permanente.
El déficit de personal en Carabineros
Uno de los problemas más graves que enfrenta Carabineros de Chile es la falta de dotación suficiente para cubrir las crecientes necesidades de seguridad de la población. Las exigencias de la ciudadanía en cuanto a seguridad no han dejado de aumentar, mientras que los recursos disponibles para responder a estas demandas no han crecido a la par. En la actualidad, Carabineros, siendo una policía esencialmente preventiva, no cuenta con el personal suficientes; no obstante, los medios logísticos están para hacer frente a la totalidad de los delitos que ocurren en el país. Esto ha llevado a un sentimiento de impotencia en muchos sectores, que ven cómo el aumento de la criminalidad supera la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden y seguridad.
Ante este panorama, surge la necesidad de encontrar alternativas que permitan complementar la labor de Carabineros. Los patrullajes mixtos representan un esfuerzo por parte del gobierno y los municipios para mejorar la percepción de seguridad, pero su alcance es limitado, si no se acompañan de otras medidas más estructurales, como un incremento significativo en la dotación policial y una reconfiguración de las estrategias de seguridad.
El uso de armas no letales: una opción viable
Otro tema que ha comenzado a ganar fuerza en el debate público es la posibilidad de dotar a las fuerzas de seguridad con armas no letales, una medida que podría ayudar a controlar situaciones de riesgo sin poner en peligro la vida de las personas involucradas. En muchos países del primer mundo, las policías ya utilizan este tipo de equipamiento como una herramienta para neutralizar amenazas sin causar daños irreversibles. Este enfoque podría ser una alternativa viable en el contexto chileno, donde se ha hecho evidente la necesidad de contar con más medios para enfrentar a los delincuentes, especialmente en situaciones donde el uso de la fuerza letal no es necesario.
El descontrol criminal que actualmente afecta a Chile requiere de respuestas rápidas y efectivas. No se puede permitir que la delincuencia siga creciendo sin control, poniendo en peligro la integridad física y psicológica de los ciudadanos. De no tomar medidas contundentes, el país se arriesga a enfrentar hechos aún más graves, que podrían generar un daño irreparable en nuestra sociedad. Por ello, el debate sobre el uso de armas no letales no debería ser descartado de plano, sino evaluado como parte de una estrategia integral para enfrentar la criminalidad.
Nuevas costumbres criminales y el desafío legislativo
El aumento de la delincuencia no solo se ha manifestado en la cantidad de delitos cometidos, sino también en la llegada de nuevas formas de crimen, a las que los chilenos no estamos acostumbrados. El narcotráfico, las bandas organizadas y la violencia extrema han comenzado a formar parte del paisaje criminal en nuestro país, obligándonos a replantear las estrategias de seguridad y las normativas que rigen la acción de las fuerzas del orden.
Ante este escenario, surge la pregunta de si es necesario soportar las penas o incluso considerar medidas más radicales, como el restablecimiento de la pena de muerte. Aunque este último punto es altamente controvertido y parece inviable en el contexto actual, refleja el nivel de preocupación que existe en la sociedad respecto a la criminalidad. En lugar de enfocarnos en soluciones extremas, deberíamos concentrarnos en fortalecer el marco legal, aumentar las penas por delitos graves y, sobre todo, mejorar los sistemas de prevención y rehabilitación.
El rol de los alcaldes en la seguridad pública
En medio de este complejo panorama, muchos candidatos a alcaldes han incluido promesas de seguridad en sus programas de gobierno. Sin embargo, la pregunta que surge es si los alcaldes realmente tienen las facultades necesarias para cumplir con estas promesas. Actualmente, las municipalidades tienen un papel limitado en la lucha contra la delincuencia, pues la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado y las fuerzas de orden y seguridad.
A pesar de esto, algunos alcaldes han implementado medidas innovadoras para mejorar la seguridad en sus comunas, como la instalación de sistemas de videovigilancia o la creación de patrullas de seguridad ciudadana. Sin embargo, estas iniciativas, aunque efectivas en algunos casos, no son suficientes para enfrentar el problema de fondo. Para que los alcaldes puedan tener un rol más activo en la lucha contra la delincuencia, es necesario que exista una voluntad política real de modificar el marco legal, permitiéndoles tener más atribuciones en materia de seguridad.
Conclusión: la seguridad como prioridad
El tema de la seguridad es, sin duda, uno de los más importantes y urgentes que enfrenta Chile en la actualidad. Las demandas de la ciudadanía por mayor protección no solo son legítimas, sino que reflejan la necesidad de implementar medidas efectivas y sostenibles en el tiempo. La colaboración entre Carabineros y las municipalidades a través de los patrullajes mixtos es un paso en la dirección correcta, pero es solo el comienzo de un proceso más amplio que requiere una transformación profunda de las políticas de seguridad pública en nuestro país.
Es hora de tomar decisiones valientes y comprometidas para garantizar la seguridad de todos los chilenos, fortaleciendo tanto a las fuerzas policiales como a las autoridades locales, y explorando nuevas alternativas para enfrentar la criminalidad de manera eficaz. Solo así podremos recuperar la tranquilidad en nuestras ciudades y ofrecer a las futuras generaciones un país más seguro y justo.
