Denuncia por acoso remeció al consejo regional de Tarapacá: GORE envía antecedentes a contraloría y consejera Ramírez pide protección

• La consejera regional de Tarapacá, militante del Partido Republicano, denunció a un colega del mismo partido por acoso reiterado y lenguaje denigrante en espacios de trabajo. El Gobierno Regional informó que, aunque carece de atribuciones sancionatorias, remitió los antecedentes a Contraloría y llamó a proteger a la denunciante conforme a la Ley Karin.

Una compleja situación enfrenta el Consejo Regional de Tarapacá luego de que la consejera regional Lorena Ramírez, militante del Partido Republicano, formalizara una denuncia por presunto acoso sexual contra un colega de su misma colectividad. La denuncia, que fue ingresada tanto al Gobierno Regional (GORE) como a la Fiscalía de Tarapacá, ha generado una ola de reacciones institucionales y sociales, reabriendo el debate sobre el acoso en espacios políticos y de representación.

Según detalló el GORE en una declaración pública emitida este viernes, la denuncia fue recibida formalmente el 24 de julio mediante una carta firmada por la consejera. En respuesta, el Gobierno Regional informó haber remitido de forma inmediata los antecedentes a la Contraloría Regional, organismo autónomo competente para determinar las actuaciones a seguir frente a autoridades electas, como los consejeros regionales.

“El Gobierno Regional expresa su absoluto rechazo a cualquier acto de acoso, violencia u otra acción que atente contra la dignidad de las personas”, señala el comunicado, agregando que, aunque el gobernador regional no posee atribuciones sancionatorias sobre los consejeros, se instruyó el envío del caso a Contraloría como medida administrativa inmediata.

Lenguaje ofensivo y denuncia sin respuesta

La denuncia fue presentada por Ramírez tras meses de silencio, según relató en sus redes sociales. En su testimonio, la consejera describió una situación de acoso reiterado, con expresiones de connotación sexual, denigrantes y ofensivas, emitidas por su colega en espacios de trabajo ante otros miembros del consejo.

“Durante mucho tiempo guardé silencio y no fue por cobardía, fue por miedo. Por ese miedo que tantas mujeres sienten: a no ser creídas, a ser juzgadas, a quedar solas”, expresó la autoridad, quien agradeció el apoyo de su familia y justificó su denuncia como una acción desde la conciencia y la necesidad de sanar, no desde la rabia.

Ramírez afirmó que había realizado una denuncia interna hace más de dos meses, pero no obtuvo respuesta institucional hasta que decidió presentar la acusación formalmente y hacerla pública. En su solicitud, pidió que el caso sea derivado al Comité de Buenas Prácticas del Consejo Regional, se apliquen sanciones éticas y se adopten medidas de protección conforme a la Ley Karin, actualmente vigente en Chile.

Reacciones y llamado a resguardar la investigación

El Gobierno Regional también hizo un llamado al Consejo Regional de Tarapacá para que adopte medidas internas que resguarden a la denunciante y garanticen el desarrollo del proceso investigativo sin interferencias.

“Esperamos que el cuerpo colegiado tome las mejores decisiones procedimentales mientras se desarrolla la investigación, resguardando a la denunciante y permitiendo que el debido proceso avance sin interferencias”, puntualizó el comunicado del GORE.

Hasta ahora, no ha habido una declaración pública del consejero denunciado, identificado como Jorge Muñoz, también militante del Partido Republicano. La denuncia se encuentra en etapa inicial de investigación por parte de la Fiscalía Regional de Tarapacá, mientras Contraloría evaluará los antecedentes administrativos.

Costos personales y dimensión política

En su publicación, Ramírez también reconoció los costos personales y políticos que ha tenido su decisión de hablar:

“Hablar tiene costos y los estoy viviendo. Hay quienes miran hacia el lado, optan por el cálculo político o prefieren el silencio institucional, pero nada de eso es más fuerte que la paz que hoy siento en el corazón”, escribió.

La consejera finalizó su declaración con un mensaje enfático: “No quiero que otra mujer pase por esto y piense que tiene que aguantar en silencio para cuidar su imagen, su cargo o su lugar en el mundo”.

Contexto de la Ley Karin y desafíos institucionales

La denuncia se presenta en el marco de la reciente entrada en vigor de la Ley Karin, legislación que obliga a todas las instituciones públicas y privadas a adoptar protocolos frente al acoso sexual, laboral o de poder. Este caso, ocurrido en una instancia colegiada y entre autoridades electas, podría convertirse en uno de los primeros en evaluar los alcances reales de la nueva normativa en espacios políticos.

El desarrollo del caso será clave para observar el nivel de respuesta institucional ante denuncias dentro de órganos de representación regional y podría marcar un precedente en el tratamiento de situaciones similares en otras regiones del país.