• El plan lanzado en septiembre contemplaba 29 ajustes legales y administrativos para impulsar la inversión en el país; además de un grupo de seguimiento público-privado. En septiembre se realizará una nueva reunión donde se recibirán propuestas para seguir avanzando en esta materia.
En la cuarta reunión de seguimiento del Plan «Invirtamos en Chile», realizada el martes 20 de junio, el Ministerio de Hacienda entregó un nuevo reporte revelando el sustantivo avance de esta agenda anunciada por el Presidente Gabriel Boric en septiembre de 2022 y busca impulsar en alrededor de 5 puntos porcentuales la inversión total durante 2023, y generar entre 50 mil y 70 mil nuevos puestos laborales.
El plan contemplaba 29 medidas legales y administrativas para estimular la inversión público-privada en Chile, agrupadas en seis ejes de trabajo: estímulos tributarios a la inversión privada; mejoras al acceso al financiamiento; propuestas para mejorar la inversión pública; promover la inversión extranjera; mejoras a la eficacia de los procedimientos en regulaciones y permisos; y alianzas público-privadas para la inversión.
Del total de las iniciativas, un 58,6% ya se encuentran finalizadas (un avance respecto al 34% registrado en el reporte de marzo); mientras un 20,7% ya están en ejecución de carácter permanente en el tiempo, sumando ambas categorías un 80% de avance. En tanto, un 3,4% está en ejecución; y solo un 3,4% está pendiente (equivalente a una medida).
Finalmente, un 13,8% corresponden a medidas de incentivos tributarios a la inversión que estaban incluidas en el proyecto de Reforma Tributaria rechazado en la Cámara de Diputadas y Diputados, y que se integrarían a la mesa de discusión del Pacto Fiscal que está impulsando el Gobierno.
Además de las 29 medidas, este plan incluyó la conformación de un grupo de seguimiento público-privado con el objetivo de informar, evaluar y retroalimentar la agenda. Está conformado por representantes de los ministerios de Hacienda, Economía, Fomento y Turismo, y de Desarrollo Social y Familia; la Cámara de Comercio de Santiago; la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile; la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa); PwC; el Consejo Minero; la Confederación de la Producción y del Comercio; la Cámara Chilena de la Construcción; y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras.
Durante la última reunión, además de informar los avances, el Ministerio de Hacienda solicitó a los gremios levantar propuestas de otras medidas pro inversión que se puedan incluir en la agenda «Invirtamos en Chile», las que se esperan recibir durante la próxima reunión agendada para septiembre próximo. «La inversión es un componente fundamental del dinamismo de la economía. Necesitamos más inversión en el futuro y para eso estamos avanzando en esta agenda porque es importante tener buenas y apropiadas condiciones financieras, reglas del juego estables. Pero también es relevante reducir los niveles de incertidumbre en nuestra economía y
con seguridad hay muchos otros proyectos que están esperando definiciones más claras en materia tributaria. En el Pacto Tributario también estamos pensando incluir iniciativas pro inversión, muchas de las cuáles estaban incluidas en el proyecto rechazado en la Cámara, a lo que se podrían sumar otras más», agregó el Ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Ejes de trabajo
En detalle, tres de las siete medidas del eje de estímulos tributarios a la inversión privada están finalizadas: la eliminación de cambios tributarios de contratos de leasing (aprobado por el Congreso a fines de enero de 2023); la extensión de la reducción del impuesto de primera categoría para las pymes en 10% durante 2023 y mantener la tasa en un 12,5% durante 2024 (que quedó establecido en la ley de salario mínimo promulgada a fines de mayo); y los incentivos a la inversión minera incluido en el proyecto de Royalty aprobado en mayo pasado. En este último punto se considera la depreciación y la inclusión de los gastos de puesta en marcha de un proyecto en los costos para determinar la base imponible del componente del impuesto que se cobra sobre el margen minero y que el componente ad valorem no se cobre en caso de que las firmas tengan un resultado operacional negativo.
En el caso del eje de mejoras al acceso a financiamiento, todas las medidas se encuentran finalizadas: la garantía estatal por 10% para la adquisición de la primera vivienda con un tope de 4.500 UF; extender el porcentaje de cobertura del seguro de remate hasta el 100% de la diferencia entre el producto de la subasta y el saldo insoluto de la deuda para los tramos entre 1.600 y 2.800 UF; y el programa de créditos de segundo piso de Corfo (aprobado en la Ley de Presupuestos 2023).
Respecto a las propuestas para mejorar la inversión pública, ocho de ellas están finalizadas. Entre ellas destacan la actualización de la normativa que regula proyectos de inversión públicos (a través de la modificación de la circular 33), estableciendo un nuevo mecanismo simplificado para la conservación pasando primero la admisibilidad en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, reduciendo los tiempos de tramitación de 2 a 3 meses a 15 a 20 días; la ampliación de la herramienta confirming que permite anticipar el pago de facturas a los proveedores y que actualmente tiene implementada BancoEstado a otras instituciones financieras; y la firma de acuerdos de trabajo en conjunto (ARI) entre autoridades regionales y centrales para planificar la ejecución de inversiones públicas cada año, lo que permitirá generar sinergias de recursos y capacidades.
En materia de fomento a la inversión extranjera, la medida finalizada es la reapertura de agregadurías de inversión en Berlín y Washington, mientras que se encuentra pendiente el fortalecimiento del equipo de promoción de inversión, que fue incluido como prioridad presupuestaria por el Ministerio de Economía para 2024.
En el eje de mejoras de los procedimientos en regulaciones y permisos, dos están finalizadas como son el fortalecimiento de la oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía y fondos para el fortalecimiento de servicios críticos en la tramitación de proyectos; y una está en ejecución permanente referida a la creación en 2023 de una agencia coordinadora que implemente la ventanilla única para permisos sectoriales.
Por último, la alianza público-privada para la inversión ya cuenta con todas sus medidas en ejecución de carácter permanente en el tiempo en referencia a la instalación de mesas sectoriales para promover la inversión, el comité operativo regional de inversión privada y la mesa de trabajo de seguridad pública en labores productivas.
