Bernardita Vittini de la B.
Gerente de Educación y Prevención del Cáncer
Fundación Arturo López Pérez.
En una nueva conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, el llamado global a
“cerrar la brecha” y trabajar en conjunto “por unos cuidados más justos”, resulta
prioritario e impostergable. A más de dos años del inicio de la pandemia, nuestro país
evidencia el verdadero impacto del COVID-19 en materia oncológica y las duras
consecuencias que deben enfrentar miles de pacientes.
La realidad del cáncer en Chile es alarmante y durante los próximos años el panorama
será aún más complejo. En lo que se refiere a lo clínico, un estudio del Centro de
Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la Universidad del Desarrollo, mostró
que entre el tercer trimestre de 2021 y el mismo periodo de 2022, los retrasos de
garantías GES relacionados con oncología se incrementaron en un 81%, pasando de
8.098 personas en lista de espera a 14.680. No podemos olvidar la falta de
infraestructura y capital humano especializado. Por ejemplo, la mayoría de las regiones
no cuentan con centros de radioterapia, un tratamiento necesario para más del 50%
de los pacientes con diagnóstico de cáncer.
Este escenario no podría estar completo sin integrar el factor socioeconómico de
quienes conviven con esta patología, una variable que pasa inadvertida en las grandes
discusiones sobre este tema. De hecho, de acuerdo al compendio “Panorama social de
los enfermos de cáncer, Chile – 2020”, desarrollado por nuestra Institución a partir de
la información recogida por la Encuesta Casen 2020, durante ese año, cerca de
200.000 personas se encontraban en tratamiento por cáncer. De ellas el 55% se
identificaba como jefe de hogar y el 26% como pareja del jefe(a) de hogar. Es decir, un
alto porcentaje de las personas que enfrentan esta enfermedad cumplen un rol
esencial dentro de su núcleo familiar, lo que puede dificultar aún más todo este
proceso.
A pesar de lo complejo de la situación, como país debemos entregar nuestro mayor
esfuerzo para dar respuestas concretas a quienes más lo necesitan. En el corto plazo,
mediante la implementación de una estrategia de trabajo colaborativo con focos
sociales y sanitarios, que nos permitan ser más efectivos con los recursos existentes:
actualizando y reordenando las listas de espera según tipo de cáncer y grado de
letalidad, priorizando los pacientes ya diagnosticados con retrasos en sus tratamientos
y acelerando la confirmación de diagnósticos en pacientes con alta probabilidad de
cáncer, dejando para una segunda fase aquellos donde la sospecha es menor. Es
además crítico asegurar el fortalecimiento de la red de cuidados paliativos y su
articulación en la atención primaria, pensando en aquellos pacientes que tuvieron
poco acceso a estas terapias durante la pandemia. La reactivación de la red de
atención público-privada -implementada exitosamente durante la crisis sanitaria-, es
una herramienta disponible que las autoridades podrían utilizar para aumentar la
disponibilidad de servicios y dar continuidad a la atención del paciente en las distintas
etapas de la enfermedad. En el mediano y largo plazo, la educación de la comunidad
sigue siendo prioritaria, así como también la generación de recursos que permitan
avanzar en el Plan Nacional del Cáncer.
Como organización especialista en cáncer, estamos abiertos y dispuestos a apoyar y
trabajar junto al gobierno en priorizar y avanzar en soluciones concretas, por y para los
pacientes oncológicos de nuestro país.
