El aumento de los delitos que experimenta Tarapacá fue clave para derivar
hacia nuestra región dos persecutores de la Región Metropolitana en
“comisión de servicio”. La alta carga laboral de las causas fue otro factor
determinante.
Isabel Frías
Periodista U.C.
“Necesitamos más policías, ahora ya. No queremos más muertos hospicianos”, decía hace una
semana atrás el alcalde Patricio Ferreira a raíz del asesinato de una mujer de 36 años que murió
tras no pasar las llaves de su automóvil a un grupo de delincuentes que no tuvieron compasión
con su vida y la asesinaron con armas de fuego.
Acto seguido, el jefe comunal suspendió las actividades veraniegas comunales para levantar la voz
por el alza de crímenes que experimenta ese municipio, fenómeno que se extiende a las ciudades
de Iquique y también del interior, como Pozo Almonte, esta última caracterizada por ser un
territorio de tránsito para las bandas organizadas de narcotráfico, trata de personas, comercio
ilegal de armas y contrabando de la más variada especie.
COMISIÓN DE SERVICIO
Consciente del impacto de los fríos números que se manejan sobre los delitos de ocurrencia en
Tarapacá, finalmente el nuevo Fiscal Nacional Ángel Valencia ayer vienes tomó la decisión de
apoyar al Ministerio Público Regional y determinó enviar dos Fiscales pertenecientes a la Fiscalía
Oriente a quienes designó en “comisión de servicio” a las comunas de Alto Hospicio y de Pozo
Almonte específicamente.
El objetivo de la medida aplicada con carácter de urgente es apoyar las labores de los persecutores
de Alto Hospicio ante el aumento de homicidios registrados en la zona y, al mismo tiempo, vez
proveer de mayor dotación de personal a Pozo Almonte, lugar que experimenta un incremento
significativo en los juicios orales y denuncias que se realizan en la circunscripción que abarca la
provincia del Tamarugal.
De acuerdo a los analistas, la medida de valencia representa una decisión estratégica y que ha sido
facilitado por circunstancias especiales que acontecen en la Región Metropolitana Oriente donde
existen dos vacantes debido a la remoción de los fiscales Andrés Iturra y su esposa María
Constanza Izurieta -a raíz de una investigación por lavado de activos en el caso de usos de dineros
por parte de las Comandancia en Jefe del Ejército-, Valencia optó administrativamente ocupar
esos dos cupos mediante una orden de traslado temporal de los investigadores a la zona norte,
materia que está dentro de sus facultades y competencias.
En otras palabras, sado que de base existe una necesidad con carácter de urgente tanto en
Hospicio como en Pozo Almonte, se les envía primero en comisión de servicio antes de proceder
con la tramitación burocrática de rigor para este tipo de asignaciones por que –en compensación–
la fiscalía Oriente a cargo de Lorena Parra se la apoyará con profesionales a honorarios para las
tareas investigativas.
MÁS SEGURIDAD
Como se sabe, de acuerdo a la ley que regula el quehacer del Ministerio Público, la mayor
dificultad para resolver los problemas de equidad entre las regiones del país es que el fiscal
nacional no puede “crear” fiscales, ya que su número está preestablecido legalmente y sólo puede
“redestinar” persecutores escuchando previamente al consejo general de fiscales regionales.
Por tal motivo se decidió como solución la comisión de servicio y luego se concursarán dichas
vacantes. Junto con esto, cabe recordar, que este año se discutirá con el Gobierno y el Congreso
un nuevo plan de fortalecimiento del Ministerio Público y de ser favorable a nuevos cupos, se
compensaría a la Fiscalía Oriente de la Región Metropolitana.
Dentro de las estadísticas que maneja actualmente la Asociación Nacional de Fiscales, a nivel
nacional en Chile actualmente se requieren otros de 300 fiscales, pero algunos territorios los
demandan con mayor rigor como es el caso Tarapacá y también de Arica y Parinacota, donde la
dotación se mantiene en niveles demasiado críticos y se presenta en medio de una ola de delitos
que ha visto sobrepasadas las medidas de seguridad pública.
El hecho que Tarapacá ya lleve registrado 11 homicidios en lo que va corrido del 2023 ha
encendido las alertas, que se vienen a sumar a la sobrecarga de juicios orales y demandas
ciudadanas por medidas más afectivas en la persecución de los delitos y las actividades ilícitas.
