Operación EFOS en Tarapacá: Fiscalía logra prisión preventiva para 12 imputados y formaliza a 45 por lavado de activos transnacional

• Tras seis jornadas de audiencia reservada en Iquique, la Fiscalía Regional de Tarapacá formalizó a 45 imputados por lavado de activos y asociación ilícita para el lavado, en una investigación con colaboración del FBI y la Fiscalía Nacional. El tribunal decretó prisión preventiva para 12 acusados sindicados como el núcleo estratégico y financiero de la organización, mientras que otros 33 quedaron con arresto domiciliario total o nocturno. La causa indaga el blanqueo de fondos ligados a estafas internacionales, incluyendo el fraude tipo “matanza de cerdos”, con cerca de 400 víctimas estadounidenses y una defraudación estimada en US$200 millones.

La Fiscalía Regional de Tarapacá consolidó ayer domingo un giro clave en una de las investigaciones por crimen organizado y blanqueo de capitales más voluminosas de los últimos años en el norte del país. Tras casi una semana de formalización, el Tribunal de Garantía de Iquique decretó la prisión preventiva para 12 imputados, señalados por el Ministerio Público como los líderes y articuladores de una organización criminal dedicada al lavado de activos de origen transnacional, en el marco de la operación EFOS, que tuvo despliegues en Iquique, la Zona Franca y otras regiones de Chile.

La formalización comenzó el martes de esta semana con 43 detenidos que habían sido capturados durante el operativo masivo, pero el total de imputados se amplió a 45 con la incorporación de dos mujeres paraguayas que fueron detenidas en Colchane cuando ingresaban al país, luego de órdenes de detención solicitadas por la propia Fiscalía en el contexto de esta misma investigación. Con ello, el Ministerio Público configuró ante el tribunal el cuadro completo de una estructura que, según se expuso en audiencia, operaba con división de roles, soporte empresarial y engranajes financieros diseñados para ocultar el origen ilícito de los fondos.

La audiencia se desarrolló con carácter reservado y con apoyo de traducción para los imputados de nacionalidad china, una condición procesal que ha marcado el ritmo de las exposiciones y la dinámica de las defensas. En ese marco, la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de Tarapacá fue detallando, jornada a jornada, los mecanismos atribuidos a la organización: una red de sociedades instrumentales y empresas de diversas categorías que les permitía canalizar capitales de origen ilícito, fragmentarlos, darles apariencia de operaciones comerciales y reinsertarlos en el circuito formal como dinero “limpio”.

La arista internacional del caso quedó al centro del relato del Ministerio Público. De acuerdo con lo expuesto en audiencia, la investigación determinó que más de un tercio de los dineros blanqueados —US$67 millones— provenían de estafas digitales del tipo conocido como “matanza de cerdos”, un fraude que habría afectado a cerca de 400 ciudadanos extranjeros, en su mayoría adultos mayores estadounidenses. El volumen global de la defraudación, según los antecedentes presentados, rondaría los US$200 millones, lo que explica la coordinación con agencias y unidades especializadas fuera del país.

En esa colaboración se mencionó el trabajo conjunto con el FBI y la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, un soporte que, según se ha informado, permitió robustecer el levantamiento de evidencia, trazas financieras y conexiones entre operaciones efectuadas en Chile y el circuito posterior de triangulación hacia el extranjero. Para la Fiscalía, el caso no se reduce a una suma de cuentas bancarias y empresas de papel, sino a un diseño criminal capaz de mover grandes montos, cambiar rutas, rotar representantes y sostener una fachada de legalidad lo suficientemente convincente para operar durante un período prolongado.

En términos cautelares, el tribunal ya había decretado —en una primera fase de la formalización— medidas para 33 imputados: arresto domiciliario total para 30 y arresto domiciliario nocturno para tres, considerando, según lo planteado en audiencia, que estos últimos presentaban menor capacidad económica y roles secundarios dentro de la estructura, figurando como socios, representantes legales o titulares de cuentas, sin control real de las decisiones estratégicas, pero colaborando en la construcción de una apariencia empresarial para el flujo de fondos.

El punto de quiebre se produjo en la última jornada, cuando la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para 12 imputados que, según el relato del Ministerio Público, ejercían el control estratégico y financiero de la organización. La tesis expuesta ante el tribunal apunta a que estos acusados tomaban decisiones clave sobre la apertura, uso y cierre de sociedades instrumentales; definían la distribución física del dinero dentro del territorio nacional; coordinaban su posterior salida o triangulación internacional; y, en algunos casos, actuaban como beneficiarios finales de los recursos de origen ilícito.

La resolución judicial, según explicó la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Tarapacá, Marcela Tapia, consideró la gravedad de los antecedentes reunidos, la existencia de una organización criminal, la división de funciones y la multiplicidad de acciones desplegadas para concretar el lavado. Bajo ese análisis, el tribunal desestimó alegaciones de la defensa y sostuvo que la libertad de estos imputados constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y un peligro de fuga, razones por las que la prisión preventiva fue considerada proporcional a la entidad de los hechos investigados.

En paralelo, el tribunal fijó una audiencia para definir el destino de los dineros incautados en el procedimiento, que alcanzarían un monto aproximado de US$4 millones. Además, se estableció un plazo de investigación de seis meses, período durante el cual la Fiscalía deberá profundizar diligencias, robustecer peritajes, afinar la trazabilidad del dinero y despejar la ruta completa de los flujos: desde la captación de víctimas en el extranjero hasta la conversión de esos montos en operaciones aparentemente lícitas dentro del país.

Aunque la audiencia se ha mantenido bajo reserva, el caso ya instaló una señal nítida en el escenario regional: Tarapacá vuelve a aparecer como territorio sensible para el crimen organizado, no solo por su posición estratégica y su dinámica comercial, sino por la posibilidad de que redes con tentáculos internacionales utilicen estructuras empresariales para esconder y mover capitales. En la lectura del Ministerio Público, el corazón del fenómeno está en la sofisticación: no se trata únicamente de transportar dinero, sino de darle una historia contable, un rostro comercial y un circuito de transacciones que lo haga indetectable a primera vista.

Con la prisión preventiva ya decretada para el núcleo que la Fiscalía identifica como liderazgo operativo, la investigación entra en una etapa donde el foco estará puesto en consolidar la prueba financiera, sostener la hipótesis de asociación ilícita para el lavado y establecer responsabilidades individuales dentro de una estructura numerosa. Para el tribunal, el caso ya superó el umbral inicial: hay indicios suficientes de organización, roles y riesgo procesal. Para la Fiscalía, el objetivo inmediato es uno solo: que la dimensión transnacional del lavado y el impacto sobre centenares de víctimas no quede reducido a una cifra, sino que se traduzca en condenas y decomisos proporcionales a la escala del mercado criminal investigado.