Si bien es un ministerio de los llamados no “políticos”, Bienes Nacionales tiene una tarea y un rol
importante en administrar los terneros del Estado, es decir de todos los chilenos, donde en la región de Tarapacá el 95% es de propiedad del Fisco. La ministra de la cartera, Javiera Toro visitó la región el pasado viernes, donde abordó varios temas, como la ocupación ilegal de terrenos: “Hay también otra realidad, que es la de personas, de mafias que se aprovechan, venden de manera ilegal terrenos que son de todas las chilenas y chilenos, y estafan a familias vulnerables”.
La secretaria de Estado argumenta que su visita a la región- la segunda desde que ocupa el cargo- tiene como objetivo principal “un despliegue nacional del Gobierno por el Presupuesto 2023 como a una agenda relevante que tenemos como Bienes Nacionales en la región, donde administramos cerca
del 95% del territorio”.
“Tuvimos una muy buena reunión con el fiscal regional para coordinar la persecución penal de quienes ocupan y lotean ilegalmente terrenos fiscales, entendiendo que frenar este fenómeno a tiempo es fundamental para evitar posibles focos de control territorial del crimen organizado.
También entregamos un terreno fiscal en Huara para la instalación de un centro de acopio de decomisos, en el marco del compromiso del Gobierno con el nuevo Plan contra el Crimen Organizado, en una ubicación estratégica, porque está cerca de la ruta internacional 15 CH, también de la Ruta 5. La
entrega es a la Delegación Presidencial para el trabajo que realiza la Aduana y el Municipio de Huara en el control del comercio fronterizo y también en el narcotráfico”.
- ¿Qué tiene que ver la ministra de Bienes Nacionales con la Ley de
Presupuestos?
-Todo el gobierno ha estado desplegado en el territorio conversando con los distintos actores locales sobre nuestro primer presupuesto.
En el contexto de años difíciles para Chile y el mundo, estamos presentando con mucha responsabilidad un presupuesto que apunta a dar seguridades a las personas. Seguridad pública, seguridad económica y seguridad social.
En el caso de Bienes Nacionales, es además muy relevante, porque vamos a tener un aumento inédito de recursos para potenciar nuestra capacidad fiscalizadora. Con más fiscalizadores, equipamiento técnico como drones y elementos de resguardo, como cascos y chalecos antibalas, para darles mayor seguridad.
Eso nos va a permitir resguardar de mejor manera el patrimonio fiscal y ponerlo a disposición de las múltiples necesidades del país, como lo es el Plan de Emergencia Habitacional, pero también para combatir con fuerza las ocupaciones ilegales.
Además del aumento en nuestro Ministerio, hay también aumento en materias sectoriales que fortalecerá también el trabajo coordinado interministerial que hemos priorizado en el Gobierno. Por ejemplo, el
presupuesto en seguridad aumenta, algo que no pasaba desde el 2017.
También hay un aumento de un 6% en el presupuesto de Educación en Tarapacá, lo que va a permitir ampliar la cobertura de gratuidad en la educación superior a 12 mil estudiantes y mejorar la infraestructura educacional, entre otros puntos.
Con este clima tan beligerante con la Oposición, donde -por ejemplo- se condiciona aprobarlo mientras se mantenga en su cargo el actual director del Metro, entre otros argumentos. ¿Cree que se aprobará la ley de presupuestos dentro del plazo constitucional?
Yo confío en que las y los parlamentarios tendrán altura de miras para avanzar en lo que les importa a las personas, con este presupuesto, que se centra en las necesidades más urgentes de la ciudadanía, que como mencioné son la seguridad ciudadana, seguridad económica y seguridad social.
¿Por qué se reunió con el fiscal regional de Tarapacá?
-La coordinación entre los organismos es fundamental para tener buenos resultados. Con el Ministerio Público tenemos temas en común que son relevantes, como lo es la persecución de delitos que están asociados a fenómenos de ocupaciones ilegales.
