El Senador Jorge Soria solicitó al Senador Carlos Montes, Presidente de la Cámara Alta, para que a su nombre oficie a los Ministros de Educación y de Hacienda, “con la finalidad de consultar su opinión y disposición para solucionar el grave problema que aqueja a las trabajadoras que desempeñan funciones como manipuladoras de alimentos para las empresas concesionarias de la Junta de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), en las regiones extremas del país”.

En efecto, el parlamentario, al tomar conocimiento de la movilización de las manipuladoras, quienes demandan que se les considere con el pago del bono mensual asociado a mayor costo de vida, se aplique en derecho, en todas las zonas extremas y no solo en Magallanes.

Expresó el congresista que decidió actuar de inmediato, al tomar conocimiento del conflicto social que afecta a las trabajadoras manipuladoras de alimentos, para que prime la racionalidad y se tenga a la vista que la Constitución Política garantiza la no discriminación arbitraria.

EL OFICIO

En el Oficio, el Senador Soria  señala que las trabajadoras han sido afectadas por la aprobación en la Ley de Presupuesto Vigente, de una glosa, la N° 12, de la Partida 09, Capítulo 09, del Ministerio de Educación, que establece el pago de un bono mensual de 100 mil pesos, por mayor costo de vida, sólo para las trabajadoras que cumplen funciones exclusivamente en la Región de Magallanes, dejando fuera a sus pares de que cumplen idénticas funciones en las regiones de Tarapacá, Arica-Parinacota y Aysén, lo que es contrario al derecho a la no discriminación arbitraria, que consagra nuestra Constitución Política de la República”.

Solicita el parlamentario que se haga presente, mediante el Oficio que solicita que emita el Congreso, “que este parlamentario no niega la posibilidad de establecer bonos como el aprobado en la Ley de Presupuestos del año 2018 para los trabajadores que deben enfrentar el mayor costo de vida asociado a residir en una zona extrema, pero esto en ningún caso puede hacerse discriminando entre los trabajadores del país”.

Y añade que, más aún “donde existe una misma razón, debe tener una misma disposición y, en este caso, ese principio esencial de racionalidad jurídica y política se ha perdido y corresponde a las autoridades en ejercicio de sus cargos, solucionar esta situación de conflicto social que comienza a manifestarse en movilizaciones que amenazan con la continuidad misma del servicio de alimentación de los niños y jóvenes estudiantes más vulnerables del país”.