Los diputados Renzo Trisotti y Juan Manuel Fuenzalida explicaron que la iniciativa
busca eliminar la obligación de comunicar personalmente los procesos en contra
de un migrante.
Los diputados de la UDI que integran la comisión investigadora sobre la Criminalidad en la
Macrozona Norte, Renzo Trisotti y Juan Manuel Fuenzalida, emplazaron a la ministra del
Interior, Carolina Tohá, a que patrocine y le otorgue urgencia a un proyecto de ley que
presentaron en octubre del año pasado, y que busca facilitar los procedimientos de
expulsión de los migrantes que se encuentran irregulares, permitiendo que las
notificaciones puedan realizarse por medio de un diario de circulación nacional o regional,
tal como se informan distintos procedimientos administrativos.
Esto, luego que la secretaria de Estado reconociera en dicha instancia que, en la
actualidad, existen más de 20 mil expulsiones de extranjeros decretadas que no se han
podido ejecutar, asegurando que la razón de ello es que justamente los procedimientos
“tienen un trámite que es muy engorroso y que hace muy factible para la persona
expulsada hacerse inubicable”.
Por lo mismo, los parlamentarios gremialistas recordaron que, ante el bajo número de
expulsiones administrativas que ha ejecutado el gobierno, presentaron un proyecto para
que, en vez de que la notificación de expulsión se realice de manera personal al afectado
y en dos oportunidades -como lo establece la actual normativa-, se permita entregar dicha
información por medio de algún diario de circulación masivo durante tres días
consecutivos, como por ejemplo ocurre con las demandas judiciales cuando no es posible
determinar la ubicación de la persona involucrada.
“Todos sabemos, y la ministra con mayor razón aún, que los extranjeros irregulares que
han participado en algún delito se van cambiando permanentemente de domicilio para no
ser ubicados por la autoridad. Por lo tanto, es absolutamente inviable que sigamos con la
actual normativa, en la que los afectados deben ser notificados personalmente, en dos
oportunidades y, además, se ven beneficiados por distintos plazos y diligencias que le
restan eficiencia al procedimiento de expulsión”, cuestionaron los diputados UDI, quienes
manifestaron que “más que advertir sobre la realidad que todos ya conocemos, la ministra
debió llegar con una solución para agilizar todas esas expulsiones”.
En esa línea, Trisotti y Fuenzalida advirtieron que “estamos más bien frente a un
problema de voluntad política que administrativo”, aludiendo a la decisión del Presidente
Boric y de los ministros Jackson y Vallejo de acudir -como diputados- al Tribunal
Constitucional para dejar sin efecto distintos artículos de la Ley de Migraciones que
precisamente permitían agilizar los procesos de expulsión.
“Si hoy tenemos procesos ‘muy engorrosos’, como lo reconoce la propia ministra Tohá, es
porque básicamente el Presidente Boric y parte importante de su gabinete, además de
parlamentarios del FA y el PC, se opusieron sistemáticamente a que las expulsiones
fueran más expeditas”, señalaron los parlamentarios gremialistas, quienes si bien
valoraron el avance del proyecto que permite notificar las expulsiones por medio de correo
electrónico, calificaron la medida como “insuficiente”.
