Urge una ley de salud mental integral

Samuel Erices
Académico Trabajo Social UCEN

Hablar de salud mental hoy es trascender espacios. Es ir más allá de su abordaje o diagnóstico profesional. Por lo mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que la salud mental se refiere a necesidades humanas, relacionadas y vinculadas, a un estado de físico, mental y social, que permita ejecutar las actividades cotidianas, la productividad y que pueda generar contribuciones en la comunidad.

Hoy hay una noción de justicia social vinculada a los Derechos Humanos, con la finalidad de disminuir los prejuicios relacionados a las enfermedades mentales o discapacidades. Debemos alejarnos de concepciones fundamentadas en el prejuicio, estigma y discriminación que son generadoras de barreras que -muchas veces- impiden a la persona encontrar apoyo.

A pesar de ello, en Chile el presupuesto destinado a atenciones en el área se sitúa bajo 2,1% del presupuesto total en salud. Según la OCDE el presupuesto es insuficiente ya que no bordea el 5% recomendado. Esto podría explicar la escasez de prestaciones y atenciones específicas, generando brechas en el acceso a tratamientos, limitadas coberturas, entre otros.

El escenario invita a todas luces a que en Chile avancemos hacia una Ley de Salud Mental integral que permita abordar desde la promoción y prevención, el acceso oportuno y efectivo a tratamientos. Hoy existen avances en la atención, que permiten dar respuestas en el tema de forma marginal, pero la no existencia de una ley implica precisamente esto, no tener un presupuesto asignado y significativo para abordar las necesidades y problemáticas, que permita generar énfasis desde las atenciones psicosociales y con ello considerar diferentes factores de riesgos asociados, presentes en el ambiente en que las personas desarrollan su vida cotidiana.

Para abordarlo urge la consideración de factores como acceso a la vivienda, trabajo, protección social, enfoque psicosocial y trabajo interdisciplinario, la mirada de las instituciones académicas y la sociedad civil. Para ello el financiamiento es vital. Nuestro país ya no puede seguir esperando, lo que a todas luces debe ser una realidad.