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Maduro aferrado al poder

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Edgardo Riveros Marín
Académico Facultad de Derecho U. Central
En Venezuela se repite lo vivido en los últimos periodos de gestión gubernamental, esto
es, el gobernante aferrado a la presidencia. Para ello utiliza el poder que le brinda el
control de todas las instituciones del Estado sin contrapesos. En esta realidad juega un
papel fundamental la adhesión incondicional de las fuerzas armadas y de orden. En los
últimos días se pudo observar como Maduro exhibió su control sobre ellas castigando a
miembros de diversa graduación de esas instituciones, acusándolos de graves delitos.
En Venezuela, hay que decirlo de manera clara, no impera un estado de derecho, que se
caracteriza por la separación de poderes para garantizar una actuación autónoma de ellos.
En particular la existencia de un poder judicial y órganos electorales que ejerzan sus
funciones sin interferencias de quien ejerce el poder ejecutivo, para garantizar
transparencia, justa administración de justicia y procesos electorales libres y competitivos.
Ante la perspectiva de elecciones el presente año la exigencia no es otra que el proceso
cumpla con las condiciones que exige un sistema democrático. Para ello se hizo el
esfuerzo del denominado Acuerdo de Barbados del pasado año 2023, para garantizar
elecciones libres, transparente, informadas, sin persecución a las fuerzas políticas que
compitieran en ellas y respeto a los derechos humanos. El gobierno de Maduro ha
incumplido flagrantemente estos compromisos. El accionar más evidente en tal sentido es
inhabilitar a toda persona que tenga posibilidades de competir en la elección presidencial
y para ello ha utilizado la institucionalidad judicial. Lo ocurrido con la candidata María
Corina Machado se inscribe en este sentido.
Ante lo que ocurre en Venezuela la comunidad internacional debe reaccionar con energía
exigiendo las garantías esenciales para las elecciones presidenciales. Lo ocurrido en
Guatemala hace pocos días debe servir de referencia. En efecto, gobiernos democráticos,
no solo de la región latinoamericana, mostraron su capacidad para exigir la asunción al
poder de quien había sido elegido por la voluntad ciudadana. Esta misma actitud es la que
se debe plasmar para exigir en Venezuela la verificación de un proceso con legitimidad
democrática.

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