Corte Suprema ordena desalojo de “toma alto molle” y establece plazo de seis meses

• Revoca fallo de la Corte de Iquique y reconoce afectación al derecho de propiedad: se deberá habilitar recinto transitorio para familias desalojadas

En una decisión que marca un precedente en los conflictos de ocupaciones irregulares en el norte del país, la Corte Suprema revocó el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Iquique, acogiendo un recurso de protección presentado por una sociedad inmobiliaria propietaria de un terreno emplazado en el sector Alto Molle de Alto Hospicio, actualmente ocupado por miles de personas.

La resolución del máximo tribunal reconoce que la ocupación irregular del terreno afecta gravemente el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley del titular del inmueble, desestimando el criterio anterior de la Corte de Iquique, que consideró que el caso no era susceptible de ser resuelto mediante un recurso de protección.

“La conducta de las personas que ocupan irregularmente la heredad del recurrente resulta ser ilegal (…) los hechos demuestran la afectación directa de los derechos del recurrente, al verse privado ilegítimamente y sin su consentimiento de la posesión del bien inmueble”, sostiene la sentencia.

Ocupación se mantiene desde 2018

El terreno en cuestión fue ocupado desde enero de 2018, generando lo que hoy se conoce como el Macro Campamento de Alto Molle, uno de los asentamientos más extensos de la Región de Tarapacá. La recurrente argumentó que esta situación no sólo vulnera su derecho de dominio, sino que también ha sido ignorada por parte de las autoridades, pese a múltiples solicitudes de restitución del bien.

El recurso buscaba que se ordenara a los ocupantes abandonar el inmueble en un plazo de 10 días, bajo apercibimiento de uso de la fuerza pública. Sin embargo, la Corte Suprema resolvió otorgar un plazo de seis meses para el retiro voluntario de los ocupantes, autorizando expresamente el desalojo con auxilio de Carabineros en caso de oposición, pero estableciendo condiciones especiales para su ejecución.

Garantías para población vulnerable

El fallo también introduce elementos de resguardo para los derechos de las personas que habitan actualmente el campamento. En ese sentido, el tribunal ordenó que se respeten los estándares mínimos de dignidad durante el desalojo, prestando especial atención a los adultos mayores, niños, mujeres jefas de hogar, personas migrantes y personas en situación de discapacidad o vulnerabilidad social.

Adicionalmente, instruyó al municipio de Alto Hospicio, en coordinación con los ministerios del Interior, Vivienda y Desarrollo Social, la habilitación de un recinto transitorio que permita acoger a las personas desalojadas, evitando que queden en situación de calle o riesgo social.

“Este fallo no solo reafirma el respeto al derecho de propiedad, sino que también impone una mirada humanitaria a un fenómeno de alto impacto social”, señaló una fuente vinculada al caso.

Coordinación con Interior y Fiscalía

Como parte de la resolución, la Corte Suprema también ofició al Ministerio del Interior, que deberá supervisar el proceso de desalojo, y remitió los antecedentes al Ministerio Público, para que se evalúe la eventual comisión de delitos o infracciones derivadas de la ocupación ilegal del terreno.

Debate social y político

La sentencia genera además un debate respecto de la política habitacional y los límites del derecho a la vivienda frente al derecho de propiedad. Diversas organizaciones sociales y dirigentes vecinales del campamento ya han manifestado su preocupación ante el futuro de las familias que llevan años habitando en el lugar, muchas de ellas en condiciones de precariedad.

Desde la municipalidad de Alto Hospicio, en tanto, se informó que se está evaluando el diseño de un plan de contingencia para responder a la orden judicial, mientras se espera la articulación del Ejecutivo para dar cumplimiento a lo mandatado por la Corte Suprema.

El fallo marca un antes y un después en la jurisprudencia relacionada con ocupaciones ilegales de terrenos privados en Chile, y abre un nuevo capítulo para miles de familias que verán alterado su modo de vida en los próximos seis meses, bajo la sombra de un desalojo inminente, pero con el compromiso judicial de que su vulnerabilidad no será ignorada.