El ministerio adquirió 12 nuevos equipos gracias al aumento del Presupuesto 2023,
que se suman a los 4 hoy en operaciones. Esto permitirá tener cobertura nacional,
con uno por región.
Equipamiento permitirá optimizar el tiempo de fiscalización detectando de forma
más rápida y con mayor alcance las tomas, ocupaciones irregulares y loteos
incipientes en terrenos fiscales, además del acceso a playas.
Hasta el 2022, el Ministerio de Bienes Nacionales contaba solo con 4 drones para cumplir
su tarea de fiscalización. El número era claramente insuficiente para la magnitud de la
tarea, tomando en cuenta que las ocupaciones ilegales e irregulares superan las 19 mil en
todo el país.
Situación que mejora sustancialmente este año, porque entraron en operaciones 12
drones nuevos de última generación, que permitirán no sólo optimizar el tiempo de
fiscalización, sino también un control más oportuno del territorio, detectando de forma más
rápida y con mayor alcance de cobertura problemas como las tomas y loteos incipientes
en terrenos fiscales, además del acceso a playas.
Ahora Bienes Nacionales cuenta con una dotación de 16 drones a nivel nacional,
asignados uno por región. Asimismo, están en proceso de contratación 12 nuevos
fiscalizadores, aumentando la dotación actual a un total de 49.
Con esto se podrá incrementar este 2023 la capacidad de fiscalizaciones anual de 5.000 a
7.000 a nivel nacional, lo que implicará un 40% de crecimiento en relación al 2022.
“Desde que asumimos en el Ministerio de Bienes Nacionales nos dimos cuenta de lo
extendido y masivo que es el fenómeno de las ocupaciones ilegales e irregulares. Así que
esto va a permitir fortalecer nuestra labor, sobre todo en las regiones con más problemas
de este tipo y así tomar mejores decisiones para que el territorio fiscal, que es de todas y
todos los chilenos, esté al servicio de las necesidades de las personas y tenga como
prioridad el bien común. Ese es el compromiso que tenemos como gobierno y el mandato
que nos ha dado el Presidente”, destacó la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro.
La incorporación de estos drones fue posible gracias al aumento de recursos que obtuvo
el ministerio con el Presupuesto 2023, el cual estará enfocado justamente en fortalecer la
fiscalización.
Los 12 drones nuevos de última generación (marca Autel modelo EVO II Pro V2) tienen
un mayor alcance y autonomía que los actuales (Anafi Parrot), y destacan por su
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capacidad de operar en condiciones extremas, obtener imágenes de mayor calidad y
calcular de modo fácil superficies y volúmenes, lo que es clave para el trabajo en terreno.
Así lo destaca Haroldo Henríquez, Jefe de la Unidad de Fiscalización y Tasación de
Bienes Nacionales: “Hasta ahora, el ministerio contaba con unos drones de una
autonomía baja, que pueden estar tan solo 15 minutos en el aire y tienen un alcance
menor, de unos dos kilómetros. Con estos nuevos drones, nosotros estamos multiplicando
varias veces y el alcance de la fiscalización en el aire”.
Los nuevos drones tienen una autonomía de 40 minutos de vuelo, pueden llegar a 7 mil
metros sobre el nivel del mar, y además cuentan con un gran alcance en horizontal,
porque se pueden distanciar más de 7 kilómetros de quien lo está pilotando.
“Eso nos va a permitir fiscalizar grandes extensiones ocupadas en la zona norte, tenemos
casos en Arica, Tarapacá, Antofagasta, con ocupaciones que superan las 100 hectáreas,
y estos drones nos van a facilitar ese trabajo. Es un tremendo desafío poder estar en cada
lugar donde hay un terreno fiscal, y controlarlo. Y eso solo se puede hacer con este tipo
de tecnología”, indicó el Jefe de la Unidad de Fiscalización.
Los nuevos drones serán asignados a las regiones con más ocupaciones de terrenos
fiscales vigentes a la fecha (Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Biobío, Coquimbo,
Tarapacá, Arica y Parinacota, Los Ríos, Valparaíso, Los Lagos, O’Higgins y Maule).
En tanto, los 4 con los que ya contaba el ministerio –y que estaban operando en las
regiones del norte del país- ahora serán redestinados a Ñuble, La Araucanía, Aysén y
Magallanes, las cuales tienen una menor cantidad de ocupaciones vigentes, de acuerdo
con los registros de Fiscalización de Bienes Nacionales.