El combate del crimen organizado es una tarea en la que nos interesa aportar porque no podemos permitir que terrenos fiscales se transformen en focos de control del territorio. Detrás de las ocupaciones hay un fenómeno multifactorial, y, mientras hay personas que las realizan por una necesidad habitacional, donde como Gobierno estamos respondiendo con el Plan de Emergencia Habitacional, hay también otra realidad, que es la de personas, de mafias que se aprovechan, venden de manera ilegal terrenos que son de todas las chilenas y chilenos, y estafan a familias vulnerables.
En ese contexto, en nuestra administración hemos trabajado intensamente para hacernos cargo del abandono y desidia que hubo por parte del Estado durante muchos años, especialmente en la zona norte del país ante estos fenómenos. Y en ese entendido, la coordinación y el trabajo fluido con el Ministerio Público es clave, es fundamental. Y de parte del fiscal regional, Raúl Arancibia, encontramos la mejor disposición para este trabajo tan necesario para la región.
Como el tema de la reactivación económica está ligada a la construcción de viviendas, donde en el país hay un déficit 641.421 viviendas (Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica). ¿Qué esfuerzos está haciendo su cartera para resolver el déficit habitacional,
¿cuáles son los principales avances en Tarapacá?
El Plan de Emergencia Habitacional es una de las prioridades de nuestro Gobierno y del Presidente Gabriel Boric. Nosotros, como Bienes Nacionales, tenemos un rol relevante que cumplir y por el que estamos trabajando de manera intensa y muy coordinada con el Ministerio de Vivienda.
Estamos buscando los mejores terrenos para poner a disposición de la construcción de las viviendas, que estén bien ubicados, bien conectados, cumpliendo las normativas correspondientes.
En el caso de la región de Tarapacá, estamos revisando constantemente con el Seremi Osvaldo Ardiles los suelos disponibles para ese fin. El Plan de Emergencia Habitacional estima una meta de 9.300 viviendas durante esta gestión para Tarapacá, y aunque sabemos que no es suficiente para cubrir toda la necesidad local, es un primer paso, firme y decidido, para avanzar hacia una meta más amplia.
Actualmente, en Tarapacá, hay 14 proyectos en ejecución, y además hay otros 10 proyectos contemplados por nuestro Gobierno para ejecutar durante el 2023, de los que 5 ya están en alguna etapa de avance previa, concentrados principalmente en Alto Hospicio, donde hay una situación compleja respecto a viviendas.
Estamos trabajando activamente, de manera muy coordinada y con premura, porque sabemos que es un tema urgente en el país y en esta región.
CUESTA LA MULA
Hay un tema que tiene que ver con Bienes Nacionales y está directamente relacionado al de seguridad, qué se hará en el caso de la “Cuesta La Mula”, donde hay una toma de terreno que crece día a día y representa graves problemas de seguridad.
Sabemos que la situación específica de Alto Hospicio es compleja, porque ha tenido un aumento de población muy acelerado que no ha ido acompañado de soluciones acordes a esa realidad. Por eso, el Plan de Emergencia Habitacional apunta a hacerse cargo de ese déficit, donde no solo basta con
construir viviendas, sino también abordar las enormes carencias en materiade equipamiento.
En ese entendido, como Bienes Nacionales estamos trabajando intensamente en colaborar en la crisis habitacional, pero paralelamente también estamos haciendo un trabajo relevante en abordar los temas
asociados a esa carencia de vivienda, como son las tomas.
En esa toma en particular, que sobrepasa las 150 hectáreas, hay varios factores, porque hay sectores que no son aptos para viviendas y que significa riesgos para quienes están ahí instalados, y hay también problemas de seguridad ciudadana, que están siendo abordados por las autoridades competentes.
En lo que respecta a Bienes Nacionales, hemos hecho un trabajo constante y permanente en esa toma. Ya se han restituido 35 hectáreas de ese terreno y se han hecho gestiones para recuperar un sector que se entregó en concesión a Conadi para instalar un Centro de Interpretación Patrimonial Andina Tarapaqueña, y restituir también un sector donde se instaló un basural textil ilegal donde se han producido incendios.
Ese trabajo lo hemos estado haciendo con el seremi y con la Delegación Presidencial, y lo seguiremos haciendo de manera integral para restituir el patrimonio fiscal, evitando también riesgos para las personas que se emplazan en esos lugares, y avanzando en el Plan de Emergencia Habitacional.
