Una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) reveló que un 35,4% ha sido víctima de amenazas por su cargo o por alguna investigación que ha desarrollado. La tendencia de la criminalidad solo eleva los peligros del fenómeno.
Isabel Frías, Periodista UC
La llegada a la Fiscalía nacional por parte del abogado Ángel valencia ya está dando frutos y así se verificó durante esta jornada de viernes cuando el máximo persecutor penal anunció la creación de una Unidad Investigadora de amenazas contra fiscales y autoridades.
Desde el Ministerio Público se contextualizó señalando que, desde el 2014, la repartición ya había dado a conocer los primeros antecedentes con respecto a la seguridad y protección a los fiscales por amenazas durante las investigaciones penales, lo cual indujo en su momento a renuncias de profesionales en dicha entidad.
“Cuando los fiscales han sido amenazados, que han sido casos complejos, se activa un procedimiento en que participan las policías, un comité regional, el fiscal regional, la división de atención a víctimas y testigos de la Fiscalía Nacional y de la región. Eso se activa y en estos casos también. En el caso de los fiscales de La Araucanía se ha hecho una inversión. El año pasado fue de cerca de 80 millones de pesos en medidas de seguridad, cámaras de vigilancia, refuerzo del perímetro de las casas, chalecos antibalas para los procedimientos, cascos balísticos, inclusive tratamiento sicológico para apoyar a los fiscales que están en una situación de estrés”, explicó el entonces Fiscal Nacional Sabas Chahuán, tras una entrevista a CNN.
Ahora, sumado al ingreso al país de bandas del crimen organizado, el fenómeno ha tenido un efecto directo en el sistema de justicia, no solo por las dificultades que pudiera tener en las indagaciones estructurales de estas bandas, sino también por un incremento en las amenazas que pudieran recibir los fiscales en el ejercicio de sus funciones, según ha dado a conocer por los datos arrojados a través de una encuesta realizada por la Asociación de Fiscales.
Dicho instrumento, realizado en julio de 2022 por la entidad que agrupa a los fiscales, reveló que del 64% de los persecutores afiliados que contestaron la consulta, 445 fiscales de 710 asociados aproximadamente, en tanto un 35,4% ha sido víctima de amenazas por su cargo o por alguna investigación que ha desarrollado.
Se trata de 160 casos y de éstos un 74,83% se denunciaron los hechos al Ministerio Público (110), y en el 60,54% se inició una investigación penal (89), donde en un 49,44% se tuvo algún resultado durante la indagatoria.
Para Francisco Bravo, presidente de la ANF, la nueva criminalidad que se ha venido desarrollando en el país “sin duda que aumenta el riesgo para los fiscales y sus familias”, afirmó.
El 6 de julio de 2022 el directorio y los consejeros regionales de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público enviaron una carta al entonces fiscal nacional, Jorge Abbott y el tenor de la misiva se focalizaba en plantear la “preocupación con relación a los riesgos de seguridad en que estamos ejerciendo nuestras funciones”.
Bajo la consigna “no queremos mártires”, el texto da cuenta de las cifras que arrojó la consulta realizada por la ANF. Dichos datos “hacen que los y las fiscales de Chile nos mantengamos en estado de alerta. Información personal de fiscales en manos de imputados y familiares de estos, con la cual han proferido amenazas de agresión o muerte, tanto en audiencias como en la vía pública, o incluso proveniente desde el interior de los penales”.
Asimismo, la carta señala que “los seguimientos a fiscales también son una constante, sin mencionar la grave situación en que hoy se encuentran los investigadores en la zona Sur del país con hechos de violencia rural y el robo de madera, o la situación de quienes deben enfrentar los carteles de narcotráfico que están solapando la zona Norte del país, como es el caso de Alto Hospicio”, consignó Radio Biobio.
Es precisamente el Norte del país una de las zonas donde el crimen organizado ha permeado, situación que se ha traducido en un importante incremento en la tasa de homicidios y que ha llevado a las autoridades del Ministerio Público a elevar la seguridad: Solo en la región en Tarapacá, por ejemplo, se han asesinado a 11 personas en las pocas semanas que va corrido de enero del 2023.
El diputado independiente por Antofagasta, Jaime Araya, sostuvo que “la instalación de bandas internacionales de reconocida peligrosidad, han cambiado el panorama que existía hace algunos años. Los propios resultados de las investigaciones desarrolladas por distintos fiscales, le está pegando muy fuerte a estas trasnacionales del crimen y hace previsible que estén dispuestos a desarrollar todo tipo de acciones destinadas a lograr que la institucionalidad se inhiba en la persecución penal”.
Finalmente, agrega: “La compra de vehículos blindados por parte de la fiscalía de Arica y Parinacota, es un buen ejemplo de una medida de absoluta responsabilidad y criterio preventivo, que solo evidencia que esto es una amenaza real, que existe en todos los lugares donde se instalan bandas criminales internacionales, y frente a dicha amenaza lo razonable es tomar todas las medidas para impedir que cumplan sus designios”.
