Derecho social a la vivienda

Roxana Zuleta
Directora Trabajo Social
Universidad Andrés Bello
sede Concepción
El último Catastro de Campamentos 2020-2021 desarrollado por TECHO-CHILE, deja al
descubierto que hoy 81.643 familias viven en 969 campamentos a nivel nacional, una
preocupante y cruda realidad, la más alta desde 1996, que da cuenta, de cómo muchas
familias, connacionales y extranjeras, no han tenido acceso a soluciones dignas en materia
habitacional.
Ante este complejo escenario, de precarización de la vida humana, de aumento de la pobreza y
la vulnerabilidad social de las personas y familias, agravada aún más por los efectos de la
pandemia, la inflación, el aumento del precio del suelo, las barreras para acceso a créditos
hipotecarios y la disminución de los ingresos autónomos de los hogares entre otras; tenemos
como país el urgente desafío y el deber ético-político de reposicionar el derecho a la vivienda y
el hábitat residencial, como un derecho social que debe ser garantizado y resguardado por
parte del Estado.
Sin ir más lejos, y tomando como experiencia el confinamiento que experimentamos en
pandemia, fuimos testigos de cómo la vivienda se transformó en el espacio obligado de
trabajo, estudio y desarrollo de labores fundamentales de la vida cotidiana. Lo que conllevó un
impacto social negativo y desigual, afectando especialmente a quienes habitan viviendas
precarias y/o de tamaño reducido, quienes vieron deteriorarse aún más, su calidad de vida y
percepción de bienestar subjetivo, producto del consecuente aumento de estrés familiar,
como también de factores de riesgo que aumentaron la emergencia de las violencias y el
deterioro de la salud mental individual y familiar y su relación con la habitabilidad y la vivienda.
Existiendo el desafío de fortalecer la política de vivienda social digna, procurando llegar a este
amplio sector de la sociedad, que ha quedado y continuará relegado, de su ejercicio pleno de
este derecho, de no recuperar un fuerte rol del Estado en esta materia social. Una política que
no solo garantice el acceso a una vivienda, con debidos estándares de calidad tanto en
infraestructura y materialidad, sino también bien la conformación de barrios integrados, con
acceso a servicios para el desarrollo de la vida comunitaria y familiar, acorde a la dignidad de
las personas en condiciones de igualdad y de justicia social.