“Pobreza real en Chile: el 22,3% que nadie quiso ver”

Por: Patricio Meza García, Administrador en Seguridad Pública

La pobreza en Chile siempre fue más que una cifra. Durante años, nos dijeron que avanzábamos, que las estadísticas estaban mejorando, que el país iba por buen camino. Sin embargo, un reciente informe de la Comisión Asesora Presidencial de Expertos para la Actualización de la Medición de la Pobreza nos devolvió a una realidad incómoda, pero necesaria: el 22,3% de la población chilena era pobre en 2022, y no el 6,5% que indicaban los datos oficiales hasta ahora.

No es una simple corrección técnica. Es un golpe directo a la conciencia nacional. Lo que el informe nos dice es que por más de una década hemos vivido en la ilusión de una superación que, en realidad, escondía profundas desigualdades estructurales. Se redefinieron las reglas del juego: una metodología más rigurosa, basada en un enfoque multidimensional de la pobreza, sacó a la luz lo que tantas veces quedó relegado a la intuición, a los relatos anónimos, a los testimonios que nunca llegaron a los informes ministeriales.

Hasta ahora, la forma en que Chile medía la pobreza dejaba afuera elementos fundamentales, como el verdadero impacto del arriendo en el presupuesto familiar. Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es cómo el alquiler imputado (una especie de ingreso ficticio que se calcula para quienes viven en una casa propia) distorsionó la realidad de miles de hogares. Según el documento, 24 mil hogares en 2022 no registraron ingresos reales, pero como se les asignó este ingreso ficticio, no fueron considerados pobres. ¿Cómo puede entenderse eso en un país donde una persona puede no tener dinero, pero en el papel aparecer como no pobre?

La idea de que basta con tener “ingresos” para no ser pobre ha quedado obsoleta. La Comisión propone establecer dos líneas de pobreza distintas, una para quienes pagan arriendo y otra para quienes no lo hacen. ¿Por qué? Porque el costo de la vivienda se ha disparado, y especialmente en regiones como Tarapacá, donde arrendar un espacio digno se ha vuelto un lujo para muchos.

En Tarapacá, la situación se agrava. Aquí, los precios del arriendo están por las nubes, mientras los sueldos se mantienen estancados y las ayudas estatales no logran cubrir las necesidades mínimas. El informe es claro: el costo habitacional ha sido sistemáticamente subestimado en las estadísticas oficiales. Y si la vivienda se convierte en un bien inalcanzable, ¿cómo no va a crecer la pobreza?

En algún momento se habló de soluciones estructurales como la Ley de Cabotaje, que permitiría disminuir los costos logísticos y de construcción en regiones extremas. Sin embargo, hasta hoy no hay humo blanco, y las urgencias no esperan. Cuando construir sigue siendo caro, arrendar se vuelve impagable y las políticas públicas no se ajustan a las realidades regionales, la pobreza avanza con fuerza.

Esta es la pregunta clave que nos deja el informe. ¿Qué estamos haciendo, realmente, para revertir esta situación? Si durante años diseñamos políticas públicas sobre una base errada, ¿cómo podemos esperar resultados efectivos?

Medir la pobreza no es solo contar billetes. Es entender cuántas personas viven con miedo al fin de mes, cuántos niños no pueden estudiar bien por no tener un espacio digno, cuántos adultos mayores deben elegir entre comprar medicamentos o pagar la luz.

Debemos dar un paso más allá del ingreso y adoptar de una vez por todas un enfoque multidimensional: salud, educación, seguridad, acceso a servicios básicos, entorno habitacional y red de apoyo. Porque la pobreza no se trata solo de cuánto se gana, sino de cuán dignamente se vive.

La buena noticia es que este informe llega en un momento en que aún estamos a tiempo de corregir. Pero no bastan los diagnósticos sin acción. Lo que hace falta ahora es una transformación política real, con mirada territorial, con herramientas específicas para cada región, y con voluntad de dejar de maquillar cifras.

Este 22,3% de pobreza no es un retroceso: es una invitación a decir la verdad. A mirar con otros ojos la precariedad que recorre nuestras calles, nuestras ferias, nuestros hospitales, nuestras escuelas. A dejar de negar lo evidente.

Porque solo cuando reconocemos la profundidad del problema, podemos empezar a construir soluciones verdaderas.

Y quizás, recién ahí, hablar de desarrollo con propiedad.