La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que Perú incumplió su deber de investigar y juzgar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, pero evitó ordenar la vuelta a prisión del expresidente Alberto Fujimori, como lo pidieron familiares de las víctimas.

Según la sentencia, las partes involucradas en el caso deberán presentar, a más tardar el 29 de octubre de este año, información relativa al “indulto por razones humanitarias” que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski concedió a Fujimori el 24 de diciembre pasado.

El tribunal regional con sede en San José evitó así acoger el llamado de familiares de las víctimas de las matanzas para que Fujimori complete su sentencia de 25 años de prisión.

El indulto permitió a Fujimori recobrar su libertad después de 12 años preso como autor mediato de la muerte de 25 personas en dos operativos antisubversivos en 1991 y 1992 en Barrios Altos (Lima) y la universidad La Cantuta.

Familiares de las víctimas pidieron a la CIDH revertir el indulto a favor del expresidente, por considerar que se trató de un “pacto político”.

El caso despertó sospechas de componenda política porque, días antes, Kuczynski fue absuelto en el Congreso –gracias al voto de un grupo de fujimoristas– de un pedido de destitución por supuestos lazos con la constructora brasileña Odebrecht, en el marco del megaescándalo de corrupción de esta empresa brasileña.

El entonces presidente Kuczynski renunció a la presidencia en marzo pasado tras enfrentar un segundo pedido de destitución en el Congreso.

La CIDH acordó también “mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento” de otras medidas de reparación por las matanzas en Perú.

Entre ellas mencionó el deber de investigar los hechos para determinar a las personas responsables de las violaciones de Derechos Humanos cometidas, así como el pago de indemnizaciones adeudadas a familiares de algunas de las víctimas.