Contraloría de Tarapacá detecta irregularidades en subsidios de arriendo 2023-2024 y ordena sumario al Serviu

Auditoría reveló asignaciones que no respetaron los mejores puntajes, expedientes ausentes y debilidades de fiscalización del beneficio. El organismo instruyó medidas correctivas, refuerzo de controles y un procedimiento disciplinario.

Una auditoría de la Contraloría Regional de Tarapacá encendió alertas sobre la entrega del Subsidio de Arriendo de Vivienda durante 2023 y 2024, tras constatar falencias en procesos de postulación, asignación y control del beneficio. El informe, orientado a verificar que las etapas del programa se ajustaran a la normativa vigente, a las bases y a los procedimientos internos aplicables, concluyó que existieron irregularidades en la selección de beneficiarios, ausencia de documentación clave y debilidades en la fiscalización del uso de los recursos, situación que derivó en instrucciones directas al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) para adoptar medidas correctivas e iniciar un procedimiento disciplinario.

El hallazgo más sensible se concentró en un llamado especial de arriendo realizado en 2024, dirigido a personas mayores y a quienes se encontraban en situación de discapacidad. Según lo observado por Contraloría, en ese proceso se asignaron subsidios sin respetar el orden de calificación, dejando fuera —en una primera etapa— a 18 postulantes que tenían puntaje superior al de quienes resultaron seleccionados. El informe advierte que esa práctica contravino el artículo 26 del D.S. Nº 52 de 2013 y
tensionó principios elementales como igualdad y transparencia, esenciales cuando se trata de beneficios públicos destinados a grupos de alta vulnerabilidad.

Si bien la situación fue corregida un año después, el dato no diluye el problema de fondo: la auditoría apunta a una cadena de decisiones y controles internos que, en la práctica, permitió que se alterara el criterio de priorización basado en puntaje, que es la base técnica y reglamentaria para asignar cupos en este tipo de programas. En términos simples, se seleccionó primero a personas con menor calificación, afectando el derecho de quienes estaban mejor posicionados en la evaluación.

La revisión también detectó ausencia de expedientes de postulación y contratación en nueve casos incluidos en la muestra auditada. Ese vacío documental impidió comprobar aspectos centrales: si los beneficiarios cumplían requisitos para acceder al subsidio y si las viviendas asociadas al apoyo cumplían condiciones legales para ser objeto del beneficio. En un programa cuyo propósito es sostener el acceso a arriendo formal y reducir la precariedad habitacional, la inexistencia de respaldos compromete la
trazabilidad del proceso y dificulta cualquier verificación posterior, desde controles administrativos hasta eventuales responsabilidades.

En paralelo, la Contraloría observó deficiencias en la fiscalización del uso del subsidio, un componente clave para asegurar que el beneficio se mantenga en el tiempo bajo las condiciones establecidas. El informe consigna 69 casos sin visitas de control, junto con 59 fiscalizaciones realizadas fuera de los plazos definidos. Este punto no es accesorio: en la lógica del subsidio de arriendo, las visitas permiten verificar continuidad de la ocupación, correspondencia del beneficiario con la vivienda y cumplimiento de obligaciones asociadas al contrato.

De hecho, la auditoría identificó dos viviendas en las que los ocupantes no correspondían a los beneficiarios del subsidio. Esa constatación abre un flanco delicado, porque no se trata únicamente de un incumplimiento administrativo: la incongruencia entre beneficiario y ocupante puede traducirse en uso indebido de recursos, arriendos subarrendados o traspasos informales del beneficio, escenarios que el sistema busca prevenir precisamente mediante controles oportunos.

Otra observación relevante se centró en 15 resoluciones de asignación directa que, aunque invocaban el artículo 14 del D.S. Nº 52 de 2013, carecían de fundamento suficiente. La Contraloría cuestiona que esos actos administrativos no detallaran hechos ni razones de derecho que los respaldaran, lo que debilita el estándar de motivación exigible en decisiones que asignan recursos públicos. En otras palabras, se apeló a una norma que permite determinadas asignaciones, pero sin sostener adecuadamente por qué correspondía aplicar esa vía excepcional en esos casos concretos.

El trasfondo del informe no solo se instala en los errores puntuales, sino en un patrón de fragilidad institucional: asignaciones que no siguen el ranking, expedientes incompletos o inexistentes, fiscalizaciones ausentes o tardías, y resoluciones sin motivación robusta. En conjunto, estos elementos tensionan la confianza en un programa que, especialmente para personas mayores y con discapacidad, puede marcar la diferencia entre estabilidad y riesgo habitacional.

Frente a estas situaciones, la Contraloría instruyó al Serviu a adoptar medidas correctivas y reforzar mecanismos de control. Además, ordenó iniciar un procedimiento disciplinario, una señal que eleva el caso desde la esfera técnica a una fase de eventuales responsabilidades administrativas. En la práctica, aquello implica revisar conductas, procedimientos, trazabilidad de decisiones y cumplimiento de deberes
funcionarios, especialmente en etapas donde se alteró el orden de puntajes, se omitió documentación o se incumplieron controles.

En términos de agenda pública, la auditoría golpea en un punto especialmente sensible para Tarapacá: el acceso a vivienda y las soluciones transitorias para hogares que no pueden sostener el pago de arriendo en un mercado tensionado. El Subsidio de Arriendo, por definición, opera como soporte para quienes enfrentan mayor vulnerabilidad; por eso, la exigencia de transparencia y rigurosidad no es solo un
estándar administrativo, sino una condición para resguardar derechos y evitar que el beneficio se distorsione por fallas internas.

El informe también deja instalada una pregunta práctica: cómo se fortalecerán los controles para asegurar que los llamados futuros respeten los criterios de calificación desde el primer momento, que los expedientes existan y sean completos, y que la fiscalización se ejecute dentro de los plazos, con capacidad de detectar a tiempo situaciones anómalas como ocupación por terceros. La Contraloría ya trazó el diagnóstico y la hoja de ruta inmediata: corregir, reforzar y determinar responsabilidades.

Mientras el Serviu queda mandatado a implementar medidas y a avanzar en el proceso disciplinario, el caso se convierte en un recordatorio de que la política habitacional no se juega solo en anuncios o metas, sino en la calidad de los procedimientos que asignan beneficios y en la capacidad real del Estado para supervisar el uso de recursos. En programas donde cada cupo cuenta, la alteración del orden de puntajes y la falta de respaldo documental no son fallas menores: son brechas que, de acuerdo con la Contraloría, deben cerrarse para resguardar la igualdad ante el acceso a un apoyo que se financia con fondos públicos y que está destinado, precisamente, a quienes más lo necesitan.