Alrededor de 900 personas extranjeras privadas de libertad no pueden ser expulsadas del país por una prohibición del año 2021, lo cual no deja descongestionar los recintos penitenciarios con el consiguiente gasto del Estado con y la sobrecarga de trabajo de fiscalías defensoría y órganos policiales. De todo aquello le preguntamos a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar
MARIO VERGARA
La Reforma a la Ley de Migración, que data del año 2021, contiene un artículo que permitió revertir la posibilidad que siempre había existido en el ordenamiento penal de expulsar a las personas que tuvieran condenas por delitos de Ley de Drogas.
La expulsión es algo que existía desde el 2012 para prácticamente para todos los delitos y lo que se hizo fue prohibirlo para el caso de tráfico de drogas.
La Ministra de Justicia y DD.HH Marcela Ríos Tobar fue consultada por Diario El Longino acerca de este asunto y de las complicaciones que ha acarreado.
-¿Entonces, cuál es el problema que enfrenta el ministerio que usted encabeza con este tema si desde hace años estaba permitido expulsar a condenados por delitos?
-Desde el 2012 hasta 2022 se han realizado más de diez mil expulsiones, la mayoría de ellas, el noventa por ciento de ellas son por ley antidrogas. Con este cambio que se realizó significa que aquí en adelante, todas las personas extranjeras condenadas tendrán que cumplir toda su pena en recintos penales en Chile y no podrán ser expulsadas y este es el principal delito por el cual están las personas extranjeras privadas de libertad en particular en esta región. Es por eso que estamos aquí en Tarapacá porque el recinto penitenciario de Alto Hospicio es el recinto que tienen la proporción más alta de personas extranjeras en el país.
-Ministra, puede explicar qué tipo de problemas está acarreando la Ley de Migraciones y de qué manera afectará la población.
-Tendrá un impacto muy grande en esta región, va a significar un aumento de carga de trabajo para la Fiscalía, la Defensoría, las policías porque tendrán que llevar a juicio oral todos los casos de Ley de Drogas, entonces no podrán haber juicios abreviados con expulsión y también significará un recargo de trabajo en los recintos penitenciarios del norte del país, donde tenemos la mayor concentración de personas extranjeras privadas de libertad. Como Gobierno no estamos preocupados solamente por los recintos penitenciarios, sino que también escuchamos las inquietudes que tiene la ciudadanía. Entonces vale preguntarse cómo invertir mejor los recursos del Estado, si la inversión de recursos públicos es la manera en dejar a todas estas personas privadas de libertad, queden aquí o si las personas menos peligrosas, primerizas, puedan acceder a la expulsión. No olvidemos que muchas de ellas son personas pobres que son reclutadas y utilizadas por bandas que las explotan para trasladar drogas en mochilas y en el cuerpo. Por esa acción las mujeres reciben un pago menor. Entonces la reflexión es, si dejar a esas personas privadas de libertad por largo tiempo a un altísimo costo para el Estado de Chile.
-¿Qué está haciendo el Gobierno frente a este estado de cosas que aparece muy complicado por el hacinamiento en las cárceles, por ejemplo?
-Lo que estamos haciendo es introducir una reforma que esperamos presentar ante el Congreso, la próxima semana, que revierta la situación de tal manera que permita expulsar a las personas que tienen condenas por la Ley 20.000. En particular, nosotros queremos que eso se aplique a personas que tienen condenas menos grave, es decir, solo a personas que tengan condenas hasta cinco años y un día, las que pueden acceder a esta pena sustitutiva de expulsión. Esas personas tendrán una prohibición de ingresar al país durante diez años y en el caso que insistan en regresar a nuestro país, tendrán que cumplir toda la pena privadas de libertad. Esta propuesta está en línea con la política de seguridad que estamos impulsando desde el gobierno del Presidente Boric Esa es la propuesta y está en línea con la política que estamos impulsando.
-¿Entonces, la propuesta del Gobierno sería aplicable solo a mujeres?
-Nuestra propuesta aplicaría tanto a mujeres como también a hombres. Cualquier persona que tenga una condena menor a cinco años y un día y que sea primeriza. Pero si la persona es reincidente nuestra propuesta no se aplicará a ella, lo que significa que ya es parte de una cadena de tráfico y por lo tanto es importante que se mantenga privada de libertad.
-¿Finalmente, cómo se advierte el panorama en el Congreso para apoyar este proyecto?
-Hay distintas posiciones en el Congreso y nosotros esperamos contar con el apoyo de los parlamentarios en particular de los que son de esta zona, los que están en las comisiones de seguridad. Nosotros esperamos contar con el apoyo en el Congreso para que comprendan que es importante el cambio que proponemos, si no lo hacemos vamos a dejar de expulsar a ochocientas personas al año. Yo sé que podría haber posiciones de algunos parlamentarios que tal vez no estén de acuerdo y espero que los podamos persuadir con la evidencia que tenemos que mostrarles, que esto es algo importante para mejorar el sistema penitenciario. Creo que la mayoría de chilenas y chilenos estarán de acuerdo con esta medida con nosotros en que no es posible mantener delincuentes extranjeros encarcelados por largos años, gastando los recursos públicos.Queremos darle la máxima urgencia a esta propuesta para tramitarla lo más rápido posible porque desde el 12 de febrero del presente año 2022 hasta que logremos aprobar esta nueva ley, esas personas que están imputadas por la Ley de Drogas, no podrán ser expulsadas del país.”
