Gobierno activa “modo empleo” y anuncia plan para crear 50 mil puestos de trabajo antes de octubre

• La estrategia contempla subsidios a la contratación, recursos para proyectos comunales, apoyo al emprendimiento y coordinación con los gobiernos regionales y el sector privado.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas Valdés, aseguró que el Gobierno entró oficialmente en “modo empleo”, concepto con el que el Ejecutivo busca situar la creación de puestos de trabajo como una de sus principales prioridades frente a las cifras de desocupación y al prolongado debilitamiento de la actividad económica.

Durante una entrevista en el programa Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado explicó que la primera etapa del plan contempla la generación de 50 mil empleos que deberían encontrarse operativos antes de octubre, mediante subsidios a la contratación, programas desarrollados a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y fondos destinados al emprendimiento y las pequeñas empresas.

“A ver, modo empleo significa que la mayor relevancia de las actuaciones del Gobierno va a estar empujando el empleo”, sostuvo Mas, quien reconoció que el país enfrenta una situación laboral compleja, con más de 950 mil personas desocupadas.

El ministro atribuyó este escenario a un extenso periodo de bajo crecimiento, aunque aseguró que la administración decidió concentrarse en las medidas que puede implementar para enfrentar el problema, en lugar de limitarse a responsabilizar a gobiernos anteriores.

“Estamos conscientes, y lo hemos dicho, de que recibimos una economía después de 12 años sin crecimiento, y una de sus consecuencias es el desempleo de más de 950 mil personas. Más que mirar para atrás, nos estamos haciendo cargo. Somos Gobierno y estamos ofreciendo un plan que es bastante robusto”, señaló.

La declaración del biministro se produce en momentos en que el empleo se ha instalado como uno de los principales desafíos económicos y sociales para el Ejecutivo. La falta de oportunidades laborales, especialmente entre mujeres, jóvenes y trabajadores informales, ha aumentado la presión sobre el Gobierno para entregar respuestas de corto plazo y, al mismo tiempo, generar condiciones que permitan una reactivación más sostenida.

Un plan de emergencia para el invierno

Daniel Mas explicó que los 50 mil empleos anunciados forman parte de un plan de emergencia pensado para enfrentar la menor actividad económica que tradicionalmente se registra durante los meses de invierno.

“Estas medidas de emergencia, estos 50 mil empleos que anunciamos hace algunos días, son la primera actuación. Son empleos que queremos que estén trabajando y funcionando antes de octubre”, indicó.

Según detalló la autoridad, una parte importante del programa corresponderá a subsidios al empleo que serán canalizados por medio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, cuyas postulaciones comenzarán el miércoles 15 de julio.

El ministro precisó durante la entrevista que el programa contempla 25 mil subsidios a la contratación. Estos beneficios buscarán incentivar a las empresas a incorporar nuevos trabajadores, reduciendo temporalmente parte de los costos asociados a la contratación formal.

La efectividad de esta herramienta dependerá, sin embargo, de la capacidad del Gobierno para asegurar que los incentivos se traduzcan en empleos adicionales y no solamente en el financiamiento de contrataciones que las empresas ya tenían contempladas.

El desafío también estará en garantizar que las vacantes sean distribuidas territorialmente y no terminen concentrándose exclusivamente en las regiones con mayor actividad económica. En zonas como Tarapacá y Antofagasta, donde conviven industrias de gran escala con altas cifras de informalidad y desempleo, la implementación regional del plan será clave.

A ello se suma la necesidad de que los empleos creados no sean únicamente transitorios. Si bien el Ejecutivo ha presentado la iniciativa como un shock de corto plazo, el deterioro del mercado laboral exige medidas capaces de sostenerse más allá de los meses de invierno.

Recursos para programas comunales

Un segundo componente de la estrategia será ejecutado a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere, mediante una inversión de $20 mil millones  destinada a financiar 137 programas de alcance local.

De acuerdo con el biministro, se trata de iniciativas de menor tamaño, pero con capacidad para impactar de manera directa en distintas comunidades y generar oportunidades laborales en un periodo reducido.

“Son empleos que se van a generar a través de programas de Subdere, que ha invertido $20 mil millones en 137 programas pequeños que impactaran a mucha gente”, explicó.

Estos proyectos podrían incluir mejoramiento de espacios públicos, recuperación de infraestructura comunal, mantenimiento urbano, obras menores, saneamiento y otras intervenciones que requieren contratación de mano de obra local.

La apuesta por programas municipales permitiría acelerar la ejecución de los recursos, considerando que muchas comunas cuentan con proyectos previamente diseñados o con necesidades urgentes de intervención.

No obstante, la rapidez con que puedan comenzar las obras dependerá de los mecanismos administrativos utilizados, de la disponibilidad de los municipios y de la capacidad de cada territorio para ejecutar los fondos dentro de los plazos comprometidos.

Para las regiones, esta línea representa una oportunidad de vincular el programa de empleo con necesidades históricas de inversión en barrios, caminos, espacios comunitarios, áreas verdes y servicios básicos.

En las comunas del norte, por ejemplo, existen déficits vinculados al deterioro urbano, la falta de infraestructura, la presencia de microbasurales y la necesidad de recuperar espacios públicos. La orientación territorial de los recursos podría permitir que la generación de empleo se traduzca, además, en obras visibles para las comunidades.

Apoyo a pymes y emprendimientos

El plan considera también una línea de fortalecimiento para pequeñas y medianas empresas a través del Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec.

Según los antecedentes entregados por el Gobierno, se destinarán $5 mil millones para apoyar a las pymes y promover iniciativas de emprendimiento, con el objetivo de generar alrededor de 5 mil oportunidades laborales o de autoempleo distribuidas a lo largo del país.

Mas destacó que este componente permitirá que la agenda no se limite a la contratación tradicional, sino que incorpore a personas interesadas en iniciar o fortalecer actividades productivas propias.

“Son 5 mil empleos de emprendimiento a través de Sercotec, y eso también se distribuye a lo largo de Chile”, sostuvo.

La inclusión de las pequeñas empresas resulta relevante considerando que una parte importante del empleo nacional depende de este sector. Sin embargo, las pymes han enfrentado durante los últimos años dificultades relacionadas con el acceso al crédito, el incremento de los costos operacionales, la menor demanda y los problemas para mantener empleos formales.

En ese contexto, los recursos anunciados deberán ser acompañados de mecanismos de postulación simples, asesoría técnica y plazos de evaluación compatibles con la urgencia económica planteada por el propio Ejecutivo.

El acceso regional a estos fondos será otro punto a observar. Dirigentes gremiales y emprendedores suelen advertir que los programas públicos presentan exigencias administrativas que dificultan la participación de empresas de menor tamaño o de trabajadores independientes que todavía se mantienen en la informalidad.

La agenda deberá abordar esa realidad para evitar que los beneficios terminen concentrados en emprendimientos con mayor capacidad técnica para formular proyectos, dejando fuera precisamente a quienes enfrentan mayores dificultades económicas.

Coordinación con los gobiernos regionales

Otro de los pilares de la estrategia será la coordinación con los gobiernos regionales. El biministro informó que representantes del Ejecutivo se reunieron con 12 de los 16 gobernadores regionales para invitarlos a participar en la agenda de reactivación y complementar los recursos aportados desde el nivel central.

“Para eso el día viernes nos juntamos con 12 de los 16 gobernadores. Nuestra idea es trabajar con ellos, los invitamos a trabajar con nosotros y están muy disponibles”, señaló.

De acuerdo con Mas, los gobiernos regionales se comprometieron a presentar propuestas para incorporarse al programa y aumentar el alcance de las medidas.

La fórmula planteada por el Ejecutivo apunta a un modelo de inversión compartida, en el que los recursos gubernamentales sean complementados con aportes regionales.

“Nuestra invitación es que sea uno más uno. El Gobierno parte con este impulso inicial de colocar estos recursos y ojalá el grupo de gobernadores pueda llegar con una medida similar”, afirmó.

La colaboración de los gobiernos regionales permitiría adaptar el plan a las necesidades productivas de cada territorio. Mientras algunas zonas requieren medidas para fortalecer el turismo, la agricultura o la construcción, otras necesitan enfrentar el desempleo en sectores vinculados a la minería, el comercio, la logística y los servicios.

En las regiones mineras, el desafío pasa además por mejorar el vínculo entre las grandes inversiones y el empleo local. El crecimiento de la actividad extractiva no siempre se traduce automáticamente en oportunidades para los trabajadores de las ciudades donde se desarrollan los proyectos.

Por esta razón, una coordinación efectiva con los gobiernos regionales podría permitir la creación de programas de capacitación, certificación de competencias, apoyo a proveedores locales y contratación de mano de obra regional.

El sector privado como actor central

El biministro también reconoció que el Estado no puede resolver por sí solo el problema del desempleo y que la generación sostenible de puestos de trabajo dependerá principalmente del sector privado.

“La agenda tiene que conversar con los partidos políticos, tiene que conversar con el mundo empresarial. El mundo empresarial es el que genera los empleos; nosotros ponemos las condiciones”, expresó.

La frase refleja la orientación que el Ejecutivo pretende imprimir a su política económica: utilizar recursos fiscales y herramientas públicas para incentivar la inversión, pero entregando al sector privado un papel central en la recuperación del mercado laboral.

El Gobierno espera que los subsidios, el apoyo a las pymes y la inversión regional permitan movilizar recursos adicionales y mejorar las expectativas empresariales.

No obstante, el éxito del programa estará estrechamente relacionado con el comportamiento general de la economía. Si la actividad productiva continúa estancada, los subsidios pueden generar un alivio temporal, pero difícilmente bastarán para reducir de manera estructural la desocupación.

