La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó el recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), de Tarapacá, en contra de las policías, en representación de ciudadano boliviano detenido por tráfico de estupefacientes.

En fallo unánime (causa 177-2017), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Pedro Güiza Gutiérrez y Rafael Corvalán Pazols, y el fiscal judicial Jorge Araya Leyton– rechazó la acción judicial que pretendía que se declarara ilegal la detención de Brayan Mariaca Choma, junto a terceros, por transportar de su cuerpo ovoides conteniendo supuestamente droga.

“Que de lo expuesto, cabe concluir que las dependencias donde actualmente se mantiene a las personas que son detenidas por las policías y llevadas al Hospital Regional de Iquique, para que evacúen cuerpos extraños que portan en sus organismos, no están diseñadas ni cuentan con las condiciones básicas, esenciales, elementales, ni dignas para mantener la privación de libertad en ese proceso físico y con la asistencia médica necesaria que un caso como ese requiere”, establece el fallo.

Resolución que agrega: “Ahora bien, lo anterior, como se dijo, no lleva a prestar acogida a la acción de amparo y que se declare ilegal la detención de los amparados, pero sí al ejercicio de las facultades conservadoras que la Constitución asigna a las Cortes de Apelaciones, en tanto garante de los derechos de las personas, lo cual permite a este tribunal emitir un pronunciamiento acerca de la cuestión que en definitiva subyace en la situación que se denuncia, como son las condiciones materiales y físicas en que cumple su ampliación de detención, cualquier imputado que es sorprendido con ovoides contenedores de drogas en el interior de su organismo, y que debe evacuarlos en un cierto lapso, como consecuencia de un proceso fisiológico, instruyendo las medidas del caso”.

“(…) se ordena al Servicio de Salud de Iquique y al Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames, adoptar las medidas que permitan otorgar a las personas que son detenidas por las policías y llevadas a dicho centro médico, para el proceso de evacuación de cuerpos extraños que portan en sus organismos, un trato digno y acorde a la calidad de ser humano que tienen, mientras permanecen en esas dependencias, en términos que pueda garantizarse buenas instalaciones para su detención, permitiendo la separación por sexo y edad, y asegurar buenas condiciones sanitarias, de higiene y camas, que eviten la situación que hoy existe, de modo que todo ese proceder se ajuste a lo señalado en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos, lo que deberán cumplir en un plazo de 15 días e informar a esta Corte las medidas adoptadas”, concluye.