Corte de Iquique ratifica prisión preventiva de líderes chinos en Operación EFOS por lavado de activos ligado a estafas transnacionales

El Tribunal de Alzada rechazó la apelación de la defensa y mantuvo la cautelar más gravosa para dos imputados sindicados como cabecillas del brazo financiero de una red que la Fiscalía atribuye a una defraudación de hasta US$ 200 millones y más de 400 víctimas, mayoritariamente en Estados Unidos.

La Corte de Apelaciones de Iquique confirmó este lunes la prisión preventiva de dos ciudadanos de nacionalidad china identificados por el Ministerio Público como líderes de una organización criminal dedicada al lavado de activos provenientes de estafas transnacionales, detenidos el 9 de enero en el marco de la Operación EFOS. La resolución del Tribunal de Alzada se dictó luego de que la defensa recurriera contra la medida cautelar decretada en primera instancia por el Juzgado de Garantía de Iquique, en una de las causas por crimen organizado más voluminosas de los últimos años en la
región.

La investigación es encabezada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Tarapacá y se desarrolla en coordinación con la Fiscalía Local de Iquique, con una línea investigativa que apunta a la estructura financiera del delito: el uso de sociedades y cuentas para mover, fragmentar y reingresar dinero de origen ilícito al sistema formal. En el marco de esta
indagatoria, la Fiscalía formalizó a 45 integrantes por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, atribuyéndoles un funcionamiento transnacional y un perjuicio estimado en torno a los US$ 200 millones, que habría afectado a más de 400 víctimas, en su mayoría estadounidenses.

Según se expuso en las audiencias de formalización, la organización cumpliría roles diferenciados: un núcleo estratégico y financiero —al que el Ministerio Público atribuye la toma de decisiones y el control del flujo del dinero— y un segundo anillo compuesto por personas vinculadas a la creación y administración de sociedades, además de funciones operativas orientadas a mover efectivo y ejecutar transferencias. En ese escenario, el Juzgado de Garantía había decretado prisión preventiva para 12

imputados, mientras el resto quedó sujeto a cautelares de menor intensidad, entre ellas arresto domiciliario, en atención a su participación considerada secundaria por la acusación.

La revisión de la Corte se concentró en dos de esos imputados en prisión preventiva, ambos de nacionalidad china, cuyas defensas buscaron revertir la cautelar. Tras oír los argumentos, el Tribunal de Alzada rechazó los recursos y sostuvo —en línea con lo planteado por la Fiscalía— que se mantienen los presupuestos para la prisión preventiva, considerando la gravedad de los hechos investigados, la reiteración atribuida a las conductas y el marco de penas asociado a los delitos formalizados.
Desde el Ministerio Público, la abogada asesora jefa de la Fiscalía Regional de Tarapacá, Marcela Tapia, señaló que la Corte estimó que la medida es “suficiente y necesaria” para cautelar los fines del procedimiento y la seguridad de la sociedad.

En términos judiciales, la decisión no es menor: la confirmación de la prisión preventiva por parte del Tribunal de Alzada refuerza la tesis de riesgo procesal que el Ministerio Público suele invocar en causas de crimen organizado, particularmente cuando se investigan redes con presunto poder económico, contactos, capacidad logística y eventuales vínculos fuera del país. La Fiscalía ha sostenido que la organización tendría una lógica transnacional, con recursos suficientes para sostener eludir controles,
ocultar evidencia o abandonar el territorio, elementos que suelen ser determinantes al momento de ponderar la cautelar más intensa.

La Operación EFOS —que derivó en las detenciones iniciales del 9 de enero— se instaló públicamente como una causa de alto impacto por su dimensión internacional y por el volumen de dinero atribuido. Reportes de prensa han señalado que la investigación se originó a partir de alertas desde Estados Unidos y que el esquema de estafas habría operado mediante plataformas y transferencias, con posterior “blanqueo” en Chile a través de sociedades, cuentas y movimientos de efectivo.

En paralelo, la causa ha exhibido también la tensión habitual entre Fiscalía y defensas en investigaciones masivas: la Defensoría Penal Pública de Tarapacá ha planteado, en otros tramos del caso, la necesidad de cautelares menos gravosas para imputados cuya participación no se vincularía al liderazgo, insistiendo en el principio de proporcionalidad y en el análisis individual de cada rol. Ese debate, sin embargo, se ha concentrado especialmente en el círculo identificado como cabecillas, donde los tribunales han tendido a mantener la prisión preventiva por la entidad de los hechos y la hipótesis de organización.

Con la resolución de la Corte, el expediente mantiene el cuadro cautelar definido por el tribunal de primera instancia: 12 imputados en prisión preventiva, considerados por la Fiscalía como el “núcleo” estratégico y financiero, y otros 33 con medidas como arresto domiciliario. La Fiscalía, además, continúa recopilando evidencia financiera y tecnológica, una fase clave en causas de lavado: seguimiento de transferencias, rastreo de dispositivos, levantamiento de comunicaciones, y reconstrucción del circuito
del dinero, diligencias que suelen sostener —o tensionar— las imputaciones a medida que avanza la investigación.

En lo inmediato, los imputados deberán enfrentar el control judicial de las medidas decretadas y el avance de las diligencias ordenadas, mientras el Ministerio Público sigue robusteciendo su teoría del caso. Para el sistema penal, la señal del Tribunal de Alzada es clara: al menos respecto del liderazgo atribuido a estos dos imputados, la Corte consideró que el estándar legal para mantener la prisión preventiva se encuentra satisfecho. Para la Fiscalía, en cambio, la confirmación opera también como un
respaldo institucional a una investigación que, por su escala y complejidad, será medida por resultados: no solo en cautelares, sino en la capacidad de probar el vínculo entre estafa transnacional, trazabilidad del dinero y la estructura que habría permitido su lavado desde Tarapacá hacia el exterior.