El mercado laboral no depende exclusivamente de programas de emergencia. También requiere mayores niveles de inversión, certeza regulatoria, acceso al financiamiento, productividad y crecimiento sostenido.

En ese sentido, el “modo empleo” anunciado por el Gobierno enfrenta una prueba política y económica relevante. La ciudadanía no solo evaluará el número de cupos comprometidos, sino también la calidad de los trabajos, su duración, sus remuneraciones y su distribución entre las distintas regiones.

La urgencia de recuperar el crecimiento

Daniel Mas sostuvo que el desempleo es una de las principales consecuencias del bajo crecimiento experimentado por el país durante los últimos años.

La relación entre ambos factores ha sido reconocida transversalmente por economistas y actores políticos: sin expansión de la actividad, las empresas tienen menos incentivos para invertir, contratar nuevos trabajadores o aumentar sus operaciones.

El Ejecutivo intenta responder inicialmente mediante una política de choque, pero al mismo tiempo deberá avanzar en una agenda que permita recuperar la inversión privada y facilitar la ejecución de proyectos.

El anuncio de 50 mil empleos antes de octubre representa una meta ambiciosa debido al breve periodo disponible para materializar las contrataciones, distribuir los subsidios y comenzar la ejecución de los programas comunales.

El calendario obliga a los organismos públicos a actuar con rapidez, pero también exige controles suficientes para asegurar que los recursos sean utilizados correctamente y que los puestos comprometidos sean efectivamente creados.

Otro desafío será transparentar cómo se contabilizarán los empleos. El Gobierno deberá precisar cuántos corresponderán a nuevas contrataciones, cuántos tendrán carácter temporal, cuántos estarán asociados a emprendimientos y qué mecanismos se utilizarán para verificar su permanencia.

La claridad de estos antecedentes será indispensable para medir los resultados del plan y evitar que las cifras sean interpretadas únicamente como un anuncio político.

Expectativas en las regiones

El despliegue territorial de las medidas será especialmente observado por las regiones que registran dificultades persistentes en materia de empleo, informalidad y acceso a oportunidades.

En Tarapacá, Antofagasta y otras zonas del norte, la existencia de grandes actividades económicas contrasta con la realidad de miles de familias que no acceden a empleos estables o que dependen de ocupaciones informales.

Los gobiernos regionales y municipios deberán definir proyectos que permitan responder a esas particularidades, evitando una distribución uniforme de los recursos que ignore las diferencias entre los territorios.

En el caso de las comunas con alta dependencia del comercio, la construcción o los servicios, el apoyo a las pymes podría resultar determinante. En localidades rurales o apartadas, en cambio, los programas de inversión pública y mejoramiento de infraestructura podrían tener un mayor impacto.

También será necesario incorporar a las mujeres y los jóvenes, grupos que suelen presentar mayores dificultades para ingresar y mantenerse en el mercado laboral.

Los subsidios deberán considerar condiciones que incentiven la contratación de personas con menor experiencia, trabajadores desempleados por periodos prolongados y mujeres que enfrentan obstáculos relacionados con las labores de cuidado.

Sin políticas complementarias de capacitación, transporte y conciliación familiar, parte de la población podría continuar al margen de las oportunidades generadas.

Una primera respuesta que deberá demostrar resultados

El llamado “modo empleo” constituye una de las primeras señales con que el Gobierno busca enfrentar una de las mayores preocupaciones de la población.

La creación de 50 mil puestos de trabajo, los subsidios gestionados por Sence, los $20 mil millones para proyectos comunales y los $5 mil millones destinados al emprendimiento conforman una estrategia que combina intervención estatal, ejecución territorial y participación privada.

Sin embargo, el anuncio deberá traducirse rápidamente en contrataciones reales para evitar que quede reducido a una declaración de intenciones.

El plazo fijado por el propio Ejecutivo, antes de octubre, permitirá evaluar en pocos meses la capacidad de coordinación entre ministerios, servicios públicos, municipios, gobiernos regionales y empresas.

Para el biministro Daniel Mas, el objetivo inmediato es claro: colocar el empleo en el centro de las decisiones gubernamentales y movilizar al resto de los actores económicos.

La principal interrogante será si este impulso inicial logra transformarse en una recuperación sostenida o si sus efectos quedarán limitados a programas temporales de invierno.

El Gobierno apuesta a que la coordinación con el sector privado y las regiones amplíe el alcance de la iniciativa. Pero en un escenario marcado por casi un millón de personas desempleadas, el desafío supera ampliamente la primera meta anunciada.

El “modo empleo” comienza así bajo una alta expectativa ciudadana y con la obligación de entregar resultados concretos. Más allá de los montos comprometidos y del número de cupos anunciados, la prueba definitiva estará en la capacidad del plan para devolver estabilidad e ingresos a miles de familias que siguen esperando una oportunidad laboral